Los obstáculos que se ha encontrado una iniciativa popular como #PorUnaLeyJusta

Este martes, el Congreso de los Diputados tomó una decisión que debe de resultar muy trascendental en el futuro próximo de la seguridad vial. El pleno aprobó por unanimidad la proposición de ley del Partido Popular en la que se pretende la reforma del Código Penal en cuanto a lo relacionado con la imprudencia al volante y el abandono del lugar donde se produjo el accidente. "La proposición prevé la introducción por primera vez en el Código Penal del delito de abandono del lugar del accidente, crea nuevos supuestos de imprudencia grave (como consumo de alcohol y estupefacientes) y se eleva la pena para este tipo de conductas", afirmaba la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en un comunicado en su página web.

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Es decir, a partir de la reforma legal, quizás no se vaya más seguro en bicicleta o caminando por carretera, pero sí se garantizará que aquel que cometa una infracción, una imprudencia grave o que deje sin atención a la víctima, será llevado a juicio en el que se valorará su responsabilidad en el acto. Quizás se pueden estar preguntando qué pinta en todo esto la RFEC, ya que en teoría no tiene mucho que ver directamente con ella. Todo se entiende mejor cuando se sabe que hace seis meses, en marzo, Anna González presentó en el Congreso las 200.000 firmas que había recogido en 'Change.org' a lo largo de más de un año pidiendo precisamente la reforma de los artículos 142 del Código Penal, que regula el homicidio por imprudencia, y el artículo 195, que contempla la omisión del deber de socorro.

"Hoy he atropellado a un ciclista"

¿Quién es Anna González? La esposa de Óscar. "Tengo que confesar algo y hacerlo público... Hoy he atropellado a un ciclista que circulaba delante de mí, iba despistada cambiando la emisora de radio, me he metido en el arcén y le he dado. Creo que lo he matado, no he parado para comprobarlo pero, creo que no se movía. Tengo el parachoques destrozado, tendré que cambiarlo hoy mismo, me gusta que mi coche esté perfecto. Sé que no me va a pasar nada, si me localiza la Guardia Civil, nadie me va a procesar y ni siquiera pagaré nada, ya que, lo hará mi aseguradora. Ni siquiera en el peor de los casos, me retirarán el permiso de conducir…", así abría su petición, poniendo voz a la persona que había matado a su marido en 2013.

Ese fue el inicio de su lucha en busca de justicia. Nadie le iba a devolver a Óscar, pero al menos se quería asegurar de que nadie más tuviera que pasar por la impotencia que ella había sufrido. "Hoy se me ha comunicado que, por ser los hechos una imprudencia leve, (vamos, una tontería, una distracción tonta) son una falta. Y aplicando la última reforma penal, en la que se suprimen las Faltas, aunque haya una muerte por medio, la Juez, decide archivar la Causa Penal y que, por lo tanto, no hace falta celebrar un Juicio y aquí no ha pasado nada", decía ella en la misma petición. A través de ella consiguió movilizar al mundo del ciclismo, desde los globeros más amateurs hasta figuras internacionales como Alberto Contador o Perico Delgado. Cuando todavía le quedaban unas 20.000 firmas para llegar a las 200.000 que se propuso, fue recibida por el ministro de justicia, Rafael Catalá, y diferentes miembros de todos los partidos, con quienes discutió este cambio en la ley.

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En marzo, consiguió alcanzar la cifra oportuna y fue al Congreso a entregarlas. Pero no eran suficientes para hacer efectiva una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Ha sido una decisión interna del PP la que se ha llevado al Congreso y que se ha aprobado por unanimidad. "Me siento muy satisfecha", dice Anna a El Confidencial. "Mi petición se centraba en dos aspectos, la recuperación de la omisión de socorro como delito, lo cual se ha incluido, y se va a modificar la imprudencia leve", añade González muy emocionada y orgullosa por lo que ha conseguido. "Para un ciudadano como yo llegar adonde he llegado es muy difícil. Me dijeron que era imposible, que no lo iba a conseguir. Que iba a tardar unos cuatro o cinco años y en menos de dos lo he conseguido". A partir de ahora se abre el periodo de enmiendas, se volverá a votar en la comisión de justicia y de ahí pasará al Senado, donde debería aprobarse sin problemas. "Me han asegurado desde el Gobierno que en un máximo de tres meses ya se habrá modificado el Código Penal", confirma González.

Según cuenta González, "muchos diputados han estado presionando para que esto salga adelante. El ministro Catalá y el ministro Zoido, y el director de la Dirección General de Tráfico han puesto mucho de su parte. Entendieron que era algo que se tenía que modificar y se ha hecho. Mi abogado me dijo que si la autopsia confirmaba la muerte en el acto, el delito desaparecía. Los diputados no se podían creer que no fuera delito cuando me recibieron y les conté lo que me había pasado", dice.

El ciudadano tiene difícil participar

¿Qué es una ILP? Una forma de participación ciudadana en la que se propone una ley o una reforma de una ley. "La Constitución prevé la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas, como sujeto de la iniciativa legislativa. Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria", dice la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

La cuestión no es tan sencilla como se propone en esta regla. Desde el inicio de nuestra joven democracia se han intentado, hasta abril de 2016, 142 ILP, de las cuales 60 han sido presentadas en el Congreso, solo 12 superaron el medio millón de firmas necesarias y apenas una se ha convertido en parte de una ley. Se trata de una proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias, subsumida en otra proposición no de ley que modificaba un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal en 1996. Esto hablando a nivel nacional, ya que a nivel regional, la más relevante llevada a cabo recientemente fue una ILP contra los desahucios aprobada por el Parlament de Cataluña en julio de 2015, para lo cual fue necesaria la presentación de 50.000 firmas.

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Es decir, por muy importante que sea la implicación ciudadana en la vida democrática, su participación queda reducida prácticamente a las elecciones a los posibles referéndums que se puedan producir. Para empezar, en las ILP están las limitaciones sobre las materias en las que los ciudadanos tienen derecho a opinar. No se admitirán a trámite las que, según la Constitución, son propias de Leyes Orgánicas, las de naturaleza tributaria, de carácter internacional, las referentes a la prerrogativa de gracia y las que tratan sobre los presupuestos generales y la planificación económica. La mayoría de las que se presentan no son admitidas ya que su texto es incorrecto, impreciso o porque su contenido no es apropiado.

"A mí me parece imposible que una ILP salga adelante. Yo conseguí 200.000 firmas en dos años a través de 'Change', imagínate 500.000 en papel o con DNI electrónico. Tenemos una sociedad muy dormida, hay queja en las redes, pero el movimiento social no existe", dice Anna, que asegura que si en España no la hubieran escuchado, habría probado suerte en la Unión Europea. "Aquí llegó un punto en que era desesperante, no teníamos gobierno y no podía presentar las firmas".

Lo que sí queda claro, comprobando los datos, es que la participación de la sociedad en el proceso legislativo ha tratado de ser mayor desde que surgió el Movimiento 15-M allá por mayo de 2011. De todos los intentos de iniciativa popular, 69 se produjeron antes de esa fecha, mientras que se han probado 73 nuevas iniciativas desde entonces.

España no es una excepción en el complicado camino que hay desde la participación ciudadana a su aplicación en la ley, aunque es de los pocos que tiene recogido en su normativa la ILP a nivel nacional. La Unión Europea aprobó en el marco del Tratado de Lisboa la primera medida de iniciativa ciudadana a nivel supranacional. Para ello se requiere las firmas de un millón de personas procedentes de al menos un cuarto de los Estados miembros (ahora mismo, siete de los 28), para lo cual tienen un año. En Francia, por ejemplo, no existen las iniciativas nacional, sino las locales y gracias a las reformas llevadas a cabo en 2003 para descentralizar el país, algo similar a lo que sucede en Alemania, donde no está registrado el derecho a una iniciativa federal, pero cada Estado tiene derecho a ello. En Estados Unidos no está tampoco contemplada la opción a nivel nacional, pero sí son bastante habituales las ILP estatales y locales.