El Gobierno aprueba la ley que repudia por primera vez el franquismo
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno aprueba la ley que repudia por primera vez el franquismo

La norma contempla desde la ilegalización de la Fundación Francisco Franco hasta "resignificar" el Valle de los Caídos, lo que implicaría trasladar el cadáver de Primo de Rivera

placeholder Foto: Vista general del Valle de los Caídos. (Reuters)
Vista general del Valle de los Caídos. (Reuters)

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley de Memoria Democrática, el primer texto normativo que repudia el franquismo y que coge el testigo de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Este nuevo texto, que todavía debe afrontar el trámite parlamentario, sirve, según el criterio del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para homologar la legislación española a la del resto de países europeos y para situar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en el centro de "la acción política".

Esta ley incluye una serie de medidas entre las que destacan la "resignificación" del Valle de los Caídos —que implicaría el traslado de los restos de Primo de Rivera—, la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, la retirada de símbolos y distinciones otorgadas por el franquismo o la ilegalización de entidades como la Fundación Francisco Franco en la medida en la que se determinara que hace apología del franquismo.

Foto: Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, junto al retrato del dictador, en la sede de Concha Espina. (Julio Martín Alarcón)

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de Memoria Histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Entre ellas también ha destacado la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la ya citada creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo. Eso sí, Bolaños ha apuntado que la activación de esta nueva Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible. Además, las pesquisas de la Fiscalía permitirán, en su caso, determinar la autoría de algunos crímenes del franquismo, lo que permitirá en ciertos casos determinar la identidad de los responsables, que dado el tiempo transcurrido ya habrán fallecido, por lo que en ese punto concluirá la investigación, ha señalado.

Ilegalizar la Fundación Franco

Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo que estaría incluida en los supuestos de extinción previstos en la norma, Félix Bolaños ha afirmado que no será "inmediata", una vez que entre en vigor tras su aprobación por el Parlamento, y ha augurado que el procedimiento que se podrá abrir seguramente acabará en los tribunales.

También ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, tras la exhumación de Francisco Franco, afecta ahora a los restos del que fue fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que también tendrán que ser retirados. Eso sí, ha asegurado que cuando se emprenda su traslado el Gobierno procurará hacerlo "de manera pactada" con los familiares.

Foto: Casado, esta mañana en Ávila. (EFE)

No ha querido aventurar el ministro todavía en qué consistirá el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos, a la espera del proyecto que se acometa con el marco legal que se activará al amparo de la ley, sin especificar si se atenderán las demandas más extremas, como la voladura de la enorme cruz que preside el enclave.

Sí ha aclarado que si la Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales es porque ya a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros. El hecho de que esta ley no genere ese "derecho adicional", ha concretado, no significa que no se hayan acometido compensaciones, una parte de la responsabilidad que el Gobierno considera ya "suficientemente cubierta" por lo que ahora el paso "más allá" que quiere dar "es el paso de la dignidad".

Unidas Podemos pide más

Por su parte, Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, ha remarcado que el anteproyecto de la ley es "positivo" pero también tiene margen de mejora para incorporar más avances acorde con las reivindicaciones de los colectivos memorialistas, que intentarán llevar a término durante el trámite parlamentario.

La diputada del grupo y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha subrayado en rueda de prensa que "echan de menos" algunos aspectos, como el habilitar reclamaciones económicas a las víctimas de la dictadura franquista. También aspiran que las vulneraciones de los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la transición sean contemplados también como "crímenes de la dictadura".

José Antonio Primo de Rivera Valle de los Caídos
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