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De pedir una "medallita" a imputados: Luceño y Medina declaran este lunes ante el juez
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SE LLEVARON 6,1 MILLONES EN COMISIONES

De pedir una "medallita" a imputados: Luceño y Medina declaran este lunes ante el juez

Los dos empresarios declaran este lunes como investigados por estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y, en el caso de Medina, también por alzamiento de bienes

Foto: Luis Medina, comisionista de la trama, y el alcalde Almeida. (EFE/Hidalgo)
Luis Medina, comisionista de la trama, y el alcalde Almeida. (EFE/Hidalgo)

"Trabajamos para el futuro, que eres tú y que es nuestro país". El 2 de abril de 2020, mientras en España se cuestionaba la cifra oficial de 9.053 fallecidos por covid-19, Alberto Luceño dejó caer esta frase en un audio enviado a la trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. El empresario acababa de cerrar con el consistorio tres contratos por los que se llevaría una comisión de 5,1 millones, pero ante la funcionaria, se presentaba como digno de una "medallita". La propia Collado resumiría el meollo de aquellas negociaciones un año después, durante su declaración ante la Fiscalía: "Soy un poco pava (...), pero yo entendía de verdad que querían ayudar a Madrid".

El juez Adolfo Carretero sospecha que el verdadero objetivo de Luceño y su socio Luis Medina siempre fue beneficiarse "en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos". Así lo recoge en un auto que califica de "grave" el caso y recuerda que en el momento en que se produjeron los hechos había "miles de fallecimientos diarios". Esa es la idea que los dos comisionistas tratarán de desmentir la mañana de este lunes, cuando comparezcan como imputados ante el juez. Si "soy un poco pava" explica el papel que jugó el consistorio, la actuación de Medina y Luceño se refleja en la expresión que utilizó este último al festejar el cierre de los contratos el 30 de marzo de 2020: "Pa la saca".

Alzamiento de bienes

El 13 de abril de 2021, durante su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Medina se presentó como un simple "facilitador" que había "puesto en contacto a dos personas": a Luceño y a la responsable de compras sanitarias en el Ayuntamiento de Madrid. Por aquella gestión, el hijo de Naty Abascal y el antiguo duque de Feria se llevó un millón de dólares como comisión, pero ante el representante del Ministerio Público, insistió en que su papel había sido secundario y achacó cualquier posible irregularidad a su socio Luceño: "Este año he intentado hablar con él y nunca me ha cogido el teléfono ni nada. Ya puedo entender un poco por dónde van los tiros...", llegó a decir.

La declaración de este lunes permitirá saber hasta qué punto Medina descarga toda la responsabilidad sobre su antiguo socio, pero por mucho que siga esta estrategia, el juez ha abierto una nueva línea de investigación que le señala únicamente a él: el posible alzamiento de bienes a partir de abril de 2021, cuando comenzó a mover su patrimonio hasta dejar solo 247 euros en su cuenta bancaria: "El investigado ha realizado disposiciones de sus bonos y patrimoniales (...) desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, se deberá ampliar su imputación al delito de alzamiento", concluyó el magistrado el pasado 20 de abril.

Más allá de los argumentos que Medina pueda esgrimir este lunes para descartar este delito, el juez ya ha acordado dirigirse al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla para saber si allí se sigue un proceso "sobre los bienes de la herencia" de su abuela y asegurar así "la responsabilidad solidaria de los investigados".

Estafa agravada

"Nos han estafado seguro". El 8 de abril de 2020, tras constatar que la calidad del material no era la acordada, la trabajadora del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado envió este mensaje a Luceño. La funcionaria apuntaba así a los proveedores malayos, pero la investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha terminado por incluir en esta presunta estafa a Medina y Luceño: según advierten, no se trata tanto de la calidad del material que vendieron, sino de cómo inflaron el precio del mismo con sus comisiones.

placeholder El escrito que el ayuntamiento remitió a Anticorrupción en diciembre de 2020.
El escrito que el ayuntamiento remitió a Anticorrupción en diciembre de 2020.

"Supuso para el Ayuntamiento de Madrid el desembolso de una cantidad de dinero muy superior al valor real", destaca Anticorrupción en un escrito remitido al juez el 21 de abril. El Ministerio Público responde así a un recurso en el que Medina argumenta que "hubo acuerdo entre las partes", idea que los investigadores echan por tierra al recordar que el empresario "excluye intencionadamente" afirmaciones como la que Collado lanzó el 8 de abril. En cuanto al hecho de que devolvieran cuatro millones de dólares por la mala calidad del material, el fiscal incide en que este "fue el resultado de renunciar a las comisiones que los investigados habían pactado con el vendedor".

El ayuntamiento, personado como acusación particular, también sigue el mismo razonamiento a la hora de hablar de estafa: "Los querellados fijaron los precios de los mismos, ocultando al ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los test) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir", subraya en el escrito con el que también se oponía al recurso de Medina.

Falsedad documental

En el marco de la presunta estafa, Anticorrupción sospecha además que los dos comisionistas falsificaron documentos. Ahí entra en juego su relación con Leno, la empresa malaya que les facilitó las mascarillas, guantes y test que después vendieron al consistorio. Luceño y Medina recibieron ocho transferencias desde Malasia entre marzo y abril de 2020 y, para justificarlas ante sus respectivos bancos, presentaron unos documentos en los que se presentaban como "agentes exclusivos" de esta empresa.

placeholder La fotografía de San Chin Choon que obra en el sumario del caso.
La fotografía de San Chin Choon que obra en el sumario del caso.

La tesis de los investigadores se centra en que estos títulos son falsos. El de Medina apunta a que los dos son agentes de la empresa, mientras que el de Luceño incluye su nombre y el de un tal Chan Beng Kay. "Además, ambos documentos están fechados el jueves 12 de septiembre de 2018, cuando en realidad el 12 de septiembre de 2018 fue miércoles, no jueves", destaca un informe de la Fiscalía Anticorrupción. "También resulta extraño que los documentos (...), que están basados en modelos de la International Chamber of Commerce (ICC), incorporen junto al membrete de esta el membrete y la dirección de otros organismos que nada tienen que ver con las operaciones documentadas, como el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos de América o la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".

A esto se suma que de unos documentos a otros cambia la firma de San Chin Choon, el responsable de la empresa Leno. "Todo esto induce a pensar que, si no todos, al menos algunos de los documentos han sido falsificados", advierte la Fiscalía. Para apuntalar esta sospecha, la Fiscalía remitió una comisión rogatoria a Malasia para pedir que colaborasen en la investigación, pero en un reciente escrito, las autoridades de dicho país han respondido que San Chin Choon se niega a colaborar.

Blanqueo de capitales

En noviembre de 2020, al arranque de la investigación, el fiscal jefe de Anticorrupción mencionaba dos delitos que nada tienen que ver con los anteriormente mencionados: malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Tras más de un año de diligencias, el primero ha quedado descartado, pero el segundo se mantiene.

La investigación, de hecho, tuvo su origen en "un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción por parte del Sepblac, lo que explica que las pesquisas se centraran en un primer momento en averiguar cuál fue el destino final de las comisiones: Luceño se pagó una estancia en un hotel de Marbella que ascendió a 60.000 euros, tres relojes marca Rolex valorados en más de 42.000 euros y siete coches de alta gama que cuestan más de un millón. Medina se compró a su vez un velero de 325.515 euros que, según el Ministerio Público, no figura a su nombre, sino que está controlado por una sociedad gibraltareña cuyos titulares son él mismo y su hermano.

Este lunes, ante el juez, sus movimientos de dinero centrarán parte de los interrogatorios, aunque queda por ver hasta dónde llegan sus referencias al Ayuntamiento de Madrid. Al fin y al cabo, la investigación también planteó en principio la malversación de caudales públicos, un delito que castiga con cárcel a "la autoridad o funcionario". Por el momento, el juez ha citado como testigo a la propia Collado el 9 de mayo, para profundizar en una gestión que, según ella misma calificó, fue "un poco pava".

"Trabajamos para el futuro, que eres tú y que es nuestro país". El 2 de abril de 2020, mientras en España se cuestionaba la cifra oficial de 9.053 fallecidos por covid-19, Alberto Luceño dejó caer esta frase en un audio enviado a la trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. El empresario acababa de cerrar con el consistorio tres contratos por los que se llevaría una comisión de 5,1 millones, pero ante la funcionaria, se presentaba como digno de una "medallita". La propia Collado resumiría el meollo de aquellas negociaciones un año después, durante su declaración ante la Fiscalía: "Soy un poco pava (...), pero yo entendía de verdad que querían ayudar a Madrid".

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