Díaz apuesta por un tope a productos básicos y Moncloa replica que está en "un mercado libre"

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado este lunes que tiene previsto reunirse, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las asociaciones de consumidores y la gran distribución, con el objetivo de que alcancen un acuerdo entre ellos para fijar una cesta de la compra "básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia". La reacción por parte del ala socialista del Ejecutivo no se ha hecho esperar y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha replicado que "estamos en un mercado libre" y que las medidas del Gobierno "van en otra dirección".

Se trataría, según la vicepresidenta segunda, de fijar una serie de productos —entre 20 o 30— que se garanticen a la ciudadanía. "No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia", ha explicado Díaz en declaraciones a los medios a su llegada al acto de bienvenida que ofrece el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo de su toma de posesión. "Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía", ha explicado la vicepresidenta.

Según la vicepresidenta, la alimentación está siendo un enorme problema para el país hoy y no solo para la ciudadanía, sino también para los pequeños y medianos productores en nuestro país. Además, ha alertado de que los ciudadanos no solo están perdiendo poder adquisitivo, sino que también están sufriendo dificultades para mantener una alimentación sana.

Díaz ha recordado que ya se ha planteado un precio máximo a la bombona de butano porque se entendió que era un momento absolutamente excepcional. "Estamos en guerra, estamos por desgracia en una crisis y tenemos una inflación del 10,4%", ha argumentado la ministra de Trabajo.

Podemos considera "sensata" la propuesta de la vicepresidenta segunda, pero también duda de la voluntad de las empresas para sellar ese acuerdo. De esta forma, ha defiende que lo "más adecuado" en esta parcela es que el Gobierno despliegue un impuesto extraordinario a las grandes empresas de alimentación, que a su vez sufrague un cheque ayuda a las familias para compensar el aumento de precios en la cesta de la compra.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, tras conocer el planteamiento de Díaz esta mañana durante una entrevista a 'elDiario.es' y, posteriormente, en declaraciones en rueda de prensa.

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En este sentido, ha señalado que el planteamiento de la vicepresidenta segunda y de la formación morada con ese impuesto extraordinario, que ya propusieron en el debate sobre el estado de la nación, son "similares", pues persiguen poner todo el esfuerzo en ayudar a las familias en un contexto de crisis económica por el alza de precios.

De esta forma, ha recalcado que en el inicio del curso político trabajan para conseguir "algo similar" en la alimentación al tope del gas, pero ha remarcado que ve "complicado" y "complejo" que las grandes cadenas de supermercados accedan a ese acuerdo. Por tanto, ha opinado que el Gobierno debe seguir marcando las prioridades y demostrar, mediante la acción ejecutiva, que ahora es el momento de que las empresas "arrimen el hombro". Y en este punto aprecia más adecuado desplegar ese nuevo tributo.

El grupo confederal en el Congreso ya planteó una resolución en el debate sobre la nación, que fue rechazada, endurecer 10 puntos el impuesto sobre sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias.

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Por su parte, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha manifestado que su formación está "completamente de acuerdo" con el planteamiento de Díaz, dado que los precios contrastan con los beneficios de las empresas que controlan de forma oligopólica el mercado.

En consecuencia, ha defendido que los poderes públicos deben velar por el "interés general" de las familias con los instrumentos que tengan a su alcance y, de esta forma, apoya y da la bienvenida a medidas que supongan control de precios.

Planas descarta un impuesto a la distribución

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista a Europa Press, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible", al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco "deseable".

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Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de Gobierno Unidas Podemos, Planas afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético "están llenos de lógica", si bien no es el caso de la distribución.

"No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", señaló el ministro de Agricultura.