El trasvase Tajo-Segura rompe la unidad de voto del PP en el Congreso

La tramitación en el Congreso de la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha propinó ayer un nuevo golpe a la unidad de voto del PP. Dos diputados populares por Murcia, Arsenio Pacheco y Alberto Garre, rompieron la disciplina de su grupo y votaron en contra de la toma en consideración del nuevo Estatuto castellanomanchego, que incluye la eliminación del trasvase Tajo-Segura en los próximos años.

 

El texto, pactado en Castilla La Mancha por PSOE y PP, ha vuelto a poner de manifiesto la división regional que sufren ambos partidos, escenificada en la batalla por el control del agua en cada autonomía. Socialistas y populares de Murcia y de la Comunidad Valenciana han expresado públicamente su rechazo al artículo de este Estatuto, aunque solo Pacheco y Garre se han atrevido a votar en contra desde un primer momento. Ambos parlamentarios justificaron su conducta apelando a una cuestión de “conciencia” y “coherencia”.

 

El diputado del PP, Arturo García-Tizón, que se encargó ayer de defender la postura de su grupo ante el pleno, afirmó a este diario que “no había razones para votar en contra” de la tramitación del texto, y que se aplicarán las “medidas correctoras correspondientes” a los diputados díscolos. García-Tizón aseguró que los parlamentarios deben representar los intereses generales y no los particulares de cada provincia, y advirtió que no habrá diputados de primera y de segunda, acerca de la presión que puedan ejercer a la dirección nacional tanto los parlamentarios manchegos, como los murcianos o valencianos. Esta indisciplina se suma al conflicto abierto con UPN, que anunció que se abstendrá en la votación de los Presupuestos Generales, en contra de la decisión de la dirección del Partido Popular. Una decisión que ha situado al borde de la quiebra el pacto entre ambas formaciones.

 

Las diferencias regionales que padecen PSOE y PP hizo que los discursos de la vicepresidenta Fernández de la Vega y del portavoz socialista, José Antonio Alonso, estuvieran más en sintonía con el de García-Tizón que con el de José María Barreda, presidente socialista de Castilla La Mancha. Barreda afirmó que si el Estatuto sale devaluado o “modificado sustancialmente” del Congreso pedirá a las Cortes de Castilla La Mancha su retirada para “seguir luchando”.  La contundencia de Barreda contrastó con el tono de De la Vega, Alonso y García-Tizón, quienes recordaron que las Cortes deben modificar aquellos artículos que atenten contra la Constitución o los intereses generales del Estado. No obstante, ninguno de ellos se atrevió a emitir una valoración concreta sobre el punto que prevé el fin del trasvase Tajo-Segura. El momento más agrio del debate lo protagonizó el enfrentamiento entre Barreda y García-Tizón. El diputado popular acusó al presidente castellanomanchego de utilizar “un tono provocador, inusual e impropio”.

 

En cuanto al difícil papel de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de su partido de Castilla La Mancha, que respaldó el Estatuto, García-Tizón insistió en que “no existe contradicción” en su posición, ya que entra dentro de la normalidad que el Congreso modifique la propuesta presentada por una comunidad autónoma. La propia Cospedal manifestó a los periodistas en el Congreso que era “un gran día para Castilla La Mancha”.

 

Malestar en las filas del PSOE

 

Por su parte, el PSOE también tiene que afrontar el malestar de los diputados valencianos y murcianos ante la aprobación de este texto estatutario. La Comisión Ejecutiva de los socialistas valencianos exigió ayer al Gobierno que garantice la “continuidad del trasvase Tajo-Segura”. Su secretario general, Jorge Alarte, aseguró que el Estatuto “lesiona los intereses de la Comunidad Valenciana”, y anunció que se opondrá a su aprobación con todos los medios a su alcance. Además, según informó Europa Press, los diputados valencianos y murcianos del PSOE   forzaron una reunión con el secretario del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, para trasladarle su enfado por el discurso de Barreda, que consideraron “subido de tono” y “poco conciliador”.