PSOE y ERC blindan su alianza en el Congreso para salvar el escudo social de Sánchez

Los grupos del PSOE y de ERC en el Congreso han decidido mantener su alianza a salvo de interferencias externas y de presiones. La semana está siendo complicada para una relación que la exportavoz socialista Adriana Lastra y el portavoz catalán, Gabriel Rufián, han labrado durante los últimos dos años. Se acerca la convocatoria de la mesa de diálogo, pues de momento es la intención compartida del Gobierno y del Govern, y los vientos provenientes de Cataluña nublan el paisaje del Congreso como consecuencia del portazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat. Fuentes de ambos partidos, sin embargo, dan por hecho que las negociaciones iniciadas en Madrid y los objetivos comunes no están en peligro. Entre dichas metas, una: dar forma al escudo social y a la "recuperación justa" de la que habla Pedro Sánchez.

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Ahora mismo, un asunto ocupa a los dos partidos. Sobre la nueva ley de vivienda, PSOE y ERC llevan hablando muchos meses. El posicionamiento de Rufián es claro, a favor de un modelo que copie la regulación de alquileres que ha aprobado el Parlamento de Cataluña, en esencia muy similar a los postulados de Unidas Podemos. Se trata de congelar o de bajar los precios en las zonas residenciales que se tensionen. El Gobierno ha recurrido la norma ante el Constitucional por considerar que invade competencias ajenas, pero no ha pedido su suspensión automática. Ello significa que la legislación catalana seguirá en vigor hasta que surja una ley nacional o se pronuncie el alto tribunal.

De ahí las prisas de ERC por sacar adelante una normativa parecida a la catalana, lo que el Departamento de Vivienda del Ministerio de Transportes quiere evitar. La idea es controlar alzas de precios por la vía impositiva y por otras vías regulatorias (prórrogas automáticas de contratos en dichas zonas tensionadas sin subir lo que esté pagando el arrendatario). Las conversaciones se retomarán este mes para intentar desatascar una negociación que ha encendido los ánimos de los socios de la coalición y de su principal aliado en el Congreso, la propia Esquerra.

Otra área en la que se han embarcado socialistas y republicanos es la Ley de Memoria Democrática, ya en el Congreso tras el visto bueno del Consejo de Ministros. La posición aquí de Gabriel Rufián es tajante y ha transmitido un planteamiento de máximos, del que, apuntan fuentes de este partido, no se van a mover: creen que la norma, aunque significativamente mejor que la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene una laguna: no declara ilegal el franquismo. Mediante una enmienda parcial, ERC intentará que el texto definitivo recoja su pretensión. Si no es así, votará en contra. Será una discrepancia que, con todo, no enturbiará otros cauces abiertos.

El tercer campo que han empezado a tratar versa sobre la futura ley de comunicación audiovisual, cuya principal novedad reside en la reforma de las fuentes de financiación de RTVE. A ello deberán contribuir "todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto, televisión lineal de pago, prestadores de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio de vídeos", según consta en la presentación del anteproyecto por parte del Ministerio de Asuntos Económicos.

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Aunque ha habido tanteos, PSOE y ERC no han hablado en serio sobre las cuentas públicas del próximo ejercicio, indican fuentes parlamentarias al tanto del proceso. De modo informal, han abordado objetivos comunes, como la necesidad de consolidar la 'recuperación justa' que Moncloa ha convertido en lema ahora que la pandemia podría remitir como consecuencia de la campaña de vacunación. La dirección socialista sabe que ERC quiere participar en el diseño, aunque las exigencias de partida previsiblemente sean diferentes. Los independentistas, en materia social, habitan más cerca de Unidas Podemos que del Partido Socialista.

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Precisamente es la agenda social lo que une a los dos partidos. Eso e impedir que el PP pueda llegar a la Moncloa con el apoyo de Vox. Es lo que han esgrimido los portavoces parlamentarios ante sus jefes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès-Oriol Junqueras, para dejar abierto el canal de interlocución.

Las fuentes consultadas destacan este giro de la formación independentista en Madrid. Hasta la presente legislatura, Esquerra era un partido que habitualmente rechazaba las políticas impulsadas desde Moncloa, incluidas las del Partido Socialista. El impulso de Zapatero encontró muchos noes de los republicanos. También Sánchez, al menos hasta su investidura en enero de 2020. A partir de entonces, los catalanes trabajan en línea con lo que Rufián avanzó a Lastra en una reunión privada celebrada en el Congreso, en julio de 2019. Le dijo que si la aritmética los hacía fundamentales, ERC participaría en una agenda legislativa progresista. Y la aritmética, efectivamente, hace fundamentales a sus 13 diputados.

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No es una alianza a prueba de bombas, pero sí firme y honesta. Por ahora, puede sortear dardos envenenados lanzados por otras cuestiones. La hostilidad del Govern con Moncloa por el cierre del plan de ampliación del aeropuerto de El Prat ha sido manifiesta. También ha sido contundente el portazo del Ejecutivo de Sánchez a la operación, que no se retomará hasta dentro de cinco años.

Vienen tiempos difíciles para esta relación llena de suspicacias, tanto dentro de ambos partidos como fuera. La idea es separar las negociaciones parlamentarias de las demás y aguantar toda la legislatura. De hecho, el nuevo portavoz socialista, Héctor Gómez, recoge como legado la preferencia que Lastra dio a ERC en las negociaciones de leyes sociales. Es más: la propia Lastra seguirá hablando con Rufián. Después del próximo ciclo electoral, ya se verá.