ERC, salvavidas recurrente del Gobierno: PGE, alarma, ley Celaá y ahora los interinos

Los independentistas catalanes de ERC han vuelto a salvar al Gobierno de una derrota histórica y consolidan su posición de socio estable. Lo hacen, además, a las puertas de que el Consejo de Ministros apruebe un nuevo techo de gasto para los Presupuestos del año próximo, que se negociarán a la vuelta del verano. El decreto de los interinos que se debatió ayer en el Congreso estuvo a punto de darle un disgusto a Pedro Sánchez. Al final, el Ejecutivo accedió a que los trabajadores interinos de la administración pública puedan adjudicarse la plaza si acumulan diez años de antigüedad; un proceso por méritos, sin necesidad de pasar por oposición. Primero, porque el contenido (pactado con los sindicatos) era un compromiso adquirido con la Comisión Europea en el plan de reformas enviado a Bruselas. No convalidarlo ponía en un brete al presidente frente a los socios comunitarios.

También suponía una demostración de la debilidad parlamentaria que tiene el Gobierno de coalición. En realidad, se lleva haciendo evidente desde hace meses y este miércoles no fue una excepción. Los reproches y las advertencias de sus socios habituales (también PNV y Bildu fueron muy duros) se abrieron paso en cada debate. Pero ERC, a pesar de exhibir su enfado, terminó lanzando el enésimo salvavidas a Sánchez. El partido que lidera Gabriel Rufián tuvo que reconocer que cambió su posición “en solo cinco horas” y se dispuso a justificar un giro absoluto en el sentido del voto. El día anterior, el portavoz ironizaba: “Pinta mal”, aseguraba. “Es inaceptable”, llegó a decir.

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Los diputados de ERC (y en última instancia, una diputada de Unidas Podemos, que aun rompiendo la disciplina de voto en la primera vuelta decidió inhibirse para permitir que saliera adelante) fueron decisivos para que María Jesús Montero (ahora ministra de Función Pública) no sufriera su segunda gran derrota en un decreto (ideado por Miquel Iceta), tras perder la votación sobre remanentes de los ayuntamientos en el otoño de 2020. En aquella ocasión, tanto ERC como el PNV provocaron la derrota del Ejecutivo. Ahora, en cambio, los republicanos le vuelven a tender la mano.

En su discurso político de los últimos meses, Rufián ha insistido mucho en la soberbia del Ejecutivo por entender que actuaba “como si tuviera mayoría absoluta”, y advirtiendo de que si su actitud continuaba así, en algún momento importante lo dejarían caer. Sabía de lo que hablaba, porque en 2019 decidieron no apoyar los Presupuestos Generales, abocando a una convocatoria electoral en abril.

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Sin embargo, en el último año y con la excepción de una prórroga del estado de alarma, en que votaron en contra, los republicanos han sido clave en la mayor parte de las votaciones del Gobierno. Siempre entre críticas y con ultimátums, pero con final feliz para Sánchez en muchas ocasiones. También han salvado al presidente de comparecer en decenas de ocasiones, igual que han evitado que salieran adelante comisiones de investigación sobre asuntos complicados del Gobierno (Plus Ultra, Neurona o la propia comisión sobre el covid).

El decreto de los interinos ha sido el último ejemplo. Los partidos de la oposición dan por hecho que habrá “una contrapartida”, y miran directamente a las próximas cuentas públicas y a la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Aseguran que el Ejecutivo “temía perder la votación” hasta la noche previa y que las conversaciones se prolongaron durante la madrugada. PP y Ciudadanos desconfían abiertamente del acuerdo alcanzado.

En realidad, ERC ha sido un socio prioritario para el Gobierno desde hace mucho tiempo. El verdadero ‘hacedor’ de esa posición para los republicanos fue Pablo Iglesias, aún como vicepresidente, que remó expresamente para dar al grupo de Rufián ese sitio, también en la negociación de los Presupuestos. Mantuvo directamente encuentros con ERC y también con Bildu, para tratar de consolidar la mayoría de la investidura y expulsar de la ecuación a otros actores como Ciudadanos, que durante el año de pandemia ganaron peso en las prórrogas del estado de alarma. Algunas las sacaron con los votos naranjas como decisivos.

Y, de hecho, en la negociación presupuestaria del año pasado se mantuvieron las dos vías abiertas hasta el final. Venció la de Iglesias y, según el anuncio que entonces hizo Rufián, el preacuerdo incluía una subida de impuestos en la Comunidad de Madrid (“hay que acabar con el 'dumping' fiscal”, dijo) que desató una guerra con Isabel Díaz Ayuso, y que después la aupó hasta los resultados del 4-M. El pacto cerrado también incluía acabar con el control financiero del Gobierno sobre la Generalitat y prorrogar la moratoria en las cotizaciones de los autónomos.

También la ley Celaá, la norma educativa que tanto perseguía el Gobierno de coalición y que tiene el nombre de otra de las ministras fulminadas en la remodelación gubernamental, salió adelante con los votos de ERC y PNV. Se trata de la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe, y contó con luz verde definitiva en diciembre, la víspera de Nochebuena. El punto más polémico, impulsado por los nacionalistas, independentistas y también la facción catalana de Podemos, aceptó retirar la mención al castellano como lengua vehicular de enseñanza y oficial del Estado.