La guerra del agua dispara la tensión entre los territorios y amenaza con llegar a los tribunales

La decisión que este martes tome el Consejo Nacional del Agua sobre disminuir o no el trasvase Tajo-Segura la seguirán de cerca muchas comunidades. Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha son algunas de ellas, aunque por razones bien distintas. “No hay aval técnico”, aseguró este lunes el presidente murciano, Fernando López Miras, para defender su rechazo a un posible recorte. Lo acompañó el líder de su partido (PP) en Valencia, Carlos Mazón, que suscribió las palabras pese a que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya se mostró conforme con el preacuerdo que alcanzó con el Ministerio de Transición Ecológica.

“Están trabajando permanentemente en la bronca y en la confrontación”, respondió Puig a las declaraciones de Miras y Mazón. “Nosotros estamos solucionando problemas y ellos los crean”, remató. Todo este conflicto se remonta a las condiciones que en 2013 avaló Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha. De ahí nació el memorándum que establecería por ley las directrices para el trasvase de agua entre comunidades. Fue un pacto con el Gobierno de Mariano Rajoy y otras regiones afectadas, entonces todas gobernadas por los populares. Pero ahora se tambalea tras varias sentencias judiciales y las promesas del actual Ejecutivo. Lo que ocurra finalmente abre las puertas a todo un terremoto político y judicial.

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La Región de Murcia ha liderado la batalla por frenar el recorte del trasvase. Y la tesis del Gobierno autonómico es clara. "Se están cargando una infraestructura que da empleo a miles de personas", sostienen fuentes de la Administración murciana, que cifra en 300.000 puestos de trabajo los que se mantienen gracias al modelo actual. Y lanzan toda una declaración de intenciones: "Vamos a defender el trasvase sí o sí". Dan por hecho que la resolución del Consejo Nacional del Agua será a favor del recorte, y que esto se debe a "razones partidistas" y compromisos internos del Gobierno central.

No es el único argumento que ponen sobre la mesa. Desde el Ejecutivo regional señalan que hay "millones" de árboles cuyo riego depende del agua que llega con el trasvase, así como el de un alto porcentaje de la fruta que se exporta, según sus datos internos. Su insistencia en mantener el modelo actual no tiene por qué perjudicar a otras comunidades, según defienden. "Nos tendrán de su lado si hay que buscar soluciones para mejorar las infraestructuras de otras regiones como Castilla-La Mancha", aseguraron. "Hay que modernizar los regadíos, y lo mismo que defendemos para nosotros lo pelearemos también para ellos". Pero los castellanomanchegos no lo tienen tan claro.

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Mientras que zonas como Murcia o Andalucía han reiterado en varias ocasiones su oposición al recorte, otras como Castilla-La Mancha lo defienden como algo necesario. La reunión del Consejo Nacional del Agua establecerá la línea del próximo plan hidrológico. Y llega tras el compromiso de la ministra Teresa Ribera de respetar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales mínimos ecológicos en el Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir: anula algunas de las directrices actuales. “Ha habido días de verano en los que el Tajo se podía cruzar andando. No era un río, era un arroyo”, advirtieron fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. De hecho, ya anunció que exigirá al Ejecutivo cumplir con el recorte en el trasvase.

Eso sí, reconocen que hacerlo sin perjudicar a Murcia o Valencia no es tarea fácil. Al menos, no si se hiciera de forma inminente. “Por eso queremos que el recorte sea progresivo”, concretó la Administración castellanomanchega, que propuso fijar 2026 como el plazo máximo para efectuarlo. Y consideró estar siendo “muy generosa” en sus postulados. “Estamos hablando de que ya hay sentencias del Tribunal Supremo que nos dan la razón. No es un capricho”, sentenciaron. “Las resoluciones judiciales son igual de importantes cuando se habla del independentismo catalán como con el trasvase de agua, ¿no?”, llegaron a cuestionar.

El canon por usar el agua

Este verano, el Consejo de Ministros dio los primeros pasos para recortar el trasvase. A través de un real decreto se fijaron nuevos umbrales en cuatro niveles distintos. Para las situaciones de “normalidad hídrica”, que se definen en el nivel 2, la cantidad máxima de agua que se podrá trasvasar al mes se reduce de 38 hectómetros cúbicos a 27. Por otro lado, el trasvase Tajo-Segura tiene un coste. Las directrices actuales establecen que las comunidades de regantes del Levante, cuando quieren utilizar los recursos almacenados en el pantano, deben pagarlos. Parte de ese dinero va a parar luego a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura como canon o compensación por la distribución, y que así puedan mejorar sus infraestructuras.

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Todo esto está a punto de cambiar si finalmente se aprueba el recorte del trasvase. El presidente de la Región de Murcia ha liderado en todo el periodo de negociaciones la oposición a los cambios, sosteniendo que el Gobierno toma una “decisión política” sin tener garantías de que un nuevo modelo vaya a “mejorar el estado medioambiental del Tajo”. En el aire está, además, la posibilidad de una alianza con Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía para convocar un foro por el agua si se confirman las nuevas directrices, según publicó Europa Press y luego confirmó este periódico. “Luego dirán que son la huerta más importante de Europa”, ironizaron sobre Murcia o Alicante desde el Gobierno de Castilla-La Mancha: “Claro, con recursos que no son suyos”.

En el Consejo Nacional del Agua, en el que participan representantes estatales, autonómicos, organizaciones sectoriales y ONG, se presentarán los planes hidrológicos de la cuenca para el siguiente lustro. El Ministerio de Transición Ecológica planteará una propuesta que remitir a Bruselas, y operará hasta 2027. El tope para enviar el documento definitivo a la Comisión Europea —una vez obtenga el informe (no vinculante) del órgano consultivo y pase por el Consejo de Ministros— será el 31 de diciembre. Y, nada más comenzar 2023, entrará en vigor. Las disputas abiertas sobre cuál ha de ser la propuesta final que presente España dejan entrever que el debate no ha acabado. Queda un mes para acabar el año.