Malestar en Bruselas con las 'maniobras' de la Moncloa para desacreditar a Reynders

Ni el ultimátum del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni la visita a España del comisario de Justicia, Didier Reynders, han servido para acercar posturas entre la Moncloa y el PP para desbloquear la renovación de las instituciones judiciales. La última interlocución entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, fue el pasado día 9. Génova envió una carta ofreciendo sentarse a la mesa para llegar a un acuerdo sobre el CGPJ, el Tribunal Constitucional y un futuro cambio de la ley para que sean los jueces los que elijan a sus pares. La respuesta del receptor fue tajante: “Seamos serios”, tras acusar a los populares de buscar “coartadas” para su negativa al diálogo. Y a esto se suma el malestar en Bruselas por los intentos del Ejecutivo de desacreditar a Reynders.

La falta de sintonía entre Bolaños y González Pons tampoco beneficia. Si con el ex secretario general del PP Teodoro García Egea todo eran puentes, en esta nueva etapa son zancadillas, según fuentes del PP. En Génova, piensan que el ministro de Presidencia “se ha tomado esto como algo personal y empieza a ser parte del problema en lugar de la solución”. Incluso apuestan por un cambio de interlocutor. Hay tanta diferencia en estos momentos en las posturas de PSOE y PP, que ni el emplazamiento de Reynders a una reunión a tres ha sido bien recibido por parte de la Moncloa. González Pons estaba dispuesto a que hubiera un 'mediador', pero desde el Gobierno han emprendido una campaña para desacreditar al comisario de Justicia acusándole de parcialidad por su buena relación con González Pons.

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En Bruselas no dan crédito a las filtraciones de la Moncloa, que consideran una “afrenta a la Comisión”. En el equipo de Reynders, no escondían ayer su “enfado” por la postura de España, que califican como más propia de mandatarios como el húngaro Viktor Orbán. Hay un gran malestar no solamente por etiquetar al comisario de cercano al PP, sino por el fondo de la cuestión, ya que insisten en que se ha trasladado a través de diferentes vías a Pedro Sánchez la necesidad de homologar la Justicia española a los estándares democráticos de la UE. En esta línea y en defensa de su imparcialidad, el comisario europeo hizo ayer unas declaraciones apelando a una inmediata renovación del CGPJ y revelando que ha mantenido contactos con la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Fue Llop, como recuerdan fuentes comunitarias, quien no acudió —pese a estar invitada— a la reunión a puerta cerrada que celebró el 8 de septiembre el grupo de vigilancia de la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales del Parlamento Europeo para analizar la situación en España. En Bruselas hay esperanza de que las reuniones con varios ministros, además de la titular de Justicia, reconduzcan las relaciones.

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En estos momentos, parece imposible que PSOE y PP acerquen posturas. La batalla se ha venido librando de forma soterrada en el terreno judicial. Cada partido ha tocado en estos días a sus vocales afines ante el pleno que se celebrará hoy. Lesmes quería romper la mayoría del bloque conservador que se oponía a votar candidatos para el Tribunal Constitucional. Antes de dimitir, el presidente ha buscado dejar renovado el tribunal de garantías, como pide la Moncloa. Salvo cambios de última hora, los conservadores seguirán unidos y no se moverán hasta escuchar al comisario europeo, que les recibirá como también hará con el ala progresista.

Los populares advierten de que si se llevan a cabo cambios en el Constitucional y el Gobierno se atreve a reemplazar a los dos magistrados que le corresponde nombrar para garantizarse una futura mayoría de siete, cuatro a su favor darán por rotas las conversaciones y el CGPJ no se renovaría hasta la próxima legislatura.

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En este ambiente, Reynders trasladará tanto a Bolaños como a González Pons la necesidad de acabar con la situación que vive el CGPJ desde hace más de cuatro años. Su discurso será el que se lleva haciendo desde que en septiembre de 2020 se dio el primer toque de atención a España en el 'Informe sobre el Estado de derecho' de la UE, donde ya se hablaba de “anomalía institucional”. Planteará consensuar un calendario para que primero se sustituya a los jueces cuyo mandato ya ha caducado y después se lleve a cabo una reforma del sistema de elección. Si el bloqueo continúa, queda por ver si la dimisión de Carlos Lesmes logra sentar a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En Bruselas, son reacios a poner en marcha el llamado mecanismo de Estado de derecho, que supone sanciones para los países que no cumplen los estándares de calidad democrática que se han dado los Veintisiete. No hay intención de frenar la llegada de fondos, pero advierten de que el país que ostentará pronto la presidencia de la UE “debe dar ejemplo”.