La amenaza de dimisiones en el CGPJ alerta a Bruselas, que maneja otro toque de atención a España

Ni la amenaza de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha servido para mover ni un milímetro al Gobierno y retomar la negociación con el PP para buscar una vía de desbloqueo de las instituciones judiciales. El vicesecretario de relaciones institucionales, Esteban González Pons, hizo ayer un último intento al enviar una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, emplazándole a sentarse para renovar el CGPJ con la ley actual dentro de un paquete global de medidas para "despolitizar la Justicia". La negativa no se hizo esperar. Desde Moncloa consideran que el ofrecimiento de Génova no es sincero. El propio Bolaños lo calificaba como un "intento de aparentar" mientras los populares no escondían su indignación: "¿Qué quieren, que nos arrodillemos?".

La tensión se ha ido elevando en los últimos días. El pleno del jueves, en el que el CGPJ no abordó la elección de los magistrados del Constitucional, como les había emplazado mediante la reforma de la ley el Ejecutivo, ha enconado aún más las posiciones. Los vocales han acordado no volverse a reunir hasta que no haya consenso sobre los aspirantes. Esto conlleva que en la fecha tope del 13 de septiembre, establecida por el Gobierno, no se producirá el relevo en el tribunal de garantías. No hay calendario previsto para un nuevo pleno y, aunque Moncloa intentase nombrar a los dos magistrados que le corresponde, no tendría efecto alguno al no ser refrendado en el CGPJ junto con los otros dos elegidos por los jueces, según constatan fuentes jurídicas.

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En este punto son cada vez más las voces que ven irreversible "tocar fondo" con la salida de Lesmes. En el PP no quieren ser "corresponsables" de lo que consideran una crisis sin precedentes del poder judicial. En esta línea se enmarca no solo la misiva para retomar el diálogo con el Gobierno, sino la que ha dirigido Alberto Núñez Feijóo al presidente del CGPJ y las que se han hecho llegar a Bruselas. El mensaje es el mismo: evidenciar que es Pedro Sánchez el que boicotea un pacto.

Tanto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, como al comisario de Justicia, Didier Reynders, se les ha hecho saber que el PP "siguiendo las recomendaciones europeas" ya ha intentado llegar a un acuerdo. De esta forma se estaría colocando la venda antes que la herida. Entre los eurodiputados populares crece la preocupación, según han hecho saber a El Confidencial, de la imagen que se está trasladando en Bruselas y de cómo las autoridades comunitarias se sienten "ninguneadas" al ver que sus "avisos" a España para que normalice la situación de las instituciones judiciales son ignorados.

El pasado jueves se reunió a puerta cerrada el grupo de vigilancia de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo para analizar la situación del Estado de derecho en España, en una sesión en la que se habló de la renovación del CGPJ. A este encuentro no acudió ningún representante del Ejecutivo español, pese a que la ministra de Justicia, Pilar Llop, estaba invitada.

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En Bruselas, hasta este momento, se han ceñido a los toques de atención ante el incumplimiento sistemático que se lleva haciendo desde que en septiembre de 2020, en el primer Informe sobre el Estado de derecho de la UE, se pusiera el foco en que "el CGPJ está pendiente de renovación desde hace casi dos años"; que su presidente Carlos Lesmes cree que esta "anomalía institucional" puede desacreditar al órgano, y que el Consejo de Europa reitera la "importancia" de asegurar que no sea percibido como un órgano susceptible de politización. Este llamamiento se repitió en 2021 y en julio de este año, donde ya se hablaba en la auditoría de "redoblar la presión" para subsanar las "posibles lagunas".

La amenaza de dimisión de Lesmes ha elevado el malestar en Bruselas y las fuentes consultadas advierten de que habrá un nuevo varapalo contra la calidad democrática de España a cuenta del CGPJ. Esperan que haya "gestos" para acabar con esta crisis en los próximos días. La Comisión Europea tiene medidas de presión que ya se pusieron en marcha en el caso de Polonia y que están relacionadas con el reparto de fondos para la recuperación.

Pese a que en estos momentos se descarta, desde Bruselas se podrá activar contra España el mecanismo del Estado de Derecho que permite congelar las ayudas a los estados que incumplan los valores fundamentales de los veintisiete. Hay coincidencia entre los eurodiputados de PP y PSOE en que este es el último paso que se daría, pero también asumen que una dimisión en bloque del presidente y vocales del CGPJ sería una "alerta roja" para la Comisión. En este caso extremo, no se interrumpiría la llegada de ayudas programadas, pero sí se podría emplazar a las autoridades españolas a hacer las reformas necesarias para subsanar la anomalía.