Ximo Puig presiona a Teresa Ribera para que rectifique el Plan del Tajo tras el reproche del Consejo de Estado

El pulso entre el Ministerio de Transición Ecológica y los gobiernos de los territorios receptores del trasvase Tajo-Segura continúa a cuenta de los planes de cuenca que el departamento de Teresa Ribera quiere someter al Consejo de Ministros por la vía del real decreto. La Generalitat valenciana, que preside Ximo Puig, socialista como la ministra, confía en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez corrija parcialmente la nueva norma que regula los planes hidrológicos del Tajo y el Segura para incorporar las recomendaciones que ha realizado el Consejo de Estado a través del dictamen elaborado el pasado jueves a petición del Ministerio. En caso contrario, abrirá la "vía judicial" y acudirá a los tribunales, según avanzó la vicepresidenta y portavoz del Consell del Botànic, Aitana Mas (Compromís).

A cuatro meses para las elecciones autonómicas, la presión de los territorios crece para que el Gobierno modifique el Plan Hidrológico del Tajo, lo haga compatible con el del Segura y garantice el trasvase de agua. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró que el órgano consultivo ha recogido sus alegaciones y reclamó cambios al Ejecutivo. La Junta de Andalucía, antes de tener acceso al dictamen, también confiaba en que hubiera tenido en cuenta sus alegaciones y reclama a Moncloa que no se mantenga "sin hacer caso omiso de ellas" cuando lo lleve a Consejo de Ministros, según dijo la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

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El órgano consultivo ha dado luz verde a la remisión del real decreto al Consejo de Ministros, que podría aprobarlo el próximo martes, pero realiza consideraciones que cree que deberían tenerse en cuenta, como el establecimiento de "criterios técnicos" y "metodologías más detalladas" para la determinación de los caudales ecológicos del Tajo, además de pedir que se haga "compatible" su plan con el del Segura para garantizar la existencia del trasvase. Este asunto no es baladí, porque la forma de determinar esos caudales mínimos es justo el principal punto de fricción entre el Ministerio de Transición Ecológica y las autonomías receptoras del trasvase.

En el Consejo Nacional del Agua, órgano de discusión en el que están presentes instituciones, agentes económicos y organizaciones implicadas en la gestión de los recursos hídricos, se debatió una disposición transitoria al decreto ley para establecer un mecanismo de revisión del caudal ecológico del Tajo, que Teresa Ribera pretende elevar de forma progresiva hasta el año 2027. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía sostienen en sus alegaciones que el real decreto debería haber incorporado esa disposición y que así se acordó en la reunión del Consejo del Agua. Sin embargo, el texto no llegó tal como los receptores afirman que se había pactado. El Consejo de Estado no cuestiona que no hubiera discusión y considera "válidamente formulada" la opinión del órgano consultivo, pero reprocha que "el debate y la votación en el Consejo Nacional del Agua no se desarrollaron con la claridad y la transparencia con las que debieran haber transcurrido".

Opinión

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El Consell valenciano reclama al Ministerio de Transición Ecológica que atienda y tenga en cuenta las observaciones recogidas por el Consejo de Estado en su dictamen. En una reunión mantenida el viernes en el Palau entre el president Ximo Puig, y la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, se acordó solicitar al departamento de Ribera que tome en consideración el informe del órgano consultivo del Gobierno y en especial las consideraciones en torno al trasvase Tajo-Segura.

"El dictamen del Consejo de Estado pone de relieve, tal como indicó en sus alegaciones la Abogacía General de la Generalitat, que el proceso de elaboración del decreto ley sobre el plan hidrológico que afecta a la regulación del trasvase Tajo-Segura no se ha llevado a cabo con la claridad y transparencia deseables. Es por ello, que el gobierno valenciano insiste en que estas conclusiones deben llevar al Ministerio a hacer una profunda reflexión sobre un tema tan importante y sensible para la agricultura alicantina", señalan fuentes del Gobierno autonómico. "Desde el Consell siempre hemos estado y, por supuesto, seguimos estando abiertos al diálogo y la negociación. Mantenemos la mano tendida", indicaron abriendo la puerta a una negociación que por ahora no se está produciendo.

Los regantes que aprovechan el acueducto, agrupados en el sindicado Scrats, también interpretan que el Consejo de Estado avala sus posiciones y pide cambios en la propuesta de norma antes de pasar por el Consejo de Ministros.