La Fiscalía pide mantener la misma inhabilitación a Junqueras pese a la reforma

La Fiscalía acaba de presentar su segundo escrito sobre la adaptación de la reforma penal del Gobierno al procés y su criterio no es buena noticia para Oriol Junqueras. Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena reclaman al tribunal que les castigó por el 1-O que mantenga las inhabilitaciones por malversación agravada y aplique los desórdenes públicos para aquellos que fueron castigados en su día por sedición. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el equipo de fiscales asegura que la desaparición del delito de sedición "no puede ocultar que existe un delito de desórdenes públicos absorbido por aquel en concurso de normas, que ahora adquiere plena vigencia por sus elementos comunes de actuación colectiva, uso de la fuerza y de la violencia, y dolo tendencial de alteración de la paz pública". Sus conclusiones dejan a Junqueras con la misma pena y aligeran las de aquellos que fueron condenados exclusivamente por sedición.

"Sería de todo punto incomprensible que la multitud de episodios violentos, organizados con la finalidad de alterar el orden constitucional, planificados, ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados, quedaran convertidos en atípicos desde el prisma del orden público. Fue necesario el envío de miles de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a las movilizaciones tumultuarias y violentas convocadas, que los procesados alentaron y promovieron para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional", indican.

Hace solo unos días, el Ministerio Público ya planteó esta misma línea al recurrir el auto de Pablo Llarena que se ocupa de la otra derivada del procedimiento, la que afecta a Carles Puigdemont y el resto de huidos. Reclamó la inclusión de esta combinación de delitos en su procesamiento, en contra del criterio del instructor que ve desobediencia y malversación tras la modificación legal. Sobre la inhabilitación por malversación, que aleja a Junqueras de la política, destacan que "la horquilla" con la actual redacción —que va de los 10 a los 20 años— es similar a la que se impuso en la sentencia. No habría así beneficio alguno para Junqueras.

De los 12 condenados, cuatro fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación a penas de cárcel e inhabilitación. Junqueras fue condenado a 13 años, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años. Cinco recibieron condenas exclusivamente por sedición (11 años y seis meses), Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull (10 años y 6 meses), Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (nueve años). Además de las penas de prisión se les impuso una inhabilitación por el mismo tiempo. Los indultos borraron las condenas de cárcel, pero no la prohibición de ejercer cargos públicos.

Además de plantear los desórdenes como sustituto de la sedición por promover los distintos actos de "violencia" que se dieron en los días previos al referéndum ilegal y en la misma jornada, los fiscales descartan las dos versiones atenuadas de malversación que introduce la reforma del Ejecutivo. La primera castiga a la autoridad que, sin ánimo de apropiárselo, destine "a usos privados el patrimonio". La segunda a la autoridad que dé al patrimonio "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado". Rechazan ambas y abogan por mantener la malversación agravada. En concreto, la que castiga a la autoridad que, "con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio".

Explican que los hechos probados relatan "la apropiación y desvío por los penados de los fondos públicos a fines delictivos e ilegales", ya que crearon, mediante un Acuerdo del Gobierno y mediante contratos con distintos proveedores que se simularon para otras finalidades, "la infraestructura y medios necesarios para la celebración de un referéndum ilegal cuyo desarrollo era imprescindible para los fines de los acusados". "En síntesis, el dinero se destinó a fines delictivos e ilegales", dicen. No aprecian así que se haya introducido un régimen de sanción favorable para los encausados que determine la aplicación retroactiva de la norma en este aspecto. El mismo criterio se aplica a Turull, Romeva y Bassa.

Para aquellos que combinaban la malversación con la sedición en sus condenas iniciales, los fiscales destacan que ambos delitos se hallaban en concurso medial y ahora "no es procedente la suma de las penas de inhabilitación de la desobediencia, de los desórdenes públicos agravados y de la malversación", puesto que devendría en una pena mayor y desfavorable respecto de la impuesta en sentencia. "No procede la revisión retroactiva de la norma, ya que la nueva legislación no resulta más favorable en este concreto caso", aclaran. El escrito sí aprecia consecuencias para los condenados por sedición a los que, defienden, hay que aplicar los desórdenes. Las inhabilitaciones, en este caso, varían para pasar a estar entre los cinco años que atribuyen a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los más de nueve que defienden que debe aplicarse a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.