Las presiones de Marruecos abortan un amago de acercamiento de España con Argelia para superar la crisis

La diplomacia de Marruecos ha vuelto a demostrar la semana pasada cómo sus presiones son capaces de doblegar a España y a la Unión Europea (UE) para que no se desvíen un ápice del apoyo que brindan —sobre todo el Gobierno español— a sus tesis sobre el Sáhara Occidental, la antigua colonia española de la que se adueñó en 1975.

Las gestiones del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, han abortado lo que podía haber sido un acercamiento entre España y Argelia, dos países sumidos en una grave crisis desde hace cinco meses. El presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, llamó a consultas a su embajador en Madrid, Said Moussi, el 19 de marzo, justo después de que se conociese la carta del presidente Pedro Sánchez a Mohamed VI de Marruecos en que respaldaba el plan de autonomía marroquí para resolver el contencioso del Sáhara Occidental. El 8 de junio, Teboune dio un paso más y suspendió el tratado de amistad hispano-argelino, vigente desde 2002.

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Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior, sorprendió el 23 de agosto ante las cámaras de TVE. "La posición que tiene el Gobierno español, y es la de la UE, es defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro", declaró Borrell en respuesta a una pregunta.

Aunque ese lenguaje no es habitual en boca de los gobernantes europeos, las palabras de Borrell están en plena sintonía con la última resolución (2602) del Consejo de Seguridad de la ONU del 29 de octubre pasado. En ella se instaba a las partes a "alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en un compromiso que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".

El Frente Polisario, por boca de su delegado en Bruselas, Oubi Bouchraya Bachir, alabó esta declaración en un comunicado. Más importante aún, también lo hizo en la prensa de Argel Amar Belani, el embajador argelino encargado del seguimiento del conflicto del Sáhara Occidental.

Otras fuentes oficiales argelinas interpretaron en los medios de comunicación de su país que Borrell actuaba por cuenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Solo así se explicaban que el alto representante interrumpiese sus vacaciones para dar una entrevista a la televisión pública española. No hubiese sido la primera vez que él echaba una mano a un Gobierno socialista al que había pertenecido como ministro de Exteriores.

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A petición del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Borrell se reunió, por ejemplo, el 26 de marzo en Doha con el jefe de la diplomacia argelina, Ramtane Lamamra, para explorar las posibilidades de superar la crisis. De nuevo a instancias de Albares, mantuvo, a principios de junio, un par de conversaciones broncas con Lamamra después de que se conociese la decisión de Argel de cortar el comercio con España, incumpliendo así el acuerdo de asociación UE-Argelia de 2005. A día de hoy, los intercambios permanecen suspendidos.

Esa pequeña ventana de oportunidad abierta, quizás involuntariamente por Borrell, dio pie a la diplomacia argelina para definir qué aspiraba obtener de España para empezar a normalizar la relación bilateral. No pretendía que Sánchez rompiese la misiva que envió a Mohamed VI. Solo un "posicionamiento claro, mediante una declaración oficial del Gobierno español, de que cumplirá la legalidad internacional, de que España respeta la integridad territorial de Marruecos en sus fronteras legalmente reconocidas" que no incluyen al Sáhara Occidental, repitió insistentemente un alto cargo argelino que pidió no ser citado por su nombre.

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La prensa marroquí, y a veces también algunos responsables políticos, ha dado a entender que el respaldo de Sánchez al plan de autonomía implicaba un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, similar al que anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, en diciembre de 2020, cuando, tras perder las elecciones, le faltaba un mes para dejar la Casa Blanca.

Nasser Bourita se encargó rápidamente de cerrar esa ventana de oportunidad. Multiplicó las llamadas a Borrell para pedirle que rectificase y a Albares para que reiterase la postura española de apoyo al plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Sus gestiones surtieron efecto.

Desde Santander, donde se encontraba estos días de verano, el alto representante llamó el 24 de agosto a la agencia EFE para matizar sus palabras. "Nosotros defendemos que la solución al problema del Sáhara pase por una solución acordada entre las partes en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas", declaró, olvidándose de la "autodeterminación" que menciona la resolución. "La posición del Gobierno español no es contradictoria, no es incompatible con la de la UE en el tema del Sáhara", recalcó.

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Ese mismo día, el 24 de agosto, Albares acudió por la noche a los estudios de la Cadena SER en Madrid. Reiteró hasta la saciedad la validez de la declaración hispano-marroquí del 7 de abril, suscrita con motivo de la visita de Sánchez a Rabat, en la que "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo" del Sáhara.

Al día siguiente de la corrección de Borrell, Bourita seguía, pese a todo, quejoso. "Deploramos esas declaraciones que no reflejan la posición de España ni de la UE", afirmó el 25 de agosto en una rueda de prensa en Rabat con su homóloga alemana, Annalena Baerbock. "Esperemos que se trate solo de un lapsus de Borrell", añadió. "Borrell cumplió con lo que le pidieron, pero, para no hacer el ridículo, convirtió su aclaración en un galimatías que no satisfizo al ministro Bourita", ironizaba ante la prensa un alto cargo argelino.

A ojos de Rabat, Borrell debe pagar un precio por haber tenido ese "lapsus". Tenía previsto viajar a Marruecos en septiembre, pero la prensa oficialista marroquí, primero, y después la agencia EFE anunciaron el pasado fin de semana que su visita había sido cancelada. Bourita trasladó la noticia de la cancelación a la prensa, pero no la comunicó a Bruselas, donde la desconocían. "¡Son los modales de la diplomacia marroquí!", comentó resignado un diplomático europeo.

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Entre los pocos países europeos que han secundado la oferta de autonomía marroquí, España es el que ha ido más lejos en su apoyo. Describe el plan como "la base más seria, realista y creíble", sin obtener apenas contrapartidas, mientras que los demás solo lo consideran "una base seria, realista y creíble".

Mohamed VI quisiera que todos ellos, empezando por Francia, siguieran el ejemplo de España. En su discurso del 20 de agosto les "exhortó" a aclarar su posicionamiento y a respaldar "sin ningún equívoco" la solución propugnada por él. Con motivo de la visita a Argelia, la semana pasada, del presidente Emmanuel Macron, Francia ha reiterado su posición sin acceder al deseo expresado por el monarca.

La crisis con Argelia tiene para España un elevado coste económico. No solo las exportaciones españolas a ese país son prácticamente inexistentes desde el 9 de junio —tras la suspensión del tratado de amistad— sino que las empresas españolas han sido descartadas de los contratos que firma el Estado y las importaciones de gas argelino han experimentado también una fuerte reducción. España lo sustituye por gas natural licuado de EEUU, y ahora también de Rusia, pero este es más caro y la regasificación de las plantas españolas tiene un impacto medioambiental que no causa el que llega por gasoducto.