La ley estrella de Carmen Calvo, en manos de un CGPJ dividido

El Gobierno confía en llevar al Congreso antes del verano la Ley de Memoria Democrática, pero quien tendrá la última palabra será el CGPJ. El órgano de gobierno del poder judicial debe emitir todavía un dictamen para validar la norma promovida desde la vicepresidencia primera, que dirige Carmen Calvo. Fuentes cercanas a esta última reconocen que el cumplimiento de los plazos que manejan "depende" de los jueces y de su Consejo, es decir, de un órgano en funciones, dividido y que ha protagonizado algunos choques con el Ejecutivo a cuenta de su renovación a través de la reforma del sistema de elección que finalmente fue retirada.

El pasado mes de febrero, el CGPJ ya rechazó por unanimidad dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Entonces, las deliberaciones se prolongaron durante cuatro meses y a día de hoy la norma todavía no ha llegado al Congreso. Por otra parte, el informe del Consejo Fiscal sobre la Ley de Memoria Democrática ya salió adelante con un estrecho margen de seis votos a cinco, necesitando el apoyo del jefe de la Inspección —vocal nato— y de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para desempatar.

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El objetivo de la vicepresidencia primera es cerrar el curso político con la tramitación parlamentaria del que es uno de los proyectos estrella del Gobierno, por lo que las mismas fuentes dicen estar "a la espera" de un informe para el que se solicitó una nueva prórroga el pasado 13 de mayo. Todo ello después de que los dos vocales encargados del dictamen, uno progresista designado por el PSOE (Álvaro Cuesta) y otro conservador designado por el PP (José Antonio Ballestero), mantuviesen posturas claramente enfrentadas, hasta el punto de que se nombró a dos nuevos ponentes.

Diferencias en el seno del CGPJ sobre la seguridad jurídica del texto que no solo ajustan al máximo los plazos para la tramitación del proyecto, sino también varios de los aspectos que contempla. El anteproyecto incluye la creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la Transición, lo que supondría la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; la resignificación del Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil; la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, o el cierre de fundaciones y asociaciones si se considera que realizan apología del franquismo.

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Si bien desde la vicepresidencia primera tienen la esperanza de que el dictamen se resuelva en dos o tres semanas para cumplir con los plazos fijados, difícilmente podría tramitarse la futura ley dentro de este periodo de sesiones. En cualquier caso, se tendría que convocar por la Mesa del Congreso un pleno extraordinario en julio, lo cual ya se prevé desde el Gobierno para mantener la actividad parlamentaria todas las semanas de ese mes, antes de las vacaciones, menos la primera. La presión al Gobierno para que se acelere la tramitación de la ley es doble, procediendo tanto de las asociaciones memorialistas como del socio minoritario, Unidas Podemos. Este mismo miércoles, protestaron frente al Congreso las asociaciones que reclaman que no se demore más la ley, a quienes acompañó el presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

El principal motivo que invita al optimismo del Gobierno es el perfil más moderado de los dos nuevos ponentes del informe. Se trata de Roser Bach, designada por el PSOE, y de Wesceslao Olea, considerado más moderado. Con todo, Bach fue una de las magistradas que elaboraron el dictamen crítico contra la ley del 'solo sí es sí'.

Opinión

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Desde el Ejecutivo, se quiere visibilizar una agenda legislativa reformista para contrarrestar el efecto del 4-M, en el que la oposición se impulsa para hablar de un cambio de ciclo, además de trasladar el mensaje de estabilidad para llevar a término la legislatura con el viento a favor de los fondos de recuperación. En este contexto, la Ley de Memoria Democrática es una de las señas de identidad del Gobierno de coalición, junto a otras normas en materia de igualdad que también pretenden tramitarse antes de verano, según Igualdad, como la ley trans o la de 'solo sí es sí'.

La futura norma asume la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad de Estado. La previsión del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática es que durante el primer plan cuatrienal se puedan exhumar entre 20.000 y 25.000 víctimas. Una medida que irá acompañada de otras como el impulso del mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones, un régimen de autorizaciones y un censo de víctimas.

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El texto legal, que cuenta con un total de 66 artículos, agrupados en cinco títulos, fortalece el reconocimiento de la condición de víctima, declarando ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista. Las medidas de reparación, que están contempladas en el capítulo tercero de la ley, tienen que ver con la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Sin embargo, entre los socios parlamentarios del Gobierno se plantean reticencias a este punto.

Desde ERC, avanzan que internamente genera rechazo según los primeros análisis de su sectorial de memoria y reparación. Entiende que el texto nacería cojo en lo referente a la "reparación económica" y restitución de bienes incautados. Una cuestión fundamental para esta formación y por la que ya presentaron una proposición de ley en 2017 que vetó el Gobierno, al considerar que supondría una alteración de los Presupuestos por un coste extraordinario de más de 4.300 millones de euros. Uno de sus objetivos pasaba por la reposición del patrimonio de los republicanos que fueron expoliados por la dictadura.