España, en el avispero magrebí: un ultimátum a Marruecos para que cumpla lo pactado

El Gobierno español lo ha perdido todo, o casi todo, con Argelia y apenas ha conseguido nada con Marruecos, más que una vuelta a la normalidad que prevalecía en 2019, antes de la pandemia. Los diplomáticos españoles de a pie y las embajadas europeas en Madrid opinan, en general, que la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cosechado en el Magreb un fracaso sin paliativos.

La diplomacia española tiene una vía para salir del atolladero en que se ha metido en el Magreb: dar con sigilo un ultimátum a Rabat para aplicar lo pactado en un plazo muy corto y hacer algunas otras concesiones como reconocer aguas territoriales a Ceuta y Melilla, aceptar la validez de las sentencias pronunciadas por sus tribunales, desmantelar la piscifactoría que instaló en las aguas españolas de Chafarinas, etcétera. Para sellar la paz con Marruecos, Sánchez ha renunciado a 47 años de neutralidad española y apoya ahora la propuesta marroquí para resolver el conflicto del Sáhara sin celebrar un referéndum de autodeterminación en esa antigua colonia española.

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Si Rabat no lo acepta, la diplomacia española volvería a su tradicional neutralidad después de haber intentado en vano sentar las bases de una nueva relación con Marruecos. Sánchez retiraría esa carta que envió el 14 de marzo a Mohamed VI cediendo en el Sáhara para poner fin a la crisis bilateral. El rey de Marruecos desveló, parcialmente, la misiva en un comunicado publicado cuatro días más tarde, cuando estaba de vacaciones en su residencia de Pointe Denis, en el estuario de Komo (Gabón).

Si Marruecos rechaza esas prisas españolas por arrancarle alguna concesión, será el momento de reconciliarse con Argelia y de tratar de establecer con ese país una relación energética tan sólida como la que está construyendo Italia desde principios de año para reducir su dependencia del gas ruso y convertirse en un 'hub' energético en el sur de Europa. Esta salida, que por ahora el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no contempla, es la que sugieren algunos diplomáticos españoles experimentados en conversaciones informales con este periodista y también algunos de sus colegas europeos que desde Madrid siguen de cerca la política exterior de España.

Haría falta que Sánchez acuda al Congreso para explicar por qué la falta de colaboración de Marruecos le ha obligado a rectificar

Haría falta, eso sí, que esta vez Sánchez acuda al Congreso para explicar por qué la falta de colaboración de Marruecos le ha obligado a rectificar en verano el volantazo que dio en primavera en política exterior.

Tuvo que ponerse en circulación, el miércoles, una instrucción de la patronal bancaria de Argelia (ABEF), ordenando en la práctica la suspensión del comercio con España, para que el Gobierno reconociese la envergadura de la crisis con ese país, a la que había restado importancia. Argel reculó, el viernes, para no incumplir el acuerdo de asociación con la UE y sortear una intervención de la Comisión Europea. Alegó que la ABEF no era un organismo oficial, aunque la banca argelina es mayoritariamente pública. En realidad hay, bajo cuerda, un boicot sistemático a la importación de productos 'made in Spain', como atestiguan los exportadores españoles.

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En el otro frente, el marroquí, el Ejecutivo español niega que no se estén produciendo los avances que el presidente Pedro Sánchez ya anunció el 7 de abril, cuando viajó a Rabat invitado por el rey Mohamed VI de Marruecos para sellar la reconciliación. En su comparecencia en el Congreso, el miércoles pasado, Sánchez hizo un balance muy positivo de los dos meses transcurridos desde entonces.

Con Marruecos solo hay una vuelta a la normalidad con la reanudación, en abril, del tráfico de pasajeros a través del Estrecho. Y, desde el 17 de mayo, con la reapertura parcial de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. En Canarias, termómetro de la presión migratoria, esta bajó en abril —primer mes tras la reconciliación— a 25 'sin papeles' al día, llegados en su mayoría del Sáhara Occidental. En mayo ya subió a 53, según las estadísticas del Ministerio del Interior.

Pese a ser muy gradual, la reapertura de las fronteras está plagada de atascos y arbitrariedades. El domingo, por ejemplo, al menos se tardaban dos horas para entrar en Marruecos desde Ceuta porque, según explicaba el diario 'El Faro de Ceuta', “del lado marroquí solo funciona un carril” de entrada. La policía de este país no deja cruzar la frontera con compras, por pequeñas que sean, efectuadas en las ciudades autónomas y exige un depósito de 137 euros para cruzar en bicicleta o patinete eléctrico. Del lado español también se empiezan a poner restricciones. La Delegación del Gobierno en Melilla solo permite introducir pescado comprado en Marruecos durante dos horas al día (de 11:30 a 13:30).

Peor aún que estos inconvenientes es que la frontera de Melilla haya vuelto a funcionar sin que se reactive la aduana comercial que Rabat cerró en agosto de 2018 sin comunicárselo al Gobierno de España. Gracias a ella se exportaba legalmente de Melilla a Marruecos. Sánchez no solo anunció su reapertura, sino que hizo saber que se inauguraría una en Ceuta, que nunca contó con ella. Así quedó, según él, recogido en el punto tercero del comunicado hispano-marroquí de abril, aunque no menciona explícitamente a las dos ciudades, pero sí habla de “dispositivos apropiados de control aduanero” terrestre.

A día de hoy no hay una sola autoridad marroquí —consejero real, ministro, gobernador— que haya confirmado que esas ciudades dispondrán de aduanas. Nabyl Lakhdar, director general de Aduanas, desmintió incluso, el 2 de junio, en una entrevista con el semanario 'Tel Quel', que se fuesen a abrir, aunque horas después matizó sus palabras. Afirmó que no le correspondía a él tomar una decisión de carácter político. Delegaciones de España y Marruecos se reunieron, el 7 de junio en Madrid, para discutir, entre otras cosas, de esas famosas aduanas. Pero se separaron sin acuerdo y sin fijar la fecha de su próxima cita.

El punto 6 del comunicado conjunto de abril estipulaba además “la reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica”, algo que no ha sucedido. No mencionaba al Mediterráneo, donde la diplomacia española parece haber renunciado a que Rabat reconozca aguas territoriales a Ceuta y Melilla. El punto 7 indicaba, por último, que se “iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”, algo que tampoco se ha puesto en marcha.

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A principios de 2020, el Parlamento marroquí aprobó, a instancias del Gobierno, sendas leyes que amplían sus aguas territoriales para incluir al Sáhara Occidental, pero sin reconocerlas para Ceuta y Melilla, y establecen además una zona económica exclusiva (ZEE). Esta se solapa con la que España solicitó en 2014 para Canarias a Naciones Unidas, que aún no ha contestado. A diferencia del marroquí, el Ejecutivo español no llevó ninguna ley a las Cortes, sino que cumplió con la legalidad internacional dirigiéndose a la ONU. Ambos países aspiran a adueñarse del Monte Tropic, un volcán submarino al suroeste de la isla del Hierro en cuyo interior hay minerales muy cotizados.