El debate sobre el caudal ecológico del Tajo recrudece la ‘guerra del agua’

En plena situación de alerta por sequía, mientras varias comunidades mantienen activas o incluso amplían las restricciones de agua a la población, el Consejo Nacional del Agua se reúne este martes para decidir la aprobación de los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones hidrográficas, es decir sobre el reparto del agua en España.

El debate llega en un momento muy delicado, con los embalses a un tercio de su capacidad, los acuíferos al nivel más bajo de la última década y las previsiones de lluvia lejos de señalar las precipitaciones necesarias para alejarnos de la crisis.

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Debido a todo ello es de prever que los enfrentamientos entre territorios y con el gobierno central van a protagonizar una reunión que se prevé tensa y polémica, especialmente al abordar el plan que afecta a la cuenca del Tajo y que incluye la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de aumentar el caudal ecológico del río, lo que supondría un importante recorte al trasvase Tajo-Segura, aprobado en 1967 en circunstancias muy distintas a las actuales.

El agua de la naturaleza

El establecimiento del caudal ecológico de los ríos es el principal imperativo legal que dio origen a la Directiva Marco del Agua de la UE (Directiva 2000/60/CE), el documento base de la política comunitaria y del que deriva la legislación de cada estado miembro. Esta norma de obligado cumplimiento no solo reconoce la importancia del caudal ecológico sino que lo antepone a cualquier otro arbitrio al resaltar, en su primer artículo normativo, que “el objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, costeras y subterráneas que las prevenga de todo deterioro, así como proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos”.

Todos los informes sobre protección de la biodiversidad insisten en resaltar lo que se recoge en la directiva comunitaria al señalar que, mucho antes de planificar su gestión como recurso y determinar la cantidad que vamos a destinar a cada uso, ya sea industrial, agrícola o urbano, es necesario establecer el caudal ecológico de los ríos y el nivel de regeneración de los acuíferos: es decir, el agua que hay que dejar en la naturaleza para el sostenimiento de los ecosistemas y la propia conservación de la naturaleza.

Para adaptar nuestra legislación a la Directiva del Agua se modificó la Ley de Aguas mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Y es en atención a dicha ley, y a las últimas sentencias del propio Tribunal Supremo sobre el ajuste en el reparto de los caudales del trasvase Tajo-Segura, por lo que, tras atender a los informes de los expertos consultados a tal efecto, el MITECO ha decidido incrementar de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo el caudal mínimo del río Tajo en su tramo central, reduciendo el volumen del trasvase de sus aguas al Segura.

Debido a ello desde el gobierno murciano ya han anunciado que recurrirán a todas “las herramientas jurídicas y técnicas” a su alcance para evitar la aprobación de dicho aumento de caudal, aunque el Consejo Nacional del Agua así lo apruebe en su reunión de este martes. En opinión del consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, lo más necesario para mejorar la salud del Tajo “no es incrementar los caudales ecológicos, sino dejar de verter agua contaminada al río y empezar a invertir en depuración de aguas, sobre todo en los municipios de la cabecera". Y es que en opinión del gobierno murciano el mantenimiento de los caudales ecológicos debe hacerse compatible con el aprovechamiento socioeconómico del trasvase.

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Con todo, y para acabar de enrarecer el estado de crispación en el que tiene lugar el debate del Consejo Nacional del Agua, desde el Ministerio se apuntaba recientemente la posibilidad de dejar a un lado el aumento del caudal ecológico a partir del año 2026 si el río cumple con los requisitos medioambientales para entonces, algo que ponía de nuevo en alerta al gobierno de Castila-La Mancha y la organizaciones ecologistas que velan por la salud del Tajo y su naturaleza.