Sánchez ya supera a Rajoy en el abuso del 'decretazo' pese a recibir la censura del TC

El Gobierno de coalición, que presume de "diálogo" y "cogobernanza", sigue abonado al uso del decreto-ley. La figura, censurada por el Tribunal Constitucional por su abuso para gobernar por parte del actual Ejecutivo, es una constante en el mandato de Pedro Sánchez. El presidente ya supera, en apenas tres años y medio de mandato, los números de media de cualquier Ejecutivo en democracia. El año pasado, la irrupción de la pandemia fue la razón esgrimida por Moncloa para recurrir a este instrumento reservado para casos de urgencia y necesidad, pero este 2021 la estrategia se ha vuelto a repetir. El poder ejecutivo hace, en asuntos trascendentales, las veces del legislativo.

Desde la moción de censura de junio de 2018, el Consejo de Ministros presidido por Sánchez ha aprobado 114 'decretazos', incluidos los que han visto la luz este martes con la reforma laboral empaquetada (pero no publicada en el BOE aún) y la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El ritmo medio es de uno cada dos semanas. En coalición con Unidas Podemos han sido 71, casi uno cada 10 días. Este 2021 el Gobierno ha dado luz verde a 32 decretos-leyes, lo que deja la media de uno cada 11 días. Las cifras son similares a las de 2020, el año del covid, cuando se aprobaron 39 normas, una cada nueve días, de este tipo por la 'urgente' necesidad de legislar contrarreloj durante la mayor crisis de la historia moderna. Es decir, que el Ejecutivo de coalición ha seguido legislando por 'decretazo', sin pasar previamente por el Parlamento, pese a que el covid ya forma parte rutinaria de la vida de los españoles y la normalidad ha ido regresando. En 2019, sin pandemia, se aprobaron 18, y en los primeros siete meses de Gobierno de Sánchez en 2018, tras la moción de censura, 25.

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En 2021, el Gobierno ha recurrido al real decreto-ley para aprobar medidas extraordinarias para la isla de La Palma por la erupción del volcán, para intentar contener la factura de la luz con medidas fiscales o con el recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, norma suavizada semanas más tarde, o para implementar la reciente normativa para endurecer el uso de las mascarillas en exteriores. Algunas de estas leyes dictadas desde el Ejecutivo requieren una urgencia evidente, pero otras han sido aprobadas en Consejo de Ministros y han entrado en vigor de forma inmediata antes de que el Gobierno haya pasado por el Parlamento para consensuar la decisión.

Sánchez supera a Rajoy y Zapatero

La actividad legislativa desde Moncloa es de récord. 114 'decretazos' en apenas tres años y medio son más que los 106 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en seis años y medio: 77 en la primera parte de legislatura, en que gobernaba con mayoría absoluta —en plena crisis económica, sumado el periodo de interinidad que vivió España por la repetición electoral—, y 29 entre la investidura propiciada por la abstención de una parte del PSOE y la moción de censura. Son también más que los 107 que aprobaron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigió el país en una legislatura también con mayoría absoluta. José María Aznar, por su parte, dio luz verde a 127 'decretazos' en dos legislaturas, Felipe González aprobó 129 en 14 años en Moncloa y Adolfo Suárez firmó 134, situándose, de momento, en lo más alto de este dudoso 'ranking'. Era la legislatura constituyente y los inicios de la democracia.

El de Sánchez, por tanto, es el Gobierno que más 'decretazos' ha aprobado teniendo en cuenta el tiempo que lleva en el poder. Lidera el 'ranking' con 32 reales decretos-leyes por año, seguido de Suárez con 30. Muy lejos se sitúan Rajoy y Aznar, con 16 por año, y Zapatero, con 15 cada 12 meses. A Felipe González le salió un promedio de nueve anuales, ni uno por mes.

El Gobierno argumenta que, pese a que el real decreto-ley es una figura que no requiere debate parlamentario, los grupos tienen la posibilidad de solicitar un debate en el Congreso, pero siempre 'a posteriori'. La Constitución, en su artículo 86, contempla que en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación de la norma, la Cámara Baja "habrá de pronunciarse expresamente" sobre su convalidación o derogación y que, efectivamente, las Cortes "podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia". La cifras son las siguientes: de los 113 'decretazos' de Sánchez desde que gobierna, 69 (incluidos el de las mascarillas, que el PSOE se ha abierto a debatir con los grupos parlamentarios, y la reforma laboral, ante la que la CEOE ya ha avisado que no aceptará tocar ni una coma) se han tramitado como proyectos de ley, teniendo la posibilidad las formaciones políticas de introducir enmiendas a la norma en vigor. Durante el periodo de coalición, de los 70 decretos-leyes, 43 se han tramitado como proyectos de ley. Como contrapunto, es importante remarcar que de los 106 'decretazos' de Rajoy, solo 23 siguieron este procedimiento.

El recurso al real decreto-ley, que la Constitución contempla para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad", ya fue motivo de disputa durante los gobiernos de Mariano Rajoy cuando el hoy presidente del Gobierno arremetía contra esta forma de gobernar. "Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto-ley, más que ningún otro Gobierno en democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar", criticaba Sánchez en marzo de 2018, apenas dos meses antes de la moción de censura. Siempre, todos los gobiernos, por tanto, han echado mano del 'decretazo' para gobernar. Rajoy dijo entonces que no tenía más remedio que hacerlo por las urgencias que suponía gobernar en plena crisis económica. Apenas unos días después de acceder a Moncloa, y gobernando con mayoría absoluta, el presidente congeló por real decreto-ley el salario de los trabajadores públicos.

Sánchez, por su parte, nunca ha tenido mayoría absoluta, pero apenas ha pasado apuros para convalidar sus decretos-leyes en el Congreso. Solo ha habido dos casos en los que el Gobierno ha fracasado: el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, una iniciativa que tumbó Podemos, que aún no formaba parte del Ejecutivo, y el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, el famoso decreto de remanentes que la coalición no consiguió sacar adelante. Decayeron inmediatamente.

Censura a que sean un cajón de sastre

El Gobierno también ha abusado de utilizar los reales decretos-leyes como una especie de cajón de sastre donde puede caber todo tipo de medidas. De esta forma, ha introducido en disposiciones adicionales normativa que poco o nada tiene que ver con la ley en cuestión. La semana pasada, por citar un caso, el Ejecutivo decidió introducir en el decreto de las mascarillas en exteriores la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

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Sí hubo un caso especialmente conflictivo en el que intervino el Tribunal Constitucional. En marzo de 2020, con España confinada, el Gobierno aprobó un decreto con medidas relativas al covid e introdujo un apartado con la nueva composición de la comisión que controla al Centro Nacional de Inteligencia. Allí aparecieron los nombres de Iván Redondo, entonces jefe de gabinete de Sánchez, y del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias. El alto tribunal tumbó ese recurso preguntándose cuál era la "extraordinaria y urgente necesidad" de sus nombramientos. ¿Cuál era la relación entre el covid y su incorporación al CNI?, se cuestionó. Para el tribunal de la Carta Magna, ninguna. Aquel uso del decreto-ley fue, por tanto, inconstitucional. El TC también está examinando el decreto de la 'ley rider', tras los recursos de PP y Vox en los que argumentan que el Gobierno volvió a hacer uso de esta figura legislativa que se guarda para situaciones extraordinarias. Y este martes Pablo Casado sugirió que podría llevar la reforma laboral al Constitucional por aprobarla utilizando el mismo método.

Hay también 'decretazos' del actual Gobierno que han quedado en un limbo parlamentario. Pese a que fueron tramitados como proyectos de ley, siguen durmiendo en el Congreso por decisión del Ejecutivo. Es el caso del de los fondos europeos, que Moncloa logró sacar adelante 'in extremis' gracias a la abstención no buscada de Vox. Fuentes del Ejecutivo reconocen que, en este momento, no interesa abrir el debate sobre la norma que regula el despliegue del plan de recuperación y, por tanto, no hay fecha para su discusión. El Ejecutivo también va a tener que sudar la camiseta para convalidar el decreto de la reforma laboral, ya que los socios habituales están poniendo el listón alto para convalidarlo. Yolanda Díaz ya advertía esta semana de que si ERC, PNV o Bildu no lo apoyaban podrían provocar que la norma decayera y se volviera a la legislación anterior. Es más, podrían ponerse en peligro los fondos europeos, ya que Bruselas exigía que la norma estuviera en vigor a 1 de enero de 2022.