Calvo y Montero acercan posturas para la ley trans con la única traba en la elección de sexo

PSOE y Unidas Podemos han dado un primer paso para desbloquear el paquete de leyes pendientes de impulsar por el Ministerio de Igualdad al aceptar estos últimos fusionar en un único texto las leyes trans y LGTBI. La principal traba ahora se sitúa en la libre autodeterminación de género, cuestión que deberá negociar el departamento que dirige Irene Montero con el de Justicia.

Pero, a diferencia de tiempos pasados, se parte ahora de posiciones menos enquistadas porque, según explican fuentes del Gobierno, se trata de "adecuar al ordenamiento jurídico" este nuevo derecho. Fuentes de la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo han celebrado que se acepte la fusión de las dos leyes "por economía jurídica", ya que "ambas solapan contenidos". En materia de igualdad, está pendiente un paquete más amplio de iniciativas. Además de la ley denominada del 'solo sí es sí', está en tramitación la de igualdad de trato y se plantea otra más contra la prostitución.

Está completamente descartado que para ello se requieran informes médicos como requisito, según estas mismas fuentes, tal y como se pretendía en los primeros borradores de Igualdad, bastando la declaración expresa. Lo que se está estudiando ahora es cómo regular en el Registro Civil esta 'voluntad' de las personas a la hora de elegir su sexo. El objetivo, añaden, es hacerlo "lo más ágil posible", lo que supone un salto cualitativo, ya que se habían planteado en las negociaciones requisitos que podrían ralentizar el cambio de sexo hasta dos años.

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No está claro todavía si desde Justicia, bajo el prisma de la "seguridad jurídica", se plantearán requisitos como el periodo de reflexión o los testigos que no dejarían de ralentizar estos procesos. Con todo, las diferencias comienzan a ser más técnicas y jurídicas que políticas, después de que estas leyes lleven enquistadas por diferencias entre Igualdad y la vicepresidencia primera desde el pasado mes de febrero por "disparidad de criterios". Un choque que impidió elevar el texto al Consejo de Ministros antes del 8-M, como se pretendía desde Igualdad.

En el departamento que dirige Irene Montero, tras plegarse a la fusión de ambas leyes, mantienen como línea roja que se garantice "el derecho a la libre determinación de la identidad de género", en línea con el llamamiento este martes de las principales organizaciones LGTBI. Una propuesta, según sus impulsores, que busca "desbloquear ya las negociaciones entre Igualdad y el PSOE". Es por ello que han planteado que mediante esta propuesta "Igualdad aceptaría una ley única y la presidencia del Gobierno asumiría la libre determinación de género".

Para avalar jurídicamente su propuesta de que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años, desde Igualdad se acogen a una instrucción de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.

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"En la actualidad, se está tramitando por el Parlamento una proposición de ley que previsiblemente modificará la anterior de 2007, despatologizando la incongruencia de género, y permitiendo el cambio de la constancia registral del género sentido mediante la simple expresión de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, incluso siendo el mismo menor de edad. Ello brindará una solución más adecuada, y conforme con la realidad de las cosas, a la luz del estado actual de la ciencia médica. Pero mientras eso llega, hay situaciones actuales que demandan una solución urgente, especialmente en la medida en que afectan a menores de edad", concluye la instrucción.

Precisamente, lo que se plantea desde Igualdad no difiere de la ponencia presentada por el PSOE y aprobada en la comisión de Justicia en 2019, y que finalmente decayó al convocarse elecciones generales. Entonces, tanto los informes del Ministerio de Interior como del Ministerio de Justicia solicitados por los diputados de la comisión de Justicia para la ponencia de la propuesta de ley socialista fueron favorables, por lo que confían en que ahora también lo sean a su iniciativa. Por otra parte, se amparan en que la estrategia LGTBI que marca la UE coincide con la autodeterminación de género sin requisitos de ningún tipo, como ha manifestado Helena Dalli, comisaria de Igualdad.

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Desde el Gobierno, se confía en que Igualdad y Justicia, coproponente de la ley, lleguen a un acuerdo, con la prioridad de no "desbordar el marco constitucional", al recordar que la autodeterminación de género "no es un derecho fundamental". Se sigue apelando, sin embargo, a la necesidad de imprimir al texto "seguridad jurídica". Unos argumentos similares a los que se utilizaron desde el sector socialista con la ley de libertades sexuales, conocida como ley de 'solo sí es sí'. Al igual que ahora, se visibilizó un choque que tiene mucho que ver con quién se hace con la hegemonía del feminismo, pero también con los contenidos, debido a las distintas tradiciones que representan socialistas y morados.

Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos se enfatizaron ya al inicio de la legislatura en lo referente a la llamada teoría queer, y los socialistas llegaron a advertir sobre su temor de que las leyes impulsadas desde Igualdad, en manos de Irene Montero, acaben "desdibujando" a la mujer. Cuando los socialistas abordaron la ley trans en una ejecutiva federal celebrada el pasado mes de febrero, en plena polémica con sus socios, se reconoció que se trata de "un tema delicado, complejo y muy sensible que no se puede abordar a la ligera ni atajar en términos que pueden abrir la puerta a otros debates que afecten a la igualdad de las mujeres, algunos en los que nuestro partido está en contra, como los vientres de alquiler, o todo lo derivado de no encajar con rigor este proyecto".