Calvo cierra con sus socios la ley de memoria y da portazo al CGPJ: “Legislan las Cortes”

El Gobierno tiene previsto aprobar definitivamente el proyecto de Ley de Memoria Democrática en el Consejo de Ministros esta próxima semana o la siguiente, según fuentes de Moncloa. Desde la vicepresidencia primera, el departamento dirigido por Carmen Calvo que impulsa la nueva norma, se ha hablado ya con todos los grupos parlamentarios, principalmente con sus socios de investidura. El compromiso pasa por que la ley llegue al Congreso este próximo mes de julio e iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político.

La futura ley seguirá adelante sin incorporar las recomendaciones del informe del Consejo General del Poder Judicial, que ponía en tela de juicio que se pudiesen extinguir organizaciones como la Fundación Franco por hacer apología del franquismo. Como ya avanzó este diario, el Gobierno siempre mantuvo su plan para prohibir la Fundación Franco pese al informe del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, este miércoles, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, visibilizaba su pulso: “Como es sabido, las leyes las elaboran las Cortes Generales, y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país”. De este modo, confirmaba respecto al dictamen sobre la ley que “hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y no va a compartir”.

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El informe no es vinculante, solamente preceptivo, como recalcan fuentes del Ejecutivo. Además, estas mismas fuentes sostienen que siguen considerando que la apología del franquismo debe ser causa de extinción de las fundaciones o asociaciones, "porque no se puede defender el franquismo sin denigrar a las víctimas". Es su respuesta a la advertencia del CGPJ argumentando que la extinción por apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, "constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

El plan del Gobierno se mantiene así para que cuando entre en vigor la ley no pueda seguir habiendo fundaciones que enaltezcan el totalitarismo o figuras dictatoriales. En esta línea, las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. Asimismo, se contemplan medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

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El texto de la ponencia señala la necesidad de precisar la redacción de dicho precepto y propone que sean los órganos administrativos creados en materia de memoria democrática los competentes para dirigir la solicitud de extinción de la fundación al juez. La propuesta también critica que se incluya como nueva causa general de extinción de fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo.

"El Gobierno no comparte ni compartirá que el enaltecimiento del totalitarismo, que es el fascismo de la dictadura de Franco, forma parte de la libertad de expresión, cuando cada día esto significa el vilipendio más absoluto de todas esas víctimas", concluía por su parte Carmen Calvo en una respuesta ayer en el pleno del Congreso a la diputada de EH Bildu Bel Pozueta. El informe concluye en cambio que el anteproyecto respeta el marco constitucional al perseguir la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que los menosprecien, humillen o desacrediten, y exalten determinados hechos históricos de nuestro pasado; pero advierten de que la redacción del precepto puede dar lugar a una tutela "asimétrica" de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo.

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Pozueta valoró positivamente la respuesta de Calvo, y cargó contra un informe, el del CGPJ, que calificó de "pura apología del franquismo". "Cuesta creer que, en un Estado democrático, quien debe velar por la objetividad judicial, el máximo poder de la judicatura español, haga tal defensa de una dictadura y sus crímenes. ¿Se imagina una Fundación Adolf Hitler en Alemania? Sería impensable. Pero aquí, en este Estado, ocurre con el aval de los jueces", concluyó. Al mismo tiempo, reclamó una mayor celeridad para tramitar lo antes posible la ley, así como una mayor "ambición". El compromiso, según reconocen fuentes cercanas a la vicepresidenta, es llevarlo lo antes posible al Consejo de Ministros con el objetivo de que su tramitación arranque en el próximo periodo de sesiones.