ERC rompe con el PSOE en memoria democrática y pide vetar la ley en el Congreso

ERC ha decidido presentar una enmienda a la totalidad de la ley de memoria democrática del Gobierno. En otras palabras: vetarla. Este ha sido el resultado de una serie de negociaciones que se intensificaron durante la semana con el fin de atraer a los 13 diputados de Esquerra al menos al respaldo a la tramitación. Las conversaciones han durado hasta esta misma tarde, pero no han cuajado, y por ello, Gabriel Rufián ha registrado el veto. Se debatirá en próximas fechas en el pleno del Congreso, aunque el riesgo de que prospere se ve lejano en este momento. La posibilidad de que PP y Vox, más formaciones como Foro, se unan a la decisión de la organización independentista es remota, y aunque se diera el caso, pues son grupos que están en el "no", la suma de votos no alcanzaría. Curiosamente, las posiciones de Cs y del PNV serán fundamentales.

Fuentes conocedoras de la negociación han informado a El Confidencial que el desmarque de ERC, que se daba casi por hecho desde hacía días, obedece a la imposibilidad de encajar todas las propuestas del partido catalán en el texto redactado por el Gobierno, un proyecto de ley que, si se salvan las propuestas de veto, se debatirá y modificará en la Comisión Constitucional. El PSOE, sin embargo, ha cedido en algunas de las más importantes para el partido de Rufián: la declaración como "ilegales" de todas las sentencias judiciales del franquismo. Fue un régimen "ilegal" porque provino de "un golpe de Estado", argumentan fuentes de las siglas independentistas.

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Esta era una propuesta de máximos para ERC, y además, su punto de partida. Nada más entrar el proyecto en el Congreso, expuso la propuesta a la dirección del grupo socialista, entonces aún encabezada por Adriana Lastra, y por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con quien Rufián ha dialogado en numerosas ocasiones desde finales de agosto.

En la redacción consta que las sentencias son nulas. En la exposición de motivos, dentro del apartado dedicado a la estructura de la norma, el Ejecutivo indica: "Se declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la Guerra y la Dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual". ERC pidió sustituir "nulo" por "ilegal" y lo consiguió. Pero no ha bastado porque se ha cerrado la puerta explícitamente a posibles reclamaciones patrimoniales. En el Partido Socialista están perplejos.

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Porque a pesar de los avances conseguidos durante la semana, Esquerra ha considerado que el texto es insuficiente, así que registrará no solo el veto al texto del Ejecutivo, sino que además presentará una redacción propia. El exdiputado Joan Tardá ha jugado un papel protagonista en las negociaciones y en la resolución final del grupo parlamentario que lideró durante varias legislaturas. Su experiencia ha sido la baza que han jugado los republicanos; de hecho, Tardá fue el negociador de Esquerra en la confección de la ley de memoria histórica aún vigente, entonces en época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

No obstante, fuentes republicanas insisten en que "no" renuncian al debate, pero subrayan que los motivos que sustentan su oposición son variados. Entre ellos, la falta de un reconocimiento a las víctimas de la Transición, el que no se recoja el derecho a la reparación efectiva de los maquis o que no se derogue la ley de 1977 de amnistía. "Somos uno de los partidos más represaliados y, en consecuencia, nadie nos puede dar lecciones", apuntan las mismas voces.

El recorrido del veto

La maniobra del grupo parlamentario de ERC se produce en un contexto en el que la sintonía con el PSOE ha brillado a causa de la mesa de diálogo sobre el futuro político de Cataluña, a la que acudieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. En Barcelona ambos coincidieron en alargar las conversaciones sin marcarse plazos. Una manera de ganar tiempo mientras ambos partidos, en un escenario muy diferente como es el Congreso, batallan por acuerdos en los presupuestos, la ley audiovisual o la ley de vivienda.

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Predomina el entendimiento entre los dos grupos, considerado un aliado preferente del Gobierno en la Cámara Baja, sobre todo en lo que tenga que ver con la agenda social. En otros ámbitos la distancia es mayor. ERC, por ejemplo, se separó del bloque que apoyaba sistemáticamente las prórrogas del primer estado de alarma contra la pandemia, entre marzo y junio de 2020. El choque en memoria democrática se veía venir desde hace meses. Y el choque ha provocado una ruptura. Dicen fuentes de los dos grupos que, a priori, esta discrepancia es puntual. Desde luego la idea compartida es negociarlo todo y pactar si es posible.

El veto se debatirá en el pleno y será una discusión encendida, pero lo más probable es que sea rechazado y los grupos empiecen una tramitación que se prevé farragosa. En la dirección del grupo socialista creen que la decisión de Esquerra es más una escenificación que un posicionamiento político claro. Los independentistas son un partido complejo, muy asambleario, y es leitmotiv la combinación del acuerdo y el desacuerdo con el PSOE. Tras unos días de concordia, necesitaba dosis de aspereza. En cualquier caso, en las filas socialistas no dudan de que ERC seguirá la senda de la negociación para impulsar la agenda social del Gobierno.

Líneas maestras de la ley

El texto, tal y como salió del Consejo de Ministros después de pasar por los órganos consultivos, rebasa el marco de la norma vigente en varios aspectos. El Consejo General del Poder Judicial, no obstante, puso reparos a los preceptos que establecen la disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo.

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Sobre víctimas, la ley señala que lo son "las personas que sufrieron cualquier tipo de forma de represión o persecución durante la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978". Además del "carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones", la norma declara el 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura.

Se regula un registro de víctimas y se hará un Censo Estatal. Incluye entre las víctimas, como novedad, a "las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas". Relacionado con esto, verá la luz un mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones y un banco nacional de ADN de las víctimas, al igual que un fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se encargará de investigar los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura o los bienes expoliados desde 1936. Serán revocados las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, condecoraciones y recompensas de ambas épocas; se suprimirán, además, los títulos nobiliarios que supongan exaltación.

El Valle de los Caídos se convertirá en un centro de finalidad pedagógica, se extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el Panteón de Hombres Ilustres pasa a llamarse "Panteón de España".