Ximo Puig agita la guerra del agua y abre a Sánchez un nuevo frente con los barones socialistas

La nueva guerra del agua amenaza con recrudecerse. El compromiso del Gobierno de celebrar una comisión bilateral con la Comunidad Valenciana, para abordar con "transparencia y diálogo" la polémica por el trasvase del Tajo-Segura, no servirá para decretar una tregua con Ximo Puig. Fuentes de la Generalitat avanzan que seguirán adelante con sus alegaciones por la disminución de recursos hídricos para el campo alicantino y marcan como línea roja que "se mantenga el acuerdo de continuidad del trasvase que se aprobó en el Consejo del Agua", del pasado 29 de noviembre. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, niegan cambios por su parte en el decreto, como señala el presidente valenciano, vinculándolos en cualquier caso al procedimiento de información pública y de participación que en cada paso "incorpora correcciones, ajustes y mejoras". Eso sí, la vicepresidenta tercera advertía este miércoles de que los planes hídricos "deben ser compatibles con normativa de la UE y la disponibilidad de los recursos".

A poco más de cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez abre un nuevo frente con y entre los barones socialistas. A las críticas recientes por el coste electoral de no corregir la ley del solo sí es sí o reformar la malversación —abriendo la puerta a la rebaja de condenas a corruptos, como ha advertido el fiscal Anticorrupción—, se suma este conflicto, en el que el principal beneficiado es el castellano-manchego Emiliano García-Page, frente a las comunidades de Murcia y Valencia. El conflicto entre dirigentes por el trasvase ya se visibilizó en el último congreso del PSOE. Finalmente, se cerró en falso por las presiones de Page, quien no aceptó la inclusión de blindar el mantenimiento del trasvase en la ponencia marco. Ahora, ha celebrado los términos del decreto que deberá aprobar en las próximas semanas el Consejo de Ministros, una vez remitido el dictamen del Consejo de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Puig apela al Consejo de Estado en su guerra del agua: "Se debe reajustar y llegar a un equilibrio"

El Confidencial

La Generalitat está conteniendo el tono en público, rechazando entrar en una guerra del agua y abogando por una negociación que defienda los intereses de los regantes, pero en privado se afirma que la oferta de celebrar una comisión bilateral este mismo mes de enero "no zanja nada". Su pretensión no solo pasa por evitar la subida de precios en el agua desalada utilizada por los regantes, que supondría triplicar los precios actuales, sino por mantener los recursos hídricos del trasvase.

El foro ofertado este martes por Teresa Ribera se limitaría a negociar sobre las inversiones en infraestructuras incluidas en el decreto. "Para que haya un seguimiento exhaustivo y transparente", indican fuentes de este departamento. Una cuestión que está al margen de lo reclamado por la Generalitat valenciana. "Son cosas diferentes", concluyen estos últimos manteniendo las espadas en alto. El propio Puig manifestó su "rechazo frontal" a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada utilizada por los regantes.

El foro ofertado por Teresa Ribera se limitaría a negociar las inversiones en infraestructuras y no los recursos hídricos

La reedición del Govern del Botànic, que lidera el socialista Ximo Puig, pende de un hilo, según todas las encuestas, por las mínimas diferencias entre bloques. En este contexto, una revisión del trasvase que perjudique los intereses de los regantes de la huerta de Alicante, cuya diputación ya está en manos de los populares, no haría más que reducir las posibilidades de los socialistas de mantenerse en el Gobierno. Las comunidades elevan hasta 100.000 los empleos directos e indirectos generados por el sector agroalimentario. A todo ello se añade la amenaza de movilizaciones en plena precampaña, como las ya anunciadas en Murcia para este mes de enero.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana, Arcadi España, negaba este miércoles que la Generalitat buscase "votos con el agua", pero al mismo tiempo se posicionaba con contundencia del lado de los regantes para que "tengan el agua que necesitan". Lo hacía anteponiendo la negociación a las hipotéticas protestas contra la decisión del Ejecutivo, aun sin mencionarlas, porque "lo que trae agua es la negociación" y no "las guerras del agua".

TE PUEDE INTERESAR

La Generalitat rechaza una guerra del agua y aboga por negociar para defender los intereses de los regantes

EFE

Las disputas entre barones con diferentes intereses y la imposibilidad de aunar consensos ya llevaron al Gobierno a renunciar a la reforma del sistema de financiación autonómica en un estado avanzado de la legislatura. Con el trasvase del Tajo-Segura, en el que están implicadas tres comunidades autónomas —Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana—, se decidió seguir adelante pese al inevitable choque. El Gobierno todavía tiene margen para realizar ajustes en el decreto sobre las observaciones que se le remitan del Consejo de Estado y antes de enviarlo al Consejo de Ministros. Incluso podría retrasarse su aprobación hasta después de las elecciones del próximo mes de mayo. Sin embargo, esta posibilidad no está ahora mismo sobre la mesa.

Desmarque de los barones

Los frentes de Pedro Sánchez con los barones se han multiplicado en las últimas semanas. El Gobierno aragonés, presidido por el socialista Javier Lambán, cerró el año tildando de "chantaje" la obligación para las CCAA, recogida en el decreto anticrisis, de contribuir con una parte de sus recursos a la bonificación al transporte público para recibir los fondos del Estado. El Ejecutivo regional no había presupuestado los fondos para financiar los abonos y denunció la visión "centralista y distorsionada" del Gobierno.

El madrileño Juan Lobato arrancaba el año con una entrevista en Servimedia en la que apostaba por bajar el IRPF al 95% de los madrileños. El candidato de los socialistas madrileños chocaba así de plano con el argumentario fiscal del Gobierno, no solo por defender una rebaja de impuestos prácticamente generalizada, sino también por su propuesta de eximir del impuesto de sucesiones y patrimonio —que el Ejecutivo pretende armonizar— a “todo madrileño que tenga dinero en empresas que estén funcionando, en inmuebles que estén alquilados o en uso”.

TE PUEDE INTERESAR

Ribera no tendrá paz en Alicante y Murcia: el recorte del Tajo-Segura abre una nueva guerra

Ana Jover. Alicante

Al desmarque de barones críticos como Lambán y Page, con fuertes críticas a Sánchez por sus acuerdos con formaciones independentistas, para intentar minimizar el coste electoral de estas alianzas en sus territorios, se suma una huida más silenciosa del resto de barones que buscan diseñar una campaña autónoma y con las siglas en un papel secundario. De ahí que la planificación de actos de Ferraz con el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas se esté orientando más en lo municipal que en lo autonómico. Tampoco está habiendo fotos conjuntas de los barones respaldando a Sánchez en actos de partido.

Sánchez tiene una mayor dependencia en estos momentos de los barones que ellos de él. La próxima cita con las urnas son las autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuyos resultados determinarán las posibilidades del presidente de revalidarse al frente de la Moncloa, que se subordinan a conservar los gobiernos socialistas. Varios de ellos están cogidos con alfileres y la división a su izquierda no ayuda a aglutinar el voto progresista. Los barones socialistas no esperarán por Sánchez, como demuestra la inédita unanimidad en las críticas a la gestión de la ley del solo sí es sí o, incluso, a la reforma del delito de malversación.