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Hasta cuatro cargos del Ayuntamiento intervinieron en los contratos de Medina y Luceño
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CIBELES SE HA PERSONADO COMO PERJUDICADO

Hasta cuatro cargos del Ayuntamiento intervinieron en los contratos de Medina y Luceño

Los empresarios se embolsaron seis millones de dólares en concepto de comisiones, pero desde el consistorio negaron tener conocimiento alguno al respecto en diciembre de 2020

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (EFE/Víctor Lerena)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (EFE/Víctor Lerena)
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La Fiscalía Anticorrupción requirió al Ayuntamiento de Madrid que identificara a los empleados que habían "tramitado los contratos" con Alberto Luceño y Luis Medina en diciembre de 2020. La respuesta del Consistorio, que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Confidencial, señala a cuatro: Elena Collado Martínez, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Gobierno de Hacienda y Personal; Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios; Javier Ruiz Santiago, director comercial de esta empresa, y Antonio Prieto Fernández, gerente del organismo autónomo de Madrid Salud.

El interés de los investigadores por el papel que jugó cada uno de los empleados públicos tiene su origen en "un informe de inteligencia financiera" que se remonta a julio de 2020. En él, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) advertía indicios de malversación de caudales públicos en estas compras de mascarillas, guantes y test covid. La investigación ha desvelado que Luceño y Medina se embolsaron seis millones de dólares en concepto de comisiones tras cerrar estos contratos, pero en aquel escrito remitido a la Fiscalía, el Ayuntamiento de Madrid negó tener conocimiento alguno al respecto.

"Este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado o a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha administrado la mercancía", afirmaron: "Desconoce igualmente toda relación de terceros con estas empresas desde el punto de vista de comisiones que dichas personas jurídicas hayan podido contraer entre ellos", añaden.

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El Ayuntamiento no consta como investigado y el juez ha aceptado su personación como perjudicado, pero tras imputar a Medina y Luceño por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, también ha citado como testigo a la trabajadora del Ayuntamiento Elena Collado para aclarar sus negociaciones con ambos.

El fiscal Luis Rodríguez Sol ya interrogó a esta trabajadora en abril de 2021 y, una vez más, negó tener conocimiento alguno de las comisiones: "Yo entendí que de verdad querían ayudar". Medina, por su parte, se presentó ante el fiscal como el "facilitador" que había conseguido los contactos públicos a través de conocidos: según explicó, fue la directora de su antigua universidad quien le puso en contacto con un familiar del alcalde y este le derivó a su vez a Collado como responsable de las compras. Por poner en contacto "a dos personas", como él mismo resumió durante el interrogatorio, Medina cobró una comisión de un millón de dólares. Su socio Luceño se embolsó otros 5,1.

La oposición agradeció el "enorme trabajo"

En cuanto a la intervención de los empleados de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, estos se encargaron de pagar el material en nombre del Ayuntamiento, pero tras los requerimientos de la Fiscalía para que aclararan las negociaciones, aseguraron no tener ninguna información: "La empresa no ha participado en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia relacionada con la negociación de los términos de los contratos", respondió en diciembre de 2020.

En el sumario constan, además, las actas de cómo el consejo de esta empresa municipal aprobó la compra de un millón de mascarillas por 6,68 millones de dólares, 250.000 test covid por 5,25 millones y 2,5 millones de guantes de nitrilo por otros cinco. Aunque el documento no incluye el nombre del proveedor, el propio Ayuntamiento indicó a la Fiscalía que estos eran los contratos investigados, mientras que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios incidió en que los tres se habían aprobado por "unanimidad". El consejo de administración estaba formado por once "concejales o cargos del Ayuntamiento" de distintos partidos que se incluyen al final de este artículo.

Foto: Luis Medina. (Mediaset)

El acta del 25 de marzo, cuando se aprobó la compra de los test y los guantes, refleja que, después de que Collado explicara las operaciones, el concejal de Más Madrid, Javier Barbero, pidió que les mantuvieran informados sobre el "destino de este material". El fiscal también insistió en esta cuestión durante los interrogatorios de 2021, pues las conversaciones intervenidas a Luceño y Collado muestran que, a cambio de donar una tanda de mascarillas a Madrid, el comisionista pidió que 50.000 fueran a parar al hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba su mujer. Medina reconoció a su vez ante el fiscal que había pedido unas 500 porque "tenía mucha familia cercana".

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Pero más allá de esta intervención del concejal de Más Madrid, las actas recogen que ninguno de los miembros del consejo de administración puso pegas a la hora de aprobar los contratos. De hecho, tras la sesión del 25 de marzo, el propio Barbero y el concejal socialista Ramón Silva aprovecharon la ocasión "para agradecer y poner en valor todo el enorme trabajo que desde el área de Hacienda" se estaba realizando "en condiciones nada fáciles" durante los primeros meses de la pandemia.

Los miembros del consejo de administración

- María Inmaculada Sanz Otero: presidenta de la empresa, concejal
del grupo municipal del Partido Popular, miembro de la junta de gobierno
y delegada del área de gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias
lvo Villalba Pozo: director de gabinete del área de gobierno de
Portavoz, Seguridad y Emergencias.
- José Canal Muñoz: coordinador general de Contratación y Política
Financiera, área de gobierno de Hacienda y Personal.
- Elena Julia Collado Martínez: coordinadora general de Presupuestos
y Recursos Humanos, área de gobierno de Hacienda y Personal.
- Aurora Arnanz Masedo: directora general de Política Financiera, área
de gobierno de Hacienda y Personal.
- Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita: concejal del grupo
municipal del Partido Popular, presidente del pleno, segundo teniente de
alcalde y miembro de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
- Antonio Abad Prieto Fernández: gerente del organismo autónomo
Madrid Salud.
- Miguel Ángel Redondo Rodríguez: concejal del grupo municipal
Ciudadanos, delegado del área de gobierno de Economía, Innovación y
Empleo.
- Ramón Silva Buenadicha: concejal del grupo municipal socialista.
- José Javier Barbero Gutiérrez: concejal del grupo municipal Más
Madrid.
- Pedro Fernández Fernández: concejal del grupo municipal Vox.

La Fiscalía Anticorrupción requirió al Ayuntamiento de Madrid que identificara a los empleados que habían "tramitado los contratos" con Alberto Luceño y Luis Medina en diciembre de 2020. La respuesta del Consistorio, que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Confidencial, señala a cuatro: Elena Collado Martínez, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Gobierno de Hacienda y Personal; Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios; Javier Ruiz Santiago, director comercial de esta empresa, y Antonio Prieto Fernández, gerente del organismo autónomo de Madrid Salud.

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