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Puigdemont acusa a la Abogacía del Estado de favorecer a Junqueras: "Muestra doble rasero"
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TRAS LA REFORMA DEL GOBIERNO

Puigdemont acusa a la Abogacía del Estado de favorecer a Junqueras: "Muestra doble rasero"

Los servicios jurídicos del Estado apoyan su procesamiento por malversación agravada, pero, en el caso del líder de ERC, piden al Supremo que aplique la versión rebajada de este delito

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo. (EFE/Julien Warnand)
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo. (EFE/Julien Warnand)

Carles Puigdemont denuncia que la Abogacía del Estado está mostrando un "doble rasero" a la hora de aplicar la reforma del Gobierno a los líderes del procés. Su crítica se centra en que la Abogacía no duda en atribuirle una malversación agravada, pero al mismo tiempo descarta ese mismo delito para condenados como Oriol Junqueras. "Parece tener dos posturas diametralmente opuestas en función de a quién haya de aplicarse la reforma", sostiene en un escrito presentado este jueves ante el Supremo.

El razonamiento de su defensa parte de lo ocurrido el pasado 12 de enero, cuando entró en vigor la reforma del Gobierno. El instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, cambió entonces el procesamiento de Puigdemont y, en lugar de sedición y malversación, pasó a atribuirle los delitos de desobediencia y de la nueva malversación agravada que introduce el cambio legislativo. Con este ajuste, el expresidente catalán se enfrentaría a día de hoy a una pena de hasta 12 años de cárcel.

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont en Parlamento Europeo. (EFE /Julien Warnand)

La Abogacía no coincidió con su análisis y presentó un recurso seis días después. En el mismo, los servicios jurídicos del Estado coinciden con Llarena en la mencionada combinación de malversación agravada y desobediencia, pero van un paso más allá y piden sumarle también el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. En el caso de que Llarena atienda este criterio y endurezca el procesamiento, Puigdemont pasaría a enfrentarse a una pena de hasta 17 años de cárcel.

Puigdemont mantiene su habitual argumento de que los hechos por los que se encuentra procesado "no tienen encaje en ningún tipo de conducta delictiva" para descartar tanto el análisis de Llarena como de los servicios jurídicos del Estado, pero en la parte final de su escrito, lanza un dardo a estos últimos. En concreto, por la postura que han mostrado ante la revisión de las penas a los líderes del procés ya condenados, entre ellos, Junqueras: "No deja de causar sorpresa" critica Puigdemont.

Foto: El presidente de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)

La clave se encuentra en que esta revisión de las penas no depende de Llarena, sino del tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena. Tras la entrada en vigor de la reforma del Gobierno, él también movió ficha y dio ocho días a las acusaciones y a las defensas para que realizaran alegaciones sobre los efectos del cambio legislativo. Al ya haber sido indultados, la revisión carece de efecto en las penas de cárcel, pero abre la puerta a rebajar sus inhabilitaciones y, por tanto, a facilitar su vuelta a la política.

Los escritos de la Abogacía sobre estas revisiones llegaron al Supremo el pasado 25 de enero. En ellos, argumenta una vez más que debe aplicarse el mencionado delito de desórdenes públicos, pero, en lugar de la malversación agravada a la que se enfrenta ahora Puigdemont, apunta al nuevo tipo de malversación, que contempla penas más bajas. Tras combinar ambos delitos en concurso medial, los servicios jurídicos del Estado piden al Supremo que rebaje de 13 a siete años la inhabilitación a Junqueras.

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont. (EFE)

La diferencia entre una y otra malversación depende del ánimo de lucro. En el caso de Puigdemont, la Abogacía no cuestiona la decisión de Llarena de procesarle por el delito que castiga a la autoridad que con ánimo de lucro se apropie o consienta que un tercero se apropie del patrimonio. Sin embargo, en el caso de Junqueras y el resto de condenados, apunta a la versión rebajada de este delito, que castiga a los que den al patrimonio "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado".

Puigdemont se muestra tajante ante esta interpretación paralela: "En unos casos considera que no ha existido ánimo de lucro y en otros —como es el de mi representado— avala el criterio del excelentísimo magistrado". Según denuncia la defensa del expresidente, aplicar dos tipos de malversación distintos a la causa del procés pone "de manifiesto el doble rasero de la Abogacía del Estado al defender blanco y negro en el mismo procedimiento, dependiendo del sujeto pasivo del que se trate".

Carles Puigdemont denuncia que la Abogacía del Estado está mostrando un "doble rasero" a la hora de aplicar la reforma del Gobierno a los líderes del procés. Su crítica se centra en que la Abogacía no duda en atribuirle una malversación agravada, pero al mismo tiempo descarta ese mismo delito para condenados como Oriol Junqueras. "Parece tener dos posturas diametralmente opuestas en función de a quién haya de aplicarse la reforma", sostiene en un escrito presentado este jueves ante el Supremo.

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