Las medidas para rebajar la cesta de la compra se topan con vetos cruzados entre ministerios

Los ministerios implicados en desarrollar las medidas para rebajar el precio de la cesta de la compra siguen intercambiando documentos, pero sin llegar hasta ahora a un punto de encuentro. Las diferencias no se manifiestan solo entre los socios de coalición, sino también entre las carteras socialistas de Agricultura y las de Economía y Hacienda. Sobre la mesa, hay propuestas con vetos cruzados, que van desde rebajar el IVA a los alimentos básicos a buscar acuerdos con grandes superficies, crear una tasa sobre los beneficios de las distribuidoras o implantar un cheque de alimentación para familias.

El denominado cheque familias o cheque alimentario es la propuesta que menos resistencias cruzadas ofrece. Se trataría de ampliar el cheque de 200 euros ya incluido en el actual decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, que se prorrogará a finales de año con nuevas medidas como el abaratamiento de la cesta de la compra, para que llegue a más familias y aumente su cuantía.

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Desde Podemos, han cifrado este cheque en una horquilla que va de los 300 a los 500 euros y que proponen extender hasta siete millones de hogares (aquellos que no superen los 42.000 euros de renta anual). No sería finalista para facilitar técnicamente esta ayuda, aunque se justifica como una compensación por la subida de precios. Pese a la moderación de la inflación hasta situarse en el 6,8% el pasado mes de noviembre, la cesta de la compra sigue con un incremento de precios disparado, superior al 15% interanual.

Los ministerios económicos, que dirigen Nadia Calviño y María Jesús Montero, no son nada proclives a rebajar el IVA de los alimentos básicos del 10% al tipo superreducido del 4%, como se ha sugerido desde Agricultura. El titular de este departamento, Luis Planas, ha puesto como ejemplo la bajada selectiva efectuada por el Gobierno de Luxemburgo. Desde la vicepresidencia económica y Hacienda, en cambio, entienden que no hay demasiado margen de actuación al tener un IVA ya rebajado y se inclinan por otro tipo de medidas orientadas a incrementar la renta de los hogares para hacer frente a la subida de precios en la alimentación.

Luis Planas pone como ejemplo el modelo de Luxemburgo, con bajadas selectivas del IVA

La parte socialista del Ejecutivo sí coincide en descartar que se cree una tasa sobre los beneficios de las distribuidoras de alimentación, como se ha pedido desde Derechos Sociales. Una propuesta que desde vicepresidencia segunda tampoco se ha contemplado. De hecho, dentro de Unidas Podemos, la vicepresidencia segunda ha lanzado sus propias propuestas, con una negociación encabezada principalmente por Josep Vendrell y Manuel Lago, jefe de gabinete y asesor económico de Yolanda Díaz, respectivamente, mientras que el departamento de Ione Belarra ha lanzado las suyas propias con una negociación paralela. Un síntoma más de que, ante la división dentro del seno del socio minoritario, el funcionamiento de la coalición se asemeja más al de un tripartito.

Desde el Gobierno, se muestran satisfechos con los efectos en los precios de la energía de medidas como la denominada solución ibérica y la bajada del IVA en el gas y la electricidad. Una contención de precios que ahora han logrado complementar con un acuerdo en Bruselas para topar el gas. De ahí que ahora, para seguir luchando contra la inflación, se ponga la alimentación en el punto de mira, al tratarse del nuevo gran motor del IPC.

Otras medidas del decreto

La moderación de los precios del petróleo también ha llevado al Gobierno a inclinarse por retirar la bonificación de 20 céntimos del litro de gasolina. Si el precio del barril se sigue corrigiendo y las previsiones se mantienen, la idea es poder levantar esta medida con un coste de 6.000 millones de euros y con un carácter regresivo. El socio minoritario del Ejecutivo ya mostró reticencias con el modelo de bonificación a los combustibles por su carácter generalista, sin diferenciar rentas ni sectores. Con todo, desde Hacienda remarcan las dificultades técnicas de sectorializar estas ayudas.

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El nuevo paquete anticrisis contará, por tanto, con medidas nuevas y la revisión de otras ya en vigor, como ya confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus objetivos volverán a ser aumentar la protección de la clase media y trabajadora por las consecuencias económicas de la guerra, las familias vulnerables y seguir conteniendo la inflación. Según fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, se incluirán medidas que estarán en vigor hasta el mes de junio y otras que se extenderán hasta finales del próximo año.

Entre las que se mantendrán, destaca la gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y media distancia. En los presupuestos de 2023, se ha incluido una partida de 700 millones de euros en esta línea. A partir de enero, serán igualmente gratuitos los abonos para los autobuses de larga distancia que forman parte de la red de concesiones del Estado. Asimismo, se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2023 el tope del 2% a la subida del precio de los alquileres y el incremento del 15% para las pensiones no contributivas, que perciben cerca de 400.000 personas.