La supresión exprés del voto rogado sumaría medio millón de votantes el 26-M

La reforma electoral para suprimir la obligación de los españoles residentes en el extranjero de rogar o solicitar el sufragio sumaría hasta medio millón de potenciales votantes en los comicios europeos, autonómicos y municipales del próximo 26 mayo. Tras la implantación del voto rogado en 2011, la media de participación de los electores con domicilio en el extranjero en los procesos electorales pasó de oscilar entre el 20 y el 30% a hacerlo entre el 4 y 6%. Actualmente, hay cerca de dos millones de electores con domicilio en el extranjero que se verían afectados por los cambios recogidos en la Proposición de Ley presentada este viernes en el Congreso por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos. Si se vuelve a los porcentajes de participación previos a la implantación del voto rogado se incrementaría en varios cientos de miles el número de sufragios.

El objetivo pasa por tramitar de urgencia esta iniciativa legislativa, que solo cuenta con el rechazo del grupo popular. Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a apoyar en la Mesa del Congreso su tramitación urgente, por lo que contará con mayoría en el órgano rector de la Cámara baja ajustándose a los plazos para aprobarse antes de la publicación del decreto de convocatoria de elecciones. Al tocar aspectos de una ley orgánica, es necesaria la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que el apoyo de Ciudadanos sería suficiente para que la reforma fuera aprobada.

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Si bien, la formación liderada por Albert Rivera no se opone a la tramitación urgente, como pretenden PSOE y Unidos Podemos, desde Cs entienden que la Junta Electoral Central (JEC) deberá resolver algunas de las dudas que ya plantearon sobre el texto legislativo ahora presentado en la subcomisión del Congreso para la reforma de la ley electoral. Principalmente, en lo relativo a la papeleta en blanco, "sobre todo, en el Senado, por cómo puede afectar a las únicas candidaturas abiertas", explican fuentes del partido a este diario. Asimismo, hacen hincapié en las garantías de la identificación del votante, para evitar posibles fraudes. "Vamos a ver que pasa en la tramitación", explican estas mismas fuentes en referencia a cómo se pronuncia la JEC sobre estas cuestiones, pues será el órgano técnico que luego tendrá que resolver posibles reclamaciones.

El texto de la Proposición de Ley introduce el uso de una nueva papeleta en blanco, que permitiría "adelantar los plazos de envío de la documentación electoral". De hecho, lo ajustado de los plazos ha hecho que hasta un tercio de las personas que rogaban su voto no acabasen ejerciendo este derecho. En este sentido, se justifica la nueva papeleta para "facilitar que los electores reciban la documentación en plazo, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora en muchos casos, al ser posible el envío de la documentación antes de la proclamación de las candidaturas y la resolución de las impugnaciones".

La papeleta o las papeletas que recibirán los electores inscritos en el censo de residentes ausentes que viven en el extranjero corresponderá, por tanto, con un modelo de papeleta en blanco, en la que cada elector escribirá su opción de voto. El envío de la documentación electoral se realizará a partir del decimoctavo día posterior a la convocatoria, permitiendo el modelo de papeleta en blanco.

Sobre el sistema de identificación, la propuesta de PSOE y Unidos Podemos pasa por mantener el mismo que el introducido en la reforma de 2011, "ya que continuará siendo obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre de votación, una fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia, como en su día propuso la Junta Electoral Central".

La reforma se completa además con una ampliación de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada al efecto.

El PP dio a conocer su propia propuesta el miércoles pasado y en ella hace hincapié, según informa Efe, en una serie de aspectos, como la remisión de la documentación electoral por valija diplomática, la existencia de una suerte de certificado personal que se presentaría ante funcionarios habilitados para cursar el voto por correo; o la ampliación a 1.000 puntos de los lugares en los que votar en urna, incluidas casa regionales o sedes del Instituto Cervantes.