'Revisionismo', memoria y fraude: la ley sobre la Guerra Civil del gobierno no es democrática

No sólo el 18 de julio de 1936 sí se produjo un golpe de Estado, sino que antes de ese hubo también otros dos: el del 14 de abril de 1931, por el que se proclamó la II República y el de la Revolución de Octubre de 1934, que intentó sin éxito derrocarla para imponer la del proletariado. No es necesario recordar ahora todos los demás de la Historia de España, habría que hablar del Procés por ejemplo. El primero, el del 18 de julio ha sido estos días cuestionado por algunos que ya han sido catalogados como "revisionistas" y como reacción a la ley que ha presentado el gobierno sobre Memoria Democrática. Los dos restantes se comentarán mucho en el futuro puesto que, a diferencia del primero, no han sido incluidos en el enunciado de esa ley.

Cabría objetar que es porque no se encuentran en el periodo de tiempo que se quiere legislar, aunque la respuesta más correcta es que en el del 18 de julio de 1936 no participó el PSOE y en los otros dos sí. La Revolución de Octubre por ejemplo la lideró Francisco Largo Caballero, histórico del PSOE y de la UGT y a quien defendió públicamente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hace unos meses después de que en virtud de la propia ley de Memoria Histórica de ZP pudiera ser considerado para quitarle las calles tal y como explicó El Confidencial, por su responsabilidad en la matanza de Paracuellos. Más trinchera.

No se incluyen los golpes de 1931 o la Revolución del 34 porque en ellos sí participó el PSOE...

¿Es posible que con la nueva acepción de 'apología del franquismo' incluida en la ley se pueda prohibir enunciar que ambos fueron también un golpe contra el estado? La respuesta es no, pero la bronca será de campeonato. El gobierno ha conseguido con el impulso de la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el nuevo ministro Félix Bolaños que su ley de Memoria Democrática -que tendrá que sustituir a la de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero- haga añicos el consenso entre historiadore que explicaba a El Confidencial, Ángel Viñas. Curiosamente se ha desmarcado de sus propias palabras hace poco.

Dedo acusador

En las antípodas, otros historiadores como Roberto Villa ya han alertado del profundo sectarismo que supone la ley en la educación por ejemplo, pero lo que ha prevalecido estos días, estos meses más concretamente, ha sido el silencio y el miedo a ser señalados como "revisionistas". El Confidencial lo ha comprobado claramente: la mayoría de los académicos han preferido no pronunciarse, especialmente -lo han adivinado- entre los que podrían caer en ese posible saco del revisionismo.

¿Por qué ocurre esto? porque sencillamente se consigue uno de los objeticos y es que parezca que quien discute esa versión es franquista. Revisionismo igual a franquismo. Uno de los pocos que ha querido explicar su visión de esta le y ha sido el propio Roberto Villa, profesor de Historia Contemporánea, experto en II República y autor del reciente '1917: El estado catalán y el soviet español' centrado en el periodo anterior:

R. Villa: "No fue un conflicto entre "demócratas" y "fascistas" como pretende el Gobierno"

"No podemos presentar a los escolares una visión pseudo-moralista y maniquea de la Historia Contemporánea de España, ni menos de un acontecimiento tan complejo como la República y la Guerra Civil, que además para nada fue un conflicto entre "demócratas" y "fascistas" como pretende el Gobierno. Es evidente que a los profesores, la ley nos plantea un severo problema de conciencia. La Historia es una ciencia, y no un relato para blanquear causas políticas presentistas, y con esta ley nuestra disciplina va a terminar de perder completamente toda credibilidad ante la opinión pública y ante nuestros alumnos, a mayor gloria de los propagandistas de la "Memoria".

La educación primero

La cuestión radica en que entre algunos de los aspectos más peliagudos de la nueva ley está el relativo a la educación. Según el gobierno se debe a que es necesario homogeneizar en libros de texto de la ESO, Bachillerato y FP la verdad sobre el comienzo de la Guerra Civil y el ya citado golpe del 18 de julio de 1936. Puesto que identifican que muchos libros no eran "suficientemente claros" o en sus textos existía cierta ambigüedad.

Obtuvo respuestas inmediatas, algunas de ellas muy sonadas como la de ex ministro de la UCD Ignacio Camuñas esta semana en un acto con Pablo Casado -Camuñas negó la existencia del golpe- cosa que hasta ahora no había sucedido en esos términos. Es el primer éxito de la ley: bronca y deformación de los hechos y por supuesto consensos historiográficos de años al garete.

El otro gran concepto que viene con la ley es el de 'Apología del Franquismo'

Lo preocupante es que la ley viene precedida de esta trinchera la misma por la cual Pepu Hernández candidato del PSOE a la la Alcaldía de Madird y en la Asmablea se negó a conceder una medalla al escritor e historiador Andres Trapiello precisamente por denominarle "revisionista". Una aseveración que proviene en realidad de la izquierda y que es un señalamiento en toda regla a todo el que no piensa ni se comporta tal y como exige el aparato. Está pasando también en la universidad.

El CGPJ en contra

El otro gran concepto que viene con la ley por otra parte es el de 'Apología del Franquismo'. "Y qué es apología del franquismo?" -explica Villa- "Si cuestionas públicamente el relato de la "Memoria" del PSOE y Podemos, ¿estás haciendo apología del franquismo? ¿Dónde está el límite? Además, ¿cómo es posible que alguien pueda plantear que eso que viene en llamarse "franquismo" compendie las únicas ideas antidemocráticas que existen en España? Y mientras se pone a eso que viene en llamarse "franquismo" fuera de la ley, ¿qué vamos a hacer con los antidemócratas que no son franquistas? ¿Ha pensado el Gobierno que mientras hace esto ha tolerado y tolera los homenajes a los terroristas de ETA? ¿Qué hacemos con los que afirman públicamente que Cuba es una democracia y ensalzan a sus jerifaltes?

El gobierno no abandona la idea de ilegalizar la Fundación Franco creada en la Transición

El CGPJ en su informe no vinculante sobre la ley tiró abajo el concepto y en El Confidencial se ha explicado por qué se tendrá que hacer encaje de bolillos. En esencia implica tácitamente que la ley establece lo que considera que se puede decir y lo que no sobre el periodo aunque no será de aplicación como delito ni para ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco, para la que se ha buscado otra vía ante la dificultad de aplicarlo, que es el de "interés público". Básicamente el gobierno no abandona la idea para nada de ilegalizar la Fundación creada en la Transición para custodiar los papeles privados del dicatdor a pesar de que ésta accediera a que se digitalizaran sus fondos -se hizo durante el gobierno de José María Aznar- que están accesibles en los archivos estatales del Ministerio de Cultura así como las visitas del público general en su propia sede.

La nueva ley de Memoria Democrática viene avalada además por las últimas broncas a cuenta del pasado. Pedro Corral, experto del PP en la asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso ya había remarcado a este periódico que lo peor era abandonar el consenso: " se ha abandonado ese espíritu y estamos en una trinchera porque la primera ley de Memoria Histórica comienza en el 36 y no en el 31 -con la proclamación de la Segunda República- o incluso en 1923 con el golpe de Primo de Rivera". No conmienza así porque en las anteriores habría otras explicaciones del PSOE.