La ley estrella de Carmen Calvo entra en el Congreso derrapando

La Ley de Memoria Democrática del Gobierno, el proyecto estrella al que la exvicepresidenta Carmen Calvo dedicó gran parte de su gestión, ha entrado en el Congreso apurando la frenada y se arriesga a salirse del carril parlamentario porque uno de los principales socios, ERC, directamente la rechaza. En Unidas Podemos, aunque satisfechos con el tono y alcance de la norma, esperan mejoras importantes. Los aliados de la coalición en la Cámara es lo que quieren, en líneas generales: mejorar la redacción.

Se avecina una negociación ardua y con numerosas aristas en la Comisión Constitucional, que es el órgano parlamentario que ha acogido la tramitación de la propuesta nada más llegar al Congreso. Es un proyecto de ley y, por tanto, los grupos han de comenzar un periodo de presentación de enmiendas, continuar con un proceso de transacción y culminar con la redacción de un dictamen. Lo votarán y lo elevarán al pleno si sale aprobado. Y ya este se encargará de votar de nuevo y remitir el texto al Senado para que se vayan completando exactamente los mismos pasos, pero en la Cámara Alta.

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En el mejor de los casos, y siempre y cuando el grado de respaldo parlamentario lo permita, la Ley de Memoria Democrática entrará en vigor antes de que acabe el año, al menos son las previsiones que maneja el Gobierno. No obstante, si hay que pasar a 2022 para proseguir la negociación y garantizar que haya una norma que reemplace en gran medida a la de memoria histórica, el PSOE no pondrá ningún problema. Mejor una negociación larga que un susto al final.

Ahora mismo, hay grupos que creen que ocurrirá eso, que la tramitación alcanzará el año que viene, porque ERC ha comunicado a los negociadores del Gobierno, desde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la portavoz del grupo en el Congreso, Adriana Lastra, que su voto será no. A no ser, claro, que se produzca un cambio, apuntan a El Confidencial fuentes parlamentarias conocedoras de las conversaciones entre el PSOE y Esquerra: los independentistas catalanes no se conforman con que las penas y las sentencias de los tribunales franquistas se declaren nulas; quiere que sean consideradas "ilegales". "Quieren que conste que el franquismo fue ilegal", añaden las mismas voces. Los republicanos han dicho que si el Gobierno no acata esta petición, sus 13 diputados rechazarán el proyecto.

Así las cosas, el PSOE tiene que sujetar con firmeza el apoyo de Unidas Podemos (35 escaños) e intentar asegurar el del PNV (6). No las tiene todas consigo respecto a EH Bildu (5), pues suele estar alineado con la formación catalana en muchas cuestiones. La coyuntura mira, una vez más, a los partidos minoritarios, cuya participación será decisiva. El papel que adopten los diputados de Más País, PDeCAT, Compromís, BNG, Teruel Existe, Nueva Canarias o Partido Regionalista de Cantabria resultará fundamental, y ni por esas la aritmética parlamentaria se inclina a favor. El Gobierno es consciente de que este proyecto solo puede sacarlo adelante con las siglas del bloque de la investidura de Pedro Sánchez, toda vez que PP, Vox, Cs, UPN y Foro han dejado claro que nada les hará cambiar de criterio. Los de Santiago Abascal incluso pretenden llevar el proyecto de ley al Tribunal Constitucional.

La formación de Yolanda Díaz, por ahora, está conforme con el texto, pero apuntan a modificaciones necesarias en amnistía. El secretario de Estado Enrique Santiago es quien está ultimando las enmiendas que el grupo presentará en cuanto el trámite empiece, que será en unos días.

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Los Presupuestos no están a salvo

Vaya inicio de curso le espera al Gobierno de coalición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a septiembre en estado de euforia y con la energía recargada porque las evacuaciones de Afganistán y la recepción y acogida de los ciudadanos en la base de Torrejón han salido bien. Sin embargo, el alza del récord en el precio de la luz, este lunes de nuevo en una cima más alta que la anterior, y el estancamiento de la ley de vivienda, en concreto de la regulación de los alquileres, son como esas nubes negras que ves a lo lejos y sabes que provocarán una tormenta.

Por orden: a) sobre la tarifa eléctrica: Unidas Podemos quiere que el PSOE sea más ambicioso en la aplicación de medidas, y por ello los ministerios de Ione Belarra y de Alberto Garzón están negociando con la Vicepresidencia de Teresa Ribera; b) sobre los alquileres: Unidas Podemos y ERC piden al Partido Socialista que haga posible que los precios bajen en las zonas tensionadas, en vez de una retahíla de incentivos fiscales o de medidas como prórrogas automáticas para dar más vida a los contratos de arrendamiento; c) sobre la memoria democrática: las siglas de Díaz quieren medidas sobre amnistía más rotundas, en tanto que Esquerra aboga por la declaración del franquismo como "ilegal".

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También están los Presupuestos llamando a las puertas de la negociación, que en julio comenzaron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Aquí, el margen de maniobra es mayor, pero, como apunta una fuente de un partido aliado del Gobierno, si en alquileres y en memoria democrática no se producen acercamientos, difícilmente los habrá con las cuentas públicas.

La herencia de Carmen Calvo

La primera comparecencia pública del actual titular de Presidencia, Félix Bolaños, se produjo el 20 de julio para contar los pormenores de la Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros enviaba al Congreso, previa aprobación. Es un texto que trabajó a destajo Carmen Calvo, a quien no dio tiempo a presentarlo por la crisis de Gobierno que Pedro Sánchez acometió a primeros de ese mes. Fue uno de los descartes.

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Su sucesor presentó las líneas maestras de la norma después de asumir parcialmente algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos, no todas. El Consejo General del Poder Judicial expresó sus dudas por cómo está escrito el precepto que acaba con fundaciones y asociaciones que hagan apología del franquismo, como puede ser el caso de la Fundación Francisco Franco. Se amparó el órgano de gobierno de los jueces en la libertad de expresión. Moncloa, sin embargo, mantuvo su hoja de ruta hacia la desaparición de este tipo de organizaciones.

Es uno de los puntos más conspicuos del proyecto, aunque hay más. El 31 de octubre queda instaurado como el día de homenaje a las víctimas del franquismo y el 8 de mayo, como el del recuerdo de los exiliados por culpa de la Guerra Civil y de la dictadura. Se hará un censo nacional de víctimas, así como un plan cuatrienal de actuaciones que canalizará un Consejo Territorial formado por las administraciones estatal, autonómicas y municipales.

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Hacer un mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones y un banco nacional de ADN de las víctimas son algunos de los objetivos que se propone el proyecto, al igual que la creación de un fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se encargará de investigar los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, o la investigación de los bienes expoliados desde 1936. De entrar en vigor la ley, y si no hay cambios en el Congreso, serán revocados las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, condecoraciones y recompensas de ambas épocas; se suprimirán, además, los títulos nobiliarios que supongan exaltación.

El Valle de los Caídos se convertirá en un centro de finalidad pedagógica, se extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el Panteón de Hombres Ilustres pasa a llamarse "Panteón de España".

Salga adelante o no, el debate en el Congreso encenderá los ánimos.