Podemos presionará al PSOE para forzar el tope voluntario de las hipotecas en el decreto de Ucrania

Insuficiente es quizá la palabra más suave que pueden dedicar en Unidas Podemos al pacto entre Nadia Calviño y el sector bancario sobre las hipotecas. Un acuerdo del que reniega, también, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso en público. Todas las fuerzas de su espacio político reclaman dar varios pasos más, imponer un tope obligatorio, no medidas voluntarias, y que estas medidas no conlleven "que los bancos ganen más dinero con los intereses", como resumía un veterano dirigente del espacio.

El contexto ha beneficiado a la vicepresidenta primera: los últimos flecos de la negociación presupuestaria, la crisis del sí es sí o la supresión de la sedición han acaparado todos los focos, y este pacto les ha llegado hecho, en un momento en el que tenían concentradas sus fuerzas en distintos frentes, y en el que lamentan que Calviño ha hecho caso omiso a sus propuestas. Con todo, en Unidas Podemos se niegan a tirar la toalla con esta cuestión, y distintas fuentes afirman que redoblarán la presión sobre el PSOE con este tope obligatorio a las hipotecas.

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El marco escogido es el real decreto ley que el Gobierno necesariamente deberá aprobar para extender el manto de medidas anticrisis frente a la guerra de Rusia en Ucrania. El decreto actual, finalmente tramitado como proposición de ley y aprobado en junio, dejará de estar en vigor el 1 de enero, por lo que el Consejo de Ministros deberá aprobar uno nuevo antes del 31 de diciembre, para después convalidarlo en el Congreso de los Diputados en un pleno extraordinario a lo largo del mes de enero.

En las últimas semanas, con el Ejecutivo volcado en esos frentes abiertos, los socios aún no han empezado a negociar el nuevo decreto, aunque sí han intercambiado algunas ideas. En Unidas Podemos dan por hecho que la "inmensa mayoría" de medidas actualmente en vigor serán renovadas: esto abarca, por ejemplo, el tope a la subida de los alquileres —una bandera que el Gobierno ha cedido a EH Bildu a cambio de su apoyo a las cuentas públicas— o la prórroga de los contratos de arrendamiento, dos medidas que apuntan en la misma dirección.

Hoy por hoy, ni siquiera está clara la fórmula por la que abogarán para actuar; si bien Unidas Podemos volvió a incidir hace semanas —en el marco de la tramitación de la norma anticrisis todavía en vigor— en su propuesta de limitar la subida de hipotecas variables al 0,1%, como reclamaron en una proposición de ley registrada hace dos meses, e inmediatamente después abandonada en el fondo del cajón. A su vez, la receta defendida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, giraba en torno a la congelación de las cuotas de las hipotecas, una fórmula que, según los suyos, es más contundente incluso que la de los morados.

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Y hay diferencias, también, sobre si este es el marco más adecuado para impulsar el tope a las hipotecas. De hecho, mientras que varias voces con mando en Unidas Podemos son rotundas a la hora de afirmar que aprovecharán el cauce de estas negociaciones para abordar esta exigencia, en el entorno de Díaz recuerdan que aún están en una fase muy preliminar.

Sostienen que seguirán peleándolo, pero tienen dudas sobre si el espacio adecuado para ello es la negociación que ahora debe arrancar. También dudan de que esta actuación deba articularse legalmente a través del real decreto anticrisis, toda vez que el Gobierno aprobó no hace ni una semana un real decreto específico sobre hipotecas. Existiendo una norma específica sobre la materia, teorizan, no tendría sentido actuar desde otro andamiaje legal.

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Díaz y el resto de actores de Unidas Podemos aún tienen tiempo para fijar una posición compartida antes de sentarse a negociar con sus socios, que hasta el momento han rechazado cualquier planteamiento que suponga imponer límites a los bancos. De hecho, en esto tampoco tienen un análisis unitario sobre el punto de partida. El miércoles, el presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, afirmó que el hecho de que Calviño ya haya llegado a un pacto con los bancos no supone, per se, que no sea viable imponerles después un tope obligatorio. Podría ser "un primer paso", llegó a afirmar en declaraciones en la Cámara Baja.

Hay otras voces, sin embargo, que ven difícil que la vicepresidenta primera esté dispuesta asumir un escenario en el que el Gobierno declare una nueva guerra a los bancos, que en 2023 y 2024 ya pagarán un impuesto extraordinario. Calviño no ha entrado al trapo ante sus críticas, pero sí ha despachado que el tope que ya está en vigor es "lo que necesitamos". También saben que no quiere ni oír hablar de más medidas que pasen de pactar con las entidades bancarias, pero insisten en que la iniciativa que ha vendido desde el Consejo de Ministros no ataja el problema.

El plan de la vicepresidenta primera, afirman en Unidas Podemos, "es pan para hoy y hambre para mañana". "Ella solo quiere códigos de buenas prácticas. Eso no vale para nada", y "los bancos están encantados, se van a forrar", añaden. Calviño lleva tiempo dejando claro que no piensa dar un paso más.