PSOE y UP revisan la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar crímenes franquistas

Guiño a ERC para salvar la tramitación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática. Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han llegado a un acuerdo para modificar la Ley de Amnistía de 1977, vía enmiendas a la Ley de Memoria Democrática como venían reclamando los republicanos, para que no prescriban "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura". Los tribunales españoles podrán así juzgar causas contra el franquismo. La ley contemplará que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura.

Hasta ahora, la Audiencia Nacional había rechazado este tipo de denuncias sobre la base de la prescripción de estos crímenes, al estar sujetos a la Ley de Amnistía. De ahí que se pusiesen en marcha procesos como la 'querella argentina' contra los crímenes del franquismo, trasladando a tribunales de Argentina estas denuncias. La conclusión de la jueza María Servini, en contra de la opinión del Gobierno español, fue que se trata de "crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, este crimen no prescribe". El Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España en 2009 por mantener la Ley de Amnistía en lo referente a la prescripción de los crímenes contra la humanidad.

La enmienda pactada entre socialistas y morados modifica el título dos de la Ley de Memoria Democrática, que promueve el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños, para incluir un apartado con la siguiente redacción: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG presentaron una serie de enmiendas conjuntas entre las que demandaban suprimir la ley de amnistía o incluso la supresión del título de rey "y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal". Otra de las enmiendas consensuadas entre estos grupos buscan que se reconozcan reparaciones patrimoniales para los ateneos, asociaciones y otras personalidades jurídicas a los que durante la dictadura se les incautaron bienes que no han sido restituidos. Se plantea, asimismo, un reconocimiento y una reparación por motivos de "persecución cultural y lingüística" durante el régimen de Franco.

En las enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos, con las que buscan atraer el apoyo de sus socios parlamentarios, se incluye la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes como reivindicaban los colectivos y se trabajará para establecer el reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones. De este modo, todas las víctimas de la dictadura tendrán derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado, como demandaba ERC, y se reconocerá el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas.

En relación con la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, se pretende cambiar la denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando el nombre original. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público y se completa el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.