El Gobierno mantiene su plan para prohibir la Fundación Franco pese al informe del CGPJ

El Gobierno está dispuesto a aprobar sin cambios su proyecto de ley sobre la memoria democrática a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que pone en duda una de sus principales novedades: la extinción de las fundaciones en apoyo a la figura de Franco. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que su extinción por apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, "constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión". Fuentes del Gobierno insisten en que siguen considerando que la apología del franquismo debe ser causa de extinción de las fundaciones o asociaciones "porque no se puede defender el franquismo sin denigrar a las víctimas".

Desde la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo, el departamento que ha impulsado el texto, mantienen que no tienen previsto variar su hoja de ruta, que pasa por aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de verano, y recuerdan que el informe del CGPJ "es preceptivo, pero no vinculante". A la espera de analizar el texto en profundidad, puesto que todavía no ha sido remitido formalmente al Ejecutivo, argumentan que la ponencia aprobada por mayoría sostiene que simplemente no considera la fórmula adecuada, "no que no sea posible" la extinción de estas asociaciones, especialmente la Fundación Francisco Franco. El Ejecutivo debe recibir todavía el informe del Consejo de Estado.

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El plan del Gobierno se mantiene así para que cuando entre en vigor la ley no pueda seguir habiendo fundaciones que enaltezcan el totalitarismo o figuras dictatoriales. En esta línea, las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. Asimismo, se contemplan medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

El texto de la ponencia señala la necesidad de precisar la redacción de dicho precepto y propone que sean los órganos administrativos creados en materia de memoria democrática los competentes para dirigir la solicitud de extinción de la fundación al juez. La propuesta también critica que se incluya como nueva causa general de extinción de fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. El pasado mes de febrero, el CGPJ ya rechazó por unanimidad dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

El informe concluye en cambio que el anteproyecto respeta el marco constitucional al perseguir la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que los menosprecien, humillen o desacrediten, y exalten determinados hechos históricos de nuestro pasado; pero advierten de que la redacción del precepto puede dar lugar a una tutela "asimétrica" de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo.

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El anteproyecto incluye la creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la Transición, lo que supondría la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; la resignificación del Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil; la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, o el cierre de fundaciones y asociaciones si se considera que realizan apología del franquismo.

Ley trans y LGTBI

Otra de las leyes con las que el Ejecutivo busca cerrar el curso político es la denominada ley trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, incluso le puso fecha, antes de la celebración del Orgullo LGTBI, y fuentes de su departamento señalan que se ha avanzado en las negociaciones que mantienen con Justicia para que así sea. "Somos conscientes de que hay necesidad de sacarla antes del Orgullo, por ambas partes", añaden, reconociendo que se han ido puliendo las diferencias y que la voluntad pasa por que "haya acuerdo lo antes posible".

La libre autodeterminación de género, el principal escollo que se había encontrado la ley, es una línea roja de Igualdad en la que también se habrían acercado posturas. Para avalar jurídicamente su propuesta de que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años, desde Igualdad se acogen a una instrucción de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. El primer paso para desbloquear el paquete de leyes pendientes de impulsar por el Ministerio de Igualdad se produjo después de que este último departamento aceptase fusionar en un único texto las leyes trans y LGTBI, que llegarían juntas al Consejo de Ministros.