Hacienda negocia con Unidas Podemos un cheque de 300 euros para la cesta de la compra

Si los frentes externos del Gobierno se multiplican hasta cruzar el umbral del Tribunal Constitucional, de puertas adentro hay otro pulso para aprobar medidas que permitan atajar la escalada de los precios de la alimentación. PSOE y Unidas Podemos negocian estos días varias propuestas, entre otras, la iniciativa del socio minoritario para crear un cheque alimentario que ayude a las familias por un importe de 300 euros. Si bien algunos portavoces de la formación morada han amagado con que esta cuantía pueda escalar hasta los 500 euros, la propuesta que está sobre la mesa es esa y se encuadra dentro de la batería de medidas que la coalición presentará en los 15 días que le restan a 2022, en el marco del nuevo real decreto ley frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, da detalles a cuentagotas. No se ha cerrado a la propuesta del cheque alimentario, pero sí ha dado portazo a la creación de un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados. "No hay pretensión de poner un impuesto", afirmó este jueves en una entrevista en Espejo Público (Antena 3). La propuesta de Unidas Podemos, que pasa por gravar hasta un 33% los beneficios extraordinarios de los grandes distribuidores, no le cuadra a un ministerio que acaba de impulsar tres nuevos impuestos temporales, a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, a los que se añaden las subidas a grandes empresas y bajadas a rentas más bajas en el marco de los presupuestos para 2023.

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Entre sus socios, representados por dos hombres del núcleo duro de Yolanda Díaz (Josep Vendrell y Manuel Lago) y un tercero de Podemos (Nacho Álvarez), hay algunas diferencias sobre qué hay que potenciar, pero sí está claro que toca centrar esfuerzos en las vías que siguen despejadas, aunque no renuncien a este impuesto, ni ahora ni en futuros escenarios. Hay medidas urgentes para la coalición, como la congelación del precio de los alquileres o de las hipotecas, que distintos dirigentes reivindican en un momento especialmente llamativo.

En la misma jornada en la que el Congreso daba luz verde al acuerdo con el sector bancario sobre hipotecas impulsado por Nadia Calviño —tramitado como real decreto—, fuentes de Podemos recordaban que esta medida es absolutamente insuficiente y se preparaban para intensificar las presiones sobre sus socios con la propuesta que ya han trasladado a la comisión negociadora. Saben que es una ocasión de oro para desplegar políticas sociales, como pueden quedar pocas en lo que resta de legislatura, recuerdan el récord de recaudación tributaria y un dirigente esgrime estos factores para augurar que el PSOE avalará su cheque de alimentación. "Lo asumirán", afirma.

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La propuesta está pensada para que la ayuda llegue de la forma más directa posible a los entre siete y ocho millones de familias con menos ingresos. No está claro qué forma podría adoptar, ya que previsiblemente acompañaría a la ayuda de 200 euros mensuales para rentas inferiores a 14.000 euros que el Consejo de Ministros aprobó en junio, en el marco del anterior decreto contra la crisis de Ucrania, que dejará de estar en vigor el 1 de enero —y que podría revalidar—.

El miércoles, además, la vicepresidenta segunda —que también distribuye en pequeñas dosis la información sobre sus propuestas— reclamó que a los supermercados que no quieran participar en su iniciativa para ofrecer una cesta de la compra básica a precios más bajos se les vete la opción de repartir dividendos entre sus accionistas. La escenificación de estas negociaciones, por parte de Unidas Podemos, se distribuye así entre dos pistas.

En una primera, Díaz y Podemos pelean por liderar la presentación de propuestas, y aunque compartan varias, en lo comunicativo cada una de las partes deja claro que tienen distintas prioridades. En la segunda pista, se ubica la pugna con sus socios de gobierno, contra los que hoy por hoy aún mantienen controlado el nivel de decibelios. Y, mientras Podemos insiste en que las grandes distribuidoras son las triunfadoras de esta crisis, en que los precios de la alimentación han escalado por encima del 15% —superando la inflación media—, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sostiene que el problema no está en los beneficios, sino en que se han encarecido todos los costes.

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En septiembre, cuando Díaz anunció su propuesta sobre la cesta de la compra, la respuesta del titular del ramo estuvo entre las más virulentas dentro del PSOE, y llegó a afirmar que no llevaría ninguna iniciativa sobre los precios de la alimentación al Consejo de Ministros. Este jueves, en el Congreso, Planas volvía a mostrar su voluntad de actuar en la dirección que antes no quería contemplar. En esta cuestión, el socio minoritario presume de haber arrastrado a sus socios dentro de su marco. Después de actuar sobre la energía o los combustibles, es el discurso de la parte del Gobierno con carné socialista, toca ahora actuar en la alimentación, y esto es lo que los morados se atribuyen como una victoria.

En cualquier caso, todo tienen que negociarlo entre encontronazos a cuenta de normas como la ley de bienestar animal o la ley trans —esta última, aparentemente encarrilada—, con el Congreso forzando las máquinas para alumbrar una enorme cantidad de normas, y en mitad de su batalla campal contra la oposición. Tienen 15 días para encontrar un acuerdo.