La cesta de la compra estalla en las manos de Díaz y une al sector de la distribución

El plan de la cesta de la compra a precios cerrados ha estallado en las propias manos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, los impulsores de la propuesta, que no han logrado convencer a ningún actor relevante en la negociación, ni en el Gobierno ni en los distribuidores, ni grandes ni pequeños. La vicepresidenta y ministra de Trabajo quiso relanzar su proyecto electoral Sumar apostando fuerte por poner coto al precio de la lista básica de la compra. Pero lo que empezó siendo una carrera de Yolanda Díaz contra todos, ha devenido en un todos contra Yolanda Díaz.

A la oposición frontal de la CNMC y del Ministerio de Economía, junto a la del pequeño comercio, al escepticismo académico e incluso a la tibieza de la acogida en el seno de Unidas Podemos, se unió ayer la carga de profundidad de las tres grandes patronales de la distribución en España.

La lanzaron nada más reunirse con Díaz y Garzón mediante un comunicado demoledor, firmado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a las cadenas de grandes superficies españolas; la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), patronal específica del sector de distribución alimentaria, y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), que aúna concretamente los intereses de los cuatro grandes: Grupo Carrefour, Grupo Auchan (Alcampo), El Corte Inglés y Grupo Eroski.

“Las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados”, aseguraba la nota. Una contundencia que contrasta con la versión del encuentro que describió Díaz en su rueda de prensa posterior.

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En ella, la vicepresidenta segunda se mostró muy optimista por el “espíritu constructivo” de las empresas de distribución y aseguró que se habían mostrado abiertas a estudiar la propuesta.

Esta definición casa difícilmente con el punto de vista de las tres patronales, que emitieron un comunicado de tres páginas para describir todo lo que no tiene sentido del plan de Díaz y Garzón.

En primer lugar, aseguran que parte de un diagnóstico erróneo, ya que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino y se basa en los datos de una organización de productores que es parte interesada. Anged, Asedas y ACES contraponen los datos del Ministerio de Agricultura que, aseguran, ofrecen una imagen muy distinta.

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“La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos, como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas”, afirma la nota.

En segundo lugar, afirman que el acuerdo propuesto ignora la escasa concentración del negocio de la distribución alimentaria en España y lo califican de ineficaz, porque el pacto de precios que requiere Díaz necesitaría de la participación de centenares de empresas, sin entrar en las dudas de su encaje legal en la normativa de defensa de la competencia.

Por último, mencionan la fallida experiencia histórica de medidas similares en otros países. Concretamente, la que hizo el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010, que, aseguran las patronales, provocó caídas del consumo y una “bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas”.

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Díaz acumula críticas de sus compañeros del Gobierno, que le reprochan que haya invadido competencias del ministro Luis Planas, titular de Agricultura, y no terminan de ver clara la medida. También el PSOE y hasta Podemos han expresado sus dudas sobre el impacto real de pactar los precios de las grandes superficies. El portavoz de su grupo parlamentario, Pablo Echenique, le recordó que perjudicará a los minoristas que no gozan del músculo financiero necesario. Podemos insistió ayer en que la solución pasa por gravar con un impuesto especial a los supermercados para financiar cheques de compra a las rentas bajas.

Desde el equipo de Díaz, insisten en que cuenta con la encomienda del presidente, Pedro Sánchez, para intentar limitar los efectos de la inflación entre los trabajadores y familias, por más que su entrada en los supermercados desborde el marco de competencia de la ministra de Trabajo.