Claves de la ley: ilegalizar la Fundación Franco, retirar títulos y resignificar el Valle

El Gobierno ha dado esta mañana luz verde a la Ley de Memoria Democrática. En palabras de Félix Bolaños, nuevo ministro de Memoria Democrática tras la salida de Carmen Calvo, es “la primera en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el período más negro de nuestra Historia contemporánea”. A partir de aquí le queda el recorrido en las Cortes, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus enmiendas, aunque aparentemente el Gobierno no tendrá problemas para armar las mayorías necesarias.

Tres años después de la exhumación de Franco, esta ley permitirá extinguir fundaciones "que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio", y no podrán ser consideradas bien de utilidad pública. Todas las miradas se posan ahora, por lo tanto, en la Fundación Francisco Franco, cuya ilegalización podría darse de aquí a los próximos años. Según el ministro “no es inminente”, sino que sería un proceso largo, ya que primero se iniciaría un procedimiento administrativo y luego otro judicial.

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Entre otras cuestiones, la nueva ley resignifica el Valle de los Caídos, facilita la búsqueda de los restos de las víctimas, crea un inventario de los bienes expoliados, retira símbolos, distinciones y títulos nobiliarios, extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y establece que la memoria democrática sea contenido curricular en los institutos.

La ley crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que impulsará la búsqueda de las víctimas

Bolaños ha explicado esta mañana en Moncloa que los objetivos fundamentales de la ley son la "recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación". La ley llega tras la primera vuelta del anteproyecto el pasado 15 de septiembre, y habiendo modificado algunos puntos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.

Un punto de mucha relevancia es la futura resignificación del Valle de los Caídos. Bolaños ha defendido que "no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en ningún lugar preponderante en el Valle". Además, se creará el Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca "con la vocación de acumular todos los fondos y archivos fundamentales desde el golpe de estado hasta la promulgación de Constitución".

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Se busca con la ley "afianzar las medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil, el golpe y la dictadura". Para ello, se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a quienes se les concedió “por ser protagonistas de la dictadura o de la guerra". Además, se extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene de un decreto ley de 1957, que según Bolaños es "contrario a la Constitución y los valores democráticos". En su lugar, se aprobará un real decreto que establezca un nuevo régimen jurídico aplicable en el Valle de los Caídos.

El ministro de Memoria Democrática considera que la ley de 2007 "necesitaba ser actualizada". La nueva versión de la de Rodríguez Zapatero gira en torno a cuatro principios: "Los de verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron”, según Bolaños. El Gobierno garantiza que se investigarán “todas las violaciones de los Derechos Humanos desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución". Para ello, se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que investigará todas esas violaciones e impulsará la búsqueda de las víctimas.

Reparación y cambios en el currículum

Con esta ley el Estado se compromete a ayudar a las familias que busquen los restos de sus antepasados, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando en este asunto. Se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda, y además se facilitará el derecho de acceso a los archivos y a los fondos de consulta "para que se pueda conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años tristes para nuestro país".

Además, se declaran "injustas" las violaciones de derechos humanos "que se produjeron durante el golpe de estado, la guerra y la posterior dictadura", así como "ilegítimos" los tribunales de excepción que dictaron sentencias, que pasan a ser nulas. También se establecen dos días en memoria de las víctimas: el 31 de octubre será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, la dictadura y el golpe de estado, y el 8 de mayo el Día de las personas exiliadas. Por otro lado, “se pone en valor el papel de las mujeres como protagonistas principales de la vida política y cultural y de la recuperación de la democracia en nuestro país”. Además, con la ley se creará "una auditoría y un inventario de los bienes expoliados por el régimen franquista por razones políticas".

La nueva ley también tiene impacto en la educación, ya que según ha explicado el ministro, "la memoria democrática será un contenido curricular en la educación, tanto en bachillerato como en la ESO y en la formación profesional". Bolaños ha desarrollado que "se estudiarán los valores democráticos y se reivindicarán los derechos fundamentales como eje fundamental en cualquier currículum", y se fomentará la investigación.

Otras novedades son el establecimiento de dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española: el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad y el de los hijos mayores de edad de aquellos que ya se les dio la opción en la ley de 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Además, se crea también un Consejo Interterritorial para que exista cooperación entre las distintas administraciones (local, autonómica y estatal) y un Consejo de Memoria Democrática en el que participarán memorias memorialistas para asesorar a las Administraciones y al Gobierno.