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La Moncloa se queda sin margen y gobernará a golpe de decreto lo que resta de legislatura
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MEDIDAS COMPROMETIDAS CON BRUSELAS

La Moncloa se queda sin margen y gobernará a golpe de decreto lo que resta de legislatura

La ley de secretos oficiales u otros proyectos normativos pendientes de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, como el de familias, contra la trata o la regulación de los 'lobbies', chocan con el calendario

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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El Gobierno asume que los proyectos de ley que no hayan pasado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año no tendrán tiempo para finalizar su tramitación parlamentaria esta legislatura. Así lo reconocen fuentes de la Moncloa, aun insistiendo en que su compromiso será cumplir con el grueso de su programa de coalición, que a finales de diciembre alcanzó el 68,9% y la previsión es llegar al 75% en el próximo semestre. Las iniciativas del Ejecutivo se verán abocadas a partir de este mes de enero a hacerlo a golpe de decreto, como es el caso de las reformas comprometidas con Bruselas y de las que dependen los desembolsos del fondo de recuperación.

Las negociaciones con los grupos parlamentarios para validar los decretos serán más complejas por este motivo, como está sucediendo con el segundo paquete de la reforma de las pensiones, ya que el calendario y la presión electoral no dejan margen para pactar su aprobación vía proyecto de ley e introducir posteriormente los cambios que se pudiesen pactar para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso. De hecho, son numerosos los decretos que han sido convalidados a cambio de hacerlo como proyectos de ley y que siguen sin tramitar.

Foto: Alberto Núñez Feijóo, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una visita a Mercamadrid. (Cedida / Cipri Pastrano)

El Ejecutivo tiene también en cartera varias leyes pendientes de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros que, igualmente, peligran. "Vamos a tener que darnos prisa", reconocen desde el Ministerio de Derechos Sociales respecto a la ley de familias. Una de las medidas estrella del departamento que dirige Ione Belarra y que, tras acumular varios retrasos sobre la fecha pactada para la aprobación del anteproyecto por las diferencias con otros ministerios, no pasó por el Consejo de Ministros hasta el pasado 13 de diciembre. Su proceso de tramitación será urgente para llevarla al Congreso cuanto antes y se espera que, una vez remitida a la Cámara, no se dilate la negociación con otros grupos parlamentarios para poder sacarla adelante esta legislatura.

No se trata de la única norma con la que se tendrá que correr en su tramitación parlamentaria para poder sacarla adelante. La ley de secretos oficiales, cuyo anteproyecto también fue aprobado con un proceso urgente el pasado 1 agosto, todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de iniciar la etapa parlamentaria. Además, la norma prevé su entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, una vez aprobada por las Cortes Generales, para que todas las autoridades competentes puedan adecuar su funcionamiento a la nueva regulación.

En el caso de denominada ley de información clasificada, que busca sustituir la todavía vigente norma franquista de 1968, las negociaciones con los grupos parlamentarios se prevén complejas debido al rechazo que ya han manifestado tanto los socios parlamentarios como de coalición. Como materia considerada de Estado, desde el Gobierno se confiaba en el apoyo del PP, pero la voladura de puentes entre la Moncloa y Génova, tras el choque institucional y en plena batalla electoral, complica esta salida. La intención inicial era poder pactar esta norma con los populares antes de final de año, pero la ruptura de las negociaciones para el CGPJ dejó la norma en suspenso. Todo ello a pesar de que la aprobación del anteproyecto en primera vuelta se diseñó para reducir a siete días el trámite de audiencia pública y acelerar así el proceso.

Son numerosos los decretos que han sido convalidados a cambio de hacerlo como proyectos de ley y que siguen sin tramitar

En los términos actuales, los socios parlamentarios avisan de que no apoyarán la norma. Se critica que el anteproyecto es poco ambicioso al ceñirse a los mínimos recomendados por la OTAN —para que los países aliados homologuen sus normativas y se facilite la cooperación— y no atender las reivindicaciones de la izquierda, para quien es una máxima sacar a la luz los documentos relacionados con el 23-F y los GAL. Desde el PNV, que tiene bloqueada su propuesta de reforma en la Mesa de la Cámara al prorrogarse semana tras semana el plazo de enmiendas desde hace tres años, tampoco son optimistas.

La ley contra la trata es otra de las normas que desde Unidas Podemos quieren modificar antes de que pase a segunda vuelta por el Consejo de Ministros para poder apoyar posteriormente su tramitación parlamentaria sin cambios. Los morados presionan para ampliar el catálogo de acceso a derechos, como vivienda o trabajo, pero también a los relativos a ayudas como el ingreso mínimo vital, y acotar los plazos para esta regularización administrativa.

Lo que indispensablemente tendrá que aprobarse a golpe de decreto son reformas comprometidas con Bruselas para 2023. Además de la reforma de las pensiones, cuyas negociaciones siguen atascadas y ya está fuera de plazo, en el primer trimestre de este año, el Gobierno tiene comprometida la aprobación de una reforma fiscal.

Negociaciones complejas

Este hito se marca para adecuar la imposición fiscal a la media europea, al estar unos siete puntos por debajo en el momento de realización del plan. Con todo, se incluyen en este componente otros gravámenes ambientales, como el impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, que Hacienda ya evitó incluir en los presupuestos del próximo año.

El plan de movilidad sostenible con los peajes en las autovías es otro de los hitos comprometidos antes de finalizar este año. Este nuevo sistema cuenta con un rechazo unánime y hasta el propio Ministerio de Transportes niega que se vaya a implantar. El componente C28, sin embargo, hace referencia a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" dentro del paquete de reformas en materia de movilidad sostenible. Una medida que debe aplicarse en el cuarto trimestre de 2023, lo que podría coincidir con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral.

Foto: Peaje ubicado en una carretera de Cataluña. (EFE)

El abuso del decreto-ley por parte del Gobierno de Sánchez no es nuevo, pero ha generado una anomalía mayor cuando estos se convalidan como proyecto de ley. La minoría parlamentaria del Ejecutivo obliga a negociar cada iniciativa con el resto de grupos parlamentarios, que habitualmente acceden a apoyar la convalidación de un decreto a cambio de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios vía enmiendas. Sin embargo, una buena parte de ellos ni siquiera ha llegado a comisión, al seguir prorrogándose el periodo de enmiendas.

Este es el caso, por ejemplo, de los decretos con medidas urgentes durante los primeros meses de la pandemia o el de los fondos europeos. Se ha dado la paradoja de que el Gobierno ha llegado a autoenmendarse a base de nuevos decretos, como en el caso del ingreso mínimo vital. Los grupos lo enmendaron y, sin llegarse a debatir, llegó al Congreso la modificación realizada por el Ejecutivo con otro decreto. Con la legislatura entrando en su último año y unas elecciones municipales y autonómicas en mayo, el Gobierno asume que deberá legislar al golpe de decreto, pero la negociación con los socios será más compleja.

El Gobierno asume que los proyectos de ley que no hayan pasado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año no tendrán tiempo para finalizar su tramitación parlamentaria esta legislatura. Así lo reconocen fuentes de la Moncloa, aun insistiendo en que su compromiso será cumplir con el grueso de su programa de coalición, que a finales de diciembre alcanzó el 68,9% y la previsión es llegar al 75% en el próximo semestre. Las iniciativas del Ejecutivo se verán abocadas a partir de este mes de enero a hacerlo a golpe de decreto, como es el caso de las reformas comprometidas con Bruselas y de las que dependen los desembolsos del fondo de recuperación.

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