Yolanda Díaz aprovecha el giro de Sánchez y exige ahora legislar con la cesta de la compra

Yolanda Díaz detectó hace tres meses que frenar la subida de los precios de la cesta de la compra tenía que ser uno de sus caballos de batalla. Después de proponer un acuerdo con el sector de la distribución, que fue acogido con frialdad por sus compañeros de Consejo de Ministros, y hasta con hostilidad por parte de algunos miembros del Gabinete, la vicepresidenta segunda aprovecha ahora la predisposición del presidente, Pedro Sánchez, y ya no solo reclama un acuerdo con las grandes distribuidoras, rechazado en su día por los grandes supermercados.

Ahora, Díaz exige legislar, actuar sobre los beneficios empresariales: "Hay que actuar en la cesta de la compra y hay que actuar también en las hipotecas (...). Hay empresas que se están beneficiando de la crisis y, por tanto, pedimos que se actúe sobre las mismas", afirmó el miércoles. Díaz ha pasado así de abogar por un pacto con las distribuidoras —de momento sin avances, a pesar de sus intentos— a enarbolar el informe del Banco de España que justifica, a su entender, la necesidad de aprobar medidas desde el Gobierno. El informe "muestra una traslación directísima de los beneficios empresariales a las grandes distribuidoras de la alimentación, lo que explica que tengamos una subida del IPC en esta materia del 15,4%", sostiene.

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En su equipo, explican este giro recordando que, en septiembre, cuando propuso este acuerdo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo carecía de "competencias" para actuar, dado que ni el ministro del ramo ni el presidente estaban dispuestos a hacerlo. Por eso propusieron copiar el modelo francés, pactando con las grandes distribuidoras una cesta con una treintena de productos básicos, incluyendo huevos, carne, pescado, frutas y verduras, a precios rebajados. La situación ha cambiado: con "voluntad" política, afirman, es posible ir más lejos.

El martes, después de que Sánchez anunciara que el Gobierno estudia actuar en este sentido —con medidas como ayudas directas a familias vulnerables, a través de cheques, descuentos o rebajas del IVA, esta última la menos plausible—, hasta el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pasó de decir que el plan de Díaz era "forzado", que un tope al precio de los alimentos —que nunca se planteó como tal— produciría "desabastecimiento", a afirmar que ve "lógico" actuar sobre los precios.

Su lectura, en esto, es hoy similar a la de Díaz: igual que se está actuando sobre otros sectores, como el energético —"Donde el Gobierno no actúa, tenemos enormes problemas", que diría la vicepresidenta—, el Ejecutivo tiene margen para intervenir en la alimentación, siguiendo la "encomienda del presidente". En su equipo, reconocen que están barajando "distintas medidas", para analizar cuáles pueden tener "el mejor encaje, teniendo en cuenta el contexto", si bien rechazan adelantar escenarios.

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La diferencia fundamental entre sus postulados y los de Díaz radica en que el ministro de Alimentación niega que exista "un problema" derivado de los "márgenes de ninguno de los eslabones de la cadena alimentaria". "Estamos ante un problema de costes derivados del incremento de los precios energéticos, de las materias primas y de los fertilizantes, además de la bajada de producción de algunas cosechas debido a la sequía", sostienen en su equipo.

Y, en lo que toca a las medidas concretas, ni Díaz ni la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ven con buenos ojos una reducción del IVA alimentario, como la que reclama el PP: pasar del tipo reducido del 10% al superreducido, el 4%, que ya se aplica a algunos alimentos básicos. A pesar de haber registrado una recaudación fiscal récord, el Gobierno cree que hay poco margen para actuar en esta materia: "Prácticamente, la mayoría de los productos están con IVA reducido, pero no va de eso", afirmó la vicepresidenta segunda el miércoles.

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Por lo pronto, Díaz ha trasladado al PSOE que esta es una de sus grandes apuestas de cara a la negociación del tercer real decreto de medidas anticrisis, pensado para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Además de prorrogar buena parte de las medidas ya en vigor, el real decreto es visto por Unidas Podemos como una lanzadera de políticas sociales casi única. Superados los presupuestos, el socio minoritario sabe que, más allá de las leyes concretas en tramitación, va a tener difícil forzar al PSOE a desplegar nuevas medidas que desborden los marcos en los que se ha movido hasta la fecha.

Por la incertidumbre que genera esta crisis, y por la gravedad de su impacto a nivel económico y energético, la negociación del decreto es percibida como una buena oportunidad por Unidas Podemos, que comenzó a trasladar propuestas a sus socios hace semanas. Formalmente, este miércoles se ha constituido la comisión negociadora, en la que dos de los hombres de confianza de Díaz, Josep Vendrell (su jefe de Gabinete) y Manuel Lago (asesor en materia económica), defenderán junto a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y cabeza económica de Podemos, los planteamientos de Unidas Podemos.

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En esto, como en buena parte de las propuestas que impulsa este espacio político, hay diferencias entre las fuerzas que cohabitan tras las siglas Unidas Podemos. Mientras IU respaldó sin fisuras el pacto con los supermercados de Díaz, en Podemos pasaron de una gélida acogida a describir esta propuesta como "sensata". Siempre, eso sí, reivindicando las ventajas de su propia receta frente a este acuerdo.

Su plan, ya desvelado durante el debate sobre el estado de la nación, en julio, pasa por aumentar en 10 puntos el tipo de sociedades que pagan los grandes supermercados, para financiar con estos recursos un cheque de ayuda a la compra para las familias más vulnerables. Se trataría de un impuesto extraordinario y temporal que acabó, como la propuesta de Díaz, en vía muerta.

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Podemos siempre apostó por actuar desde el Gobierno —como en su día rechazó Planas—, y siempre acogió con escepticismo la propuesta de Díaz a las empresas. En las filas moradas, nadie confió en que las empresas quisieran acogerse voluntariamente a un plan para ganar menos dinero con la venta de determinados productos, cuando podían seguir aprovechando la coyuntura.

Este es el mismo planteamiento que comparten Díaz y Podemos sobre el acuerdo en materia de hipotecas abanderado por la vicepresidenta primera, que debe ser convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados en una semana. Nadie en Unidas Podemos confía en el impacto social de un pacto con el sector bancario que, además, servirá a las entidades para ganar aún más dinero. Y nadie en este espacio político, ahora tampoco la vicepresidenta, ve suficiente un acuerdo con las grandes distribuidoras: quieren servirse de los poderes del Gobierno para regular.