Moncloa acelera para renovar el TC antes de la visita del comisario europeo el día 30

El 30 de septiembre es la nueva fecha que marcará el calendario para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ese día, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitará España y está previsto un encuentro con el presidente del máximo órgano de los jueces, Carlos Lesmes. En Bruselas, hay máxima preocupación por el bloqueo de las instituciones judiciales y las autoridades comunitarias empiezan a reconocer que se sienten “ignoradas” por el Gobierno tras varias advertencias. La última la hizo el pasado lunes la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que calificó la situación de “desesperada”.

Moncloa se ha visto obligada a replantear su plan inicial. La estrategia del PP de elevar el problema a Europa, con sendas cartas a la Comisión y al responsable de Justicia, evidenciando la última negativa de ministro, Félix Bolaños, a sentarse, ha puesto en un brete al Ejecutivo. Ahora se ve obligado a retomar la negociación con el partido de Alberto Núñez Feijóo antes de que Reynders aterrice, según fuentes socialistas, que esperan que se contacte con el PP en los próximos días.

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Pedro Sánchez insistió ayer en una entrevista en RTVE en que la prioridad sigue siendo el Constitucional y cargó todo el peso sobre los jueces, a los que instó a “cumplir la ley” por “responsabilidad” institucional. Ayer expiraba el plazo que había dado la Moncloa a los vocales del CGPJ para que, en virtud de la última reforma que hizo de la ley del poder judicial, proponga dos magistrados para el tribunal de garantías. En el último pleno, los vocales 'conservadores' lograron el apoyo mayoritario para firmar un texto que garantizase que no se volverían a reunir hasta que hubiera un consenso sobre las candidaturas.

Desde el máximo órgano de los jueces insisten a El Confidencial que “el problema es mucho mayor que relevar a los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato está caducado”. Lamentan que al presidente “solamente le preocupe” este asunto y no la precariedad que viven instituciones como el Tribunal Supremo, donde se acumulan las vacantes ante la prohibición que se le hizo al CGPJ de nombrar estando en funciones. Las mismas fuentes descartan que sea viable un pacto para proponer candidatos al tribunal de garantías sin que esté ligado a una renovación global. El viernes arrancarán las negociaciones para tantear las posiciones de 'conservadores' y 'progresistas', pero los primeros aventuran que “irán para largo”.

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En el lado del PP, entienden que la actual situación les favorece. No hay prisa porque “la presión la tiene Sánchez”, aseguran desde Génova. El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, espera una llamada para retomar los contactos. Sobre la mesa, pondrá la misma propuesta que se remitió a la Moncloa al entender que coincide con los deseos de Bruselas. La oferta pasa por que el CGPJ se negocie en el Congreso, como marca la Constitución, abordar una reforma legal que permita a los vocales retomar sus competencias a la hora de nombrar y que cambie el modo de elección de este órgano para que “los jueces elijan a los jueces”.

En ningún caso los populares aceptarán que se nombren antes los magistrados del Constitucional. Esta es una “línea roja” que no están dispuestos a cruzar. El argumento es que el Ejecutivo busca un reparto “abusivo” de los sillones. Con la sustitución exprés que abandera la Moncloa, la balanza caería del lado de los 'progresistas', ya que no se podría sustituir la vacante de Alfredo Montoya, que causó baja y que debe ser a propuesta del Senado. Con estas posiciones, hoy parece imposible que haya fumata blanca. Ni la amenaza de dimisión de Lesmes ni el tirón de orejas de Bruselas han movido las posiciones, pese a que la titular de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado preocupada porque en las conversaciones que escucha en el metro los ciudadanos no entienden el bloqueo del CGPJ.

En Bruselas descartan, por el momento, poner en marcha el llamado mecanismo de Estado de derecho, que supone sanciones para los países que no cumplen los estándares de calidad democrática que se han dado los Veintisiete. No hay intención de frenar la llegada de fondos, pero advierten de que el país que ostentará la próxima presidencia de la UE “debe dar ejemplo”. Esto supone no solo renovar el CGPJ, sino reformar la manera de elegir a los jueces para alinearse con los estándares europeos y evitar que se repita el actual escenario. Este es el mensaje que traerá el comisario de Justicia.