La Junta también prepara su batalla legal si se recorta el agua del trasvase Tajo-Segura
Andalucía, Valencia y Murcia siguen pendientes de la decisión del Gobierno este martes tras el dictamen de Consejo de Estado que avala la medida pero critica su falta de criterios técnicos
Los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía estudian ya diversas alternativas legales por si el Consejo de Ministros aprueba este martes el Real Decreto que marcará el futuro inmediato de numerosas comarcas del levante español, ya que reduce el agua que se trasvasa desde el río Tajo hasta el Segura.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, avaló por unanimidad el pasado jueves la aprobación de los planes hidrológicos de 12 cuencas para los años 2023-27, entre los que se incluye el que ha levantado en armas a los agricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Sin embargo, en el caso de la reducción del trasvase Tajo-Segura, este mismo organismo critica en su dictamen la forma en la que el Consejo Nacional del Agua del pasado mes aprobó esa decisión, y le pide "más criterios técnicos y metodologías más detalladas", a la vez que critica la falta de transparencia y de coordinación con las comunidades autónomas afectadas.
El Consejo Nacional del Agua decidió elevar el denominado "caudal ecológico" que debe llevar el río Tajo, pasando de los actuales 6 metros cúbicos por segundo a 8,6, lo que obliga a una reducción del agua que trasvasa al río Segura. En el caso de Andalucía, esta reducción puede afectar a 25.000 hectáreas de cultivo, sobre todo en Almería, de las que dependen 15.000 puestos de trabajo directos. La consejera andaluza del ramo, Carmen Crespo, sigue pidiendo a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que escuche a las comunidades afectadas y recoja sus alegaciones antes de llevar al Consejo de Ministros esta medida que el Gobierno pretende aprobar como Real Decreto.
La representante del Ejecutivo de Juanma Moreno considera que el "cauce ecológico" fijado está basado en una decisión política y no técnica, por lo que espera que el Gobierno central de marcha atrás en una decisión que puede marcar el futuro de muchos territorios del Levante.
De hecho, la pasada semana, miles de agricultores de las zonas afectadas se desplazaron hasta Madrid para manifestarse para advertir de lo que supone este cambio e insisten en que mantendrán sus movilizaciones si la medida sigue adelante tal y como está. De hecho, algunas organizaciones de regantes están organizando nuevas concentraciones para este mismo martes.
Por ello, según han confirmado a El Confidencial desde la Consejería de Agricultura, Andalucía diseña ya, al igual que la Comunidad Valenciana, en manos del socialista Ximo Puig, y de la murciana, presidida por el popular Fernando López Miras, su posible recurso ante los tribunales, lo que judicializaría esta decisión política. La base del recurso sería precisamente la falta de metodología y criterios técnicos que apunta el Consejo de Estado para la aprobación de una medida con tanta repercusión como la reducción del agua que lleva el trasvase Tajo-Segura.
Los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía estudian ya diversas alternativas legales por si el Consejo de Ministros aprueba este martes el Real Decreto que marcará el futuro inmediato de numerosas comarcas del levante español, ya que reduce el agua que se trasvasa desde el río Tajo hasta el Segura.
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