Estas son las CCAA que aplicarán la ayuda al transporte pese al "chantaje" que denuncia Aragón

El Gobierno ha trasladado toda la presión a las CCAA y los ayuntamientos para que, en año electoral, sean ellos los que determinen si sus ciudadanos podrán seguir disfrutando de una bonificación del 50% en el transporte público interurbano durante el primer semestre de 2023. La mayoría de los territorios lo harán a pesar de la crítica del Ejecutivo aragonés de Javier Lambán, que habla de "chantaje" por obligar a las regiones a poner parte de la bonificación para recibir los fondos del Estado. La Comunidad Valenciana, que hasta ahora no sumaba el 20% que solicita ahora el Gobierno, se sumará para poder mantener la bonificación de los viajes en 2023. También lo harán Navarra, Galicia, Murcia, La Rioja y Euskadi. Andalucía, que tampoco aportaba su 20%, tiene que estudiarlo, al igual que Castilla-La Mancha y Cantabria.

Tras aprobar en el Consejo de Ministros el último paquete de medidas anticrisis, Pedro Sánchez anunció que el Ministerio de Transportes descontará el 30% del precio del servicio solo para aquellas comunidades que se comprometan a ampliar la bonificación un 20%. Una condición sine qua non que ha suscitado un profundo malestar en el Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, que lo considera un "chantaje" y un contratiempo porque no han presupuestado fondos para financiar los abonos. Otras regiones como Madrid esperarán a leer la "letra pequeña" del decreto de la Moncloa para decidir si mantienen o no la bonificación, ya que temen condicionantes extra. En el PSOE, sin embargo, dan por hecho que las CCAA acabarán sumándose, precisamente por la cercanía de las elecciones de mayo.

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El Gobierno de Ximo Puig vira tras el anuncio de Sánchez después de no aplicar a rajatabla la bonificación en 2022. Hasta ahora, añadía descuentos propios, pero nunca llegó al 50% más allá de la gratuidad para menores de 30 años. Con el nuevo año, la Generalitat Valenciana complementará con su 20% el 30% financiado por el Estado del descuento en el transporte público urbano hasta alcanzar un 50% de gratuidad en las tarifas de todos los abonos y títulos multiviaje del transporte público autonómico durante el primer semestre de 2023.

La aplicación de las nuevas tarifas se producirá tras su aprobación en los correspondientes consejos de administración de las entidades competentes y después de que se hagan las adaptaciones correspondientes en las infraestructuras logísticas y tecnológicas. “Esta medida sigue la línea de fomento de la movilidad sostenible y el transporte público de la Generalitat y del Gobierno de España, y se suma a otras medidas ya vigentes, como la prórroga del transporte público gratis para menores de 30 años hasta el 31 de julio o, en el caso del Gobierno de España, la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, Rodalies y media distancia durante el 2023”, señalaron fuentes de la Conselleria de Política Territorial y Movilidad valenciana.

Andalucía y Valencia no aplicaron el 20% adicional, pero Puig ha anunciado que se sumará en 2023 y Moreno aún no ha tomado una decisión

La socialista Concha Andreu también mantendrá la aportación de su 20%, así como otras reducciones en líneas interurbanas y rurales para apoyar a los usuarios de transporte público, igual que el Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu, que pretende aplicar su parte durante el primer semestre de 2023. El Ejecutivo navarro ha anunciado este martes que también aportará su 20% durante todo 2023 en los bonos multiviaje. Pero no solo gobiernos con presencia socialista se suman a esta posibilidad, ya que la Región de Murcia y Galicia, ambas dirigidas por el PP, lo harán. El Ejecutivo de Alfonso Rueda ya lo aprobó la pasada semana, antes de conocer la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En Cataluña harán lo mismo, aunque en este caso depende de las autoridades de transporte provinciales. La de Barcelona ya lo aprobó el pasado 19 de diciembre y las de Girona, Tarragona y Lleida mostraron su intención de hacerlo, aunque desde el Govern de Pere Aragonès se quejan de la falta de información que llega desde la Moncloa antes de tomar estas decisiones. Fuentes del Ejecutivo que encabeza ERC recuerdan, además, que este tipo de ayudas las adelanta la Administración autonómica y que el Ministerio de Transportes solo les ha pagado, hasta ahora, "una parte de septiembre y octubre".

La mayoría de regiones aplicará el descuento, pero se queja por la falta de información que llega desde el Gobierno

Andalucía, que todavía no ha tomado una decisión al respecto, coincide con Cataluña en su queja por la falta de información y con el retraso en el pago, ya que todavía debe recibir 13,5 millones de euros tras sumarse a la bonificación del 30% el pasado septiembre. Lo que nunca hizo el Gobierno de Juanma Moreno fue sumar el 20% adicional que proponía el Ministerio de Transportes, tal y como le reclamaba el PSOE andaluz. La Consejería de Fomento que dirige Marifrán Carazo aplica desde el 1 de enero un bono joven con descuentos a los menores de 30 años, pero no sumó otros descuentos. Junto con Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria aseguran que esperarán a estudiar el decreto una vez que se publique en el BOE para tomar un a decisión.

Las comunidades llevaban meses reclamando al Ejecutivo que aclarara si prorrogaría las ayudas al transporte como medida para hacer frente a los estragos de la inflación que ha provocado la guerra de Rusia en Ucrania y la crisis energética. Los ayuntamientos, coaligados en la FEMP, pidieron sin éxito un fondo energético para tapar su agujero, agravado. Denuncian que no se haya convocado una sectorial con la ministra para poner en común los planes y lamentan que caiga el anuncio de sopetón, cuando la mayoría ha cerrado ya sus cuentas para 2023, por lo que ahora es más complicado recoger esta nueva obligación. Aquellas que no sumen el 20% de la bonificación no podrán disfrutar del 30% que ofrece la Moncloa.

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El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro, denuncia "el fondo y las formas, la improvisación con la que se trabaja, ya que comunican esta decisión el 27 de diciembre, a escasos días de terminar con el descuento vigente". Y critica la visión "centralista y distorsionada" del Gobierno. "Generan una situación de incertidumbre total y nos ponen en una situación complicada, nos obligan a tomar decisiones de manera apresurada y sin tener en cuenta la realidad del servicio de transporte y las necesidades de cada comunidad autónoma (...). Es un agravio comparativo sin precedentes, asumen el 100% del transporte por ferrocarril y cercanías en las grandes ciudades, asumen el 100% del coste en las líneas entre varias CCAA y destinan tan solo un 30% al transporte que sirve para acceder de manera cotidiana a los servicios públicos entre municipios", ha subrayado Soro, que es consejero del cuatripartito de Lambán por la Chunta Aragonesista (Cha).

El Gobierno confía en su medida

A pesar de la crítica del Ejecutivo de Lambán, en el Gobierno confían en que todas las comunidades autónomas mantengan las ayudas al vincular la subvención del Estado al transporte a que se complementen. No solo las regidas por el PSOE, en las que también se da por hecho en Ferraz, sino también las gobernadas por el PP. Como ejemplo ponen que el Gobierno regional de Madrid se resistió en un primer momento a subvencionar su parte cuando se implantaron estos descuentos el pasado mes de julio, pero finalmente accedió a hacerlo.

El Estado destinará 380 millones de euros para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de forma que las comunidades autónomas y entidades locales deberán financiar, con cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante “para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre”. Desde el Ministerio de Transportes avanzan que la regulación recoge mecanismos de flexibilidad “para la aplicación de la medida durante el mes de enero, como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2023, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción”.

Las ayudas se asignarán a las comunidades autónomas y entidades locales con arreglo a los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinarán por orden ministerial del departamento de Transportes que dirige Raquel Sánchez. De ahí que desde el ministerio estén a la espera de que las comunidades les comuniquen sus intenciones para definir las condiciones finales de estas ayudas en la referida orden ministerial.

El decreto recogerá dos particularidades para los casos de Canarias y Baleares. En ambos casos, el transporte público será gratuito para los viajeros habituales en 2023. En concreto, se regula la capacidad de Canarias y Baleares para establecer las condiciones de recurrencia para la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje que estimen necesarias, como las condiciones de venta y utilización, vigencia y caducidad de los títulos de viaje o limitaciones en el número de títulos con descuento.