El abuso del 'decretazo' por parte de Sánchez provoca un atasco legislativo en el Congreso

Los 'decretazos' de Pedro Sánchez están provocando un atasco en el Congreso. Decenas de iniciativas están congeladas, varias de ellas provenientes de decretos aprobados como proyectos de ley, cuya fecha límite de enmiendas lleva prorrogándose desde hace meses. A ello se suman tramitaciones de urgencia bloqueadas, iniciativas legislativas populares sin atender o proposiciones de ley aprobadas por la Cámara en el primer periodo de sesiones de la legislatura y que la Mesa de la Cámara Baja sigue frenando. Entre estas últimas, destacan la ley de secretos oficiales y la de bebés robados. Desde entonces, el órgano rector del Parlamento, en el que tienen mayoría PSOE y Unidas Podemos, alarga semana tras semana este plazo, lo que impide continuar su tramitación en las respectivas comisiones.

La iniciativa legislativa popular que recibió un millón de firmas para promover la eliminación del copago en dependencia lleva varada desde finales de 2020. En esta situación de indeterminación y sin perspectivas a corto plazo de prosperar también se encuentran leyes promovidas por el Gobierno, como la de ratios en enfermería, acumulando prórrogas desde hace un año, al igual que la de fondos europeos con "medidas urgentes" para la modernización de la Administración y la ejecución del plan de recuperación. Un decreto que se acordó tramitar como proyecto de ley para introducir cambios que los grupos todavía no han podido realizar.

A estas alturas de la legislatura, el retraso medio que acumulan las iniciativas legislativas pendientes de tramitar es de 287 días. Las del Gobierno están por debajo de los 200 días, mientras que las iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios en espera se sitúan en los 306 días de media. En el caso de las iniciativas legislativas populares, un procedimiento que busca llevar al Congreso medidas promovidas directamente desde la sociedad civil, el tiempo que llevan esperando en el cajón se acerca a una media de 400 días.

El abuso del decreto-ley por parte del Gobierno de Sánchez, superando ya en número a los aprobados en las etapas de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, genera una anomalía mayor cuando estos se convalidan como proyecto de ley. La minoría parlamentaria del Ejecutivo obliga a negociar cada iniciativa con el resto de grupos parlamentarios, que habitualmente acceden a apoyar la convalidación de un decreto a cambio de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios vía enmiendas. Sin embargo, una buena parte de ellos ni siquiera ha llegado a comisión, al seguir prorrogándose el periodo de enmiendas. Este es el caso, por ejemplo, de los decretos con medidas urgentes durante los primeros meses de la pandemia o el de los fondos europeos.

Se ha dado el caso de que el Gobierno ha llegado a autoenmendarse a base de nuevos decretos, como en el caso del ingreso mínimo vital. Los grupos lo enmendaron y, sin llegarse a debatir, llegó al Congreso la modificación realizada por el Ejecutivo con otro decreto. Un bloqueo que han denunciado desde los grupos en la Junta de Portavoces, aumentando sus desconfianzas a la hora de negociar 'compromisos' a futuro con el Ejecutivo.

Esta experiencia que vienen arrastrando los socios parlamentarios del Gobierno fue uno de los motivos esgrimidos por ERC y PNV en las negociaciones sobre la reforma laboral para no aceptar modificaciones a la norma en un segundo paquete legislativo si no se comprometía por escrito y con un calendario de aplicación. Una dinámica que comienza a generar hastío entre los partidos del bloque de la investidura llegado el ecuador de la legislatura y que dificulta todavía más la consecución de mayorías en el Congreso.

En el caso del decreto de fondos europeos, convalidado hace más de un año como proyecto de ley y sin perspectivas de tramitarse para incluir las medidas pactadas con los grupos parlamentarios, el bloqueo es significativo por la importancia que tiene para la ejecución de recursos. Las empresas consideran que es urgente eliminar cualquier obstáculo al uso de los recursos que ha puesto a disposición de España la Comisión Europea, y esto incluye la incorporación de algunas enmiendas al real decreto. Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, lamentaba ya hace unas semanas que "la Mesa del Congreso sigue bloqueando la tramitación como proyecto de ley, lo que impide incorporar mejoras y eliminar algunos obstáculos que están en vigor actualmente en su texto articulado". Las aportaciones que realizaron los partidos políticos, así como diversas instituciones, siguen paralizadas.

Fuentes del Ejecutivo explican que el decreto está aprobado y, por tanto, en vigor, sin que sea una prioridad en estos momentos activar la ponencia en la comisión. Ni siquiera se han abierto negociaciones con sus socios parlamentarios. Tampoco con Unidas Podemos, al menos formalmente, según confirman fuentes parlamentarias. Las razones de este bloqueo son tanto aritméticas como de contenido. El decreto del Ejecutivo, que se aprobó el 28 de enero de 2021 como proyecto de ley, se salvó gracias a la abstención de Vox. El concurso de la formación de ultraderecha fue fundamental, ya que ERC votó en contra. Esta situación dificulta ahora las negociaciones para introducir enmiendas, ya que el Gobierno no tiene asegurada la mayoría necesaria.

Más allá del freno en la tramitación por parte de la Mesa del Congreso, hay un segundo freno en las propias comisiones, donde puede retrasarse la activación de las ponencias. En esta situación se encuentra, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática. La semana pasada, el diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, realizó un llamamiento a sus socios "para impulsar lo más pronto posible la puesta en marcha de esa ponencia".

Cerca de 50 leyes están congeladas en la mitad de la legislatura y tienen el riesgo de no acabar tramitándose antes de que acabe, por lo que decaerían al finalizar este mandato. Le ocurrió en la anterior legislatura a la reforma de la ley de secretos oficiales promovida por el PNV, que contó con un amplio respaldo del Congreso. En esta legislatura lleva el mismo camino, tras llevar bloqueada más de año y medio.

Desde el Gobierno, justifican esta situación porque su intención sería promover por su propia cuenta una nueva norma de secretos oficiales. Algo que el Ejecutivo se comprometió a llevar al Consejo de Ministros antes de finalizar 2020. Esta iniciativa se incluyó en el plan normativo de ese año, pero se incumplió. En el plan de 2021 ni siquiera se incluyó, y en el de este año se ha vuelto a recuperar. Fuentes del PNV explican que la "voluntad política" del Gobierno para desarrollar esta norma "hasta ahora ha brillado por su ausencia". Por ello reclaman que el Ejecutivo se comprometa con un calendario de tramitación.

El voto de residentes en el exterior, también a la espera

Las distintas formas de bloqueo han tenido consecuencias en los electores de Castilla y León residentes en el extranjero, al estar frenada desde marzo del pasado año la supresión del voto rogado, que dificulta el ejercicio del sufragio. De los 160.180 castellanoleoneses inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), solo rogó el voto el 2,6%. En 2019, fueron 4.864 los que ejercieron su derecho al voto. Cuando se aprobó la tramitación de la reforma para facilitar el voto de los residentes en el exterior, el PSOE pidió perdón solemnemente a los españoles que están fuera por haber sido tratados como “ciudadanos de segunda”. La reforma, promovida por socialistas y morados, tenía que comenzar su tramitación final en abril de 2021, pero se mantiene congelada por el órgano rector de la Cámara, donde tienen mayoría ambas formaciones.

De no desbloquearse, ahora que se ha vuelto a abrir el ciclo electoral, las organizaciones de afectados calculan que hasta medio millón de votantes podrían quedarse sin ejercer su derecho a voto. Tras la implantación del voto rogado en 2011, la media de participación de los electores con domicilio en el extranjero en los procesos electorales pasó de oscilar entre el 20-30% a hacerlo entre el 4-6%. Se trata tan solo de una más de las leyes que duermen el sueño de los justos en el Congreso a pesar de haber contado ya con el aval necesario de la mayoría de la Cámara para continuar su tramitación parlamentaria.