La Abogacía del Estado pide rebajar de 13 a siete años la inhabilitación de Junqueras
Los servicios jurídicos del Estado extienden el mismo razonamiento al resto de líderes del 'procés' y piden rebajar todas sus inhabilitaciones
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La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rebaje las inhabilitaciones a los líderes del procés. En una serie de escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial, concluye que la reforma del Gobierno obliga a revisar sus condenas y, en el caso de Oriol Junqueras, pide rebajar de 13 a siete años su inhabilitación. Los servicios jurídicos del Estado argumentan para ello que debe aplicarse el delito de desórdenes públicos en concurso medial con el nuevo tipo de malversación que contempla penas más bajas.
La Abogacía del Estado extiende el mismo razonamiento al resto de condenados: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa quedarían en seis años y nueve meses de inhabilitación absoluta; Carme Forcadell en seis años y medio; Joaquim Forn y Josep Rull en seis años y tres meses, y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La interpretación de la Abogacía del Estado contradice a la Fiscalía, que pide mantener las inhabilitaciones al considerar que la reforma no les beneficia de forma alguna, y también al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que mantiene procesado a Carles Puigdemont por malversación agravada y desobediencia. La decisión final respecto a los líderes del procés ya condenados queda ahora en manos del tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.
La rebaja que pide la Abogacía
En cuanto al delito de malversación, la Abogacía del Estado apoya su petición de rebajar las inhabilitaciones en que la sentencia del procés no consideró probado que los líderes independentistas incurrieran en una "sustracción de fondos con ánimo de lucro propio o para un tercero", sino en una "desleal administración de los fondos públicos".
Los servicios jurídicos del Estado piden entonces al Supremo revisar sus condenas y aplicarles la nueva malversación por administración desleal de la reforma, que contempla penas más bajas: en lugar de inhabilitaciones que pueden superar los 15 años con la malversación por apropiación agravada, esta reduce las mismas a entre dos y seis años.
Su escrito alega para ello que los líderes del procés encajarían con el delito que castiga a la autoridad o funcionario que dé al patrimonio público "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado", aplicándoles a su vez las penas de "los supuestos en los que se cause daño o entorpecimiento grave al servicio".
En lo que se refiere al delito de desórdenes públicos, la Abogacía considera que, una vez derogado el de sedición, ese es el que mejor encaja con los hechos: "En la sentencia se recogen como hechos probados la existencia de una actuación colectiva o en grupo, cuyo fin era atentar contra la paz social ejecutando actos de violencia o intimidación".
Al haberse cometido por "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente al orden público", su escrito apunta entonces a la versión agravada de este delito, que se castiga con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo.
Como las penas de cárcel ya quedaron extinguidas con los indultos del Gobierno, la Abogacía del Estado pide recalcular las inhabilitaciones con estos dos nuevos delitos en concurso medial. Si su solicitud es atendida, Junqueras podría volver a la primera línea política en julio de 2026.
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rebaje las inhabilitaciones a los líderes del procés. En una serie de escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial, concluye que la reforma del Gobierno obliga a revisar sus condenas y, en el caso de Oriol Junqueras, pide rebajar de 13 a siete años su inhabilitación. Los servicios jurídicos del Estado argumentan para ello que debe aplicarse el delito de desórdenes públicos en concurso medial con el nuevo tipo de malversación que contempla penas más bajas.