Moncloa negocia limitar la ayuda a la gasolina y un escudo social a dos velocidades para 2023

El Gobierno prepara un decreto anticrisis para llevar al Consejo de Ministros antes de finalizar el año con dos paquetes de medidas diferenciadas tanto en su duración como en su alcance, apostando por limitar ayudas como la bonificación de 20 céntimos del litro de gasolina. Según fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se incluirán medidas que estarán en vigor hasta el mes de junio y otras que se extenderán hasta finales del próximo año. No se tratará, por tanto, de una simple prórroga del plan anticrisis actual, pues según estas mismas fuentes se estudia modificar algunas de las medidas de carácter universal para hacerlas más sectoriales e incluir otras nuevas orientadas a incrementar la protección social de los más vulnerables. Unas intenciones que chocan con el argumentario del Gobierno, con el mensaje constante de "proteger las rentas de los trabajadores y de clase media", más que ceñirse solo en los más vulnerables.

Las negociaciones se están produciendo a varias bandas. Dentro del Gobierno, con el socio minoritario, que empuja por cuestiones relacionadas con las hipotecas, alquileres o la cesta de compra, con los grupos parlamentarios del Congreso y con las comunidades autónomas. Con estas últimas, las principales tiranteces tienen que ver con las bonificaciones al transporte público. Desde los ministerios de Hacienda y Transporte, se presiona para que las mantengan, independientemente de la parte subvencionada por el Estado. Algunas administraciones, como la madrileña, ya han avanzado que retirarán estas ayudas, mientras que otras como la vasca las supeditan a que el Gobierno mantenga también las suyas. Este es el principal foco de la negociación con el PNV.

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A falta de que se aprueben los presupuestos del próximo año en varias CCAA, el Gobierno remarca su intención de que el esfuerzo sea compartido y estas rebajas del precio en el transporte queden reflejadas en las cuentas autonómicas para cofinanciarlas. La Generalitat ya las ha comprometido para todo el próximo año, manteniendo el descuento del 20% y la gratuidad para los menores de 16 años.

Entre las medidas de carácter anual se incluirían las ayudas al transporte, aunque las negociaciones tanto con los grupos como con las CCAA todavía están verdes, según advierten los nacionalistas vascos, por las resistencias de Hacienda. En la próxima sesión de control al Gobierno interpelarán a María Jesús Montero sobre esta cuestión para que se comprometa a mantener los descuentos. Y como suelen trasladar desde el PNV, cuando visibilizan un asunto en el debate parlamentario es porque no ha habido avances en las negociaciones fuera de foco.

En los presupuestos de 2023, sin embargo, sí se ha incluido una partida de 700 millones de euros para mantener la gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y media distancia. A partir de enero, serán igualmente gratuitos los abonos para los autobuses de larga distancia que forman parte de la red de concesiones del Estado, según el acuerdo cerrado con el PDeCAT.

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Las medidas que con total seguridad se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2023 son las que ya han sido negociadas con EH Bildu. Los abertzales han arrancado al Gobierno el compromiso de mantener durante este periodo el tope del 2% a la subida del precio de los alquileres y el incremento del 15% para las pensiones no contributivas, que perciben cerca de 400.000 personas.

Desde Unidas Podemos, cuyas negociaciones están liderando Josep Vendrell, jefe de gabinete de Yolanda Díaz, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, apuestan por que se extiendan durante 2023 el mayor número posible de medidas, en lugar de acotarlas a seis meses. En lo referente a los alquileres, buscan ir más allá de lo negociado por EH Bildu, apostando por congelar las subidas —algo que negocian de forma paralela en el marco de la ley de vivienda— y prorrogar los contratos que vayan a finalizar para evitar incrementos. Las negociaciones entre los socios de la coalición, según trasladan fuentes directas de las conversaciones, todavía son incipientes y la mayoría de carpetas están abiertas.

El socio minoritario del Ejecutivo ya mostró reticencias con el modelo de bonificación a los combustibles por su carácter generalista, sin diferenciar rentas ni sectores. Ahora, proponen que estas ayudas discriminen la capacidad adquisitiva y se mantengan sobre profesionales, siempre manteniendo los descuentos al transporte público, al considerarlos más inclusivos. Por otro lado, se busca extender las ayudas a vulnerables. El actual decreto para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania incluye un cheque de 200 euros para hogares con un umbral de ingresos por debajo de los 14.000 euros (no compatible con el ingreso mínimo vital), además de las ayudas directas a diferentes sectores.

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Los ministerios económicos son los más partidarios de que las medidas del decreto sean más selectivas para enfocarlas a los sectores vulnerables, en línea con lo que reclaman organismos económicos independientes y la propia UE. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya reclamó durante su intervención en la Comisión de Presupuestos limitar las medidas generalistas, alertando sobre los efectos en el déficit de convertir el incremento del gasto público en estructural.

María Jesús Montero ya avanzó durante el debate de presupuestos que el Gobierno revisará las medidas del escudo social a finales de año con el objetivo de prorrogar las medidas "más eficaces y las que van dirigidas a los colectivos más vulnerables". Con todo, el proyecto presupuestario para el próximo año contempla el escenario de mantener el gasto actual gracias al aumento de los ingresos previsto si persiste la elevada inflación —en este ejercicio, el conjunto de medidas anticrisis supone una movilización de hasta 35.000 millones—.

A las titulares de Hacienda y Economía se ha sumado también la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, apostando por focalizar las ayudas a los sectores más castigados por la crisis. En esta línea ya se desarrolló el decreto energético, con el que se creó una nueva categoría de consumidores vulnerables con derecho a un descuento del 40% en sus facturas. Por otro lado, se reforzaron el bono social eléctrico y el térmico, aumentando los descuentos. Las ayudas a las familias con caldera centralizada a través de una factura regulada sí tienen un carácter más general.