Almeida, contra Medina: "La actuación del Ayuntamiento no es objeto de investigación"
El empresario pidió la semana pasada expulsar al consistorio del caso argumentando que fue "una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamente)"
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El Ayuntamiento de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que defiende su personación como perjudicado en el caso de las Mascarillas. Los servicios jurídicos del consistorio responden así a Luis Medina, cuya defensa pide expulsarles del procedimiento porque fue "una de las partes firmantes de los negocios" y, por tanto, puede acabar siendo investigado. "La querella [de la Fiscalía] no cuestiona la actuación del Ayuntamiento de Madrid, no siendo su actuación objeto de investigación en la presente causa", responde el Ayuntamiento en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Para reforzar este razonamiento, el Ayuntamiento incide en que "la cuestión nuclear de la estafa objeto de investigación no se circunscribe a que los bienes no se hubieran entregado, o a que la calidad de los bienes fuera inferior a la pactada (...), sino a que los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir". Según argumentan sus servicios jurídicos, esto "supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados".
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El consistorio madrileño también asegura que como persona jurídico-pública de base territorial "no puede tener en ningún caso la condición de investigado en tanto que no se le aplican las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas". Agrega que, al ser una administración pública, "siempre tendría la consideración de ofendido por el delito, con independencia de las personas contra las que pudiera dirigirse la querella".
En contra de este argumento, el letrado de Medina sostiene por su parte que "no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos". Carlos Texidor, el abogado del comisionista, afirma que no hay prueba de que la institución se haya visto afectada ni perjudicada.
La decisión queda ahora en manos de Adolfo Carretero, que mantiene imputado a Alberto Luceño por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el caso de Medina, añade también el delito de alzamiento de bienes. Su investigación se centra en que inflaron los precios de los tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para enriquecerse durante la peor parte de la pandemia: Medina se embolsó un millón de dólares y Luceño otros 5,1 como comisiones. Además del cosistorio, que se ha personado como acusación particular, en el caso también constan como acusaciones populares Unidas Podemos, el PSOE y Más Madrid.
Pide embargos contra Luceño
En un segundo escrito remitido al juez, el Ayuntamiento de Madrid carga además contra el segundo imputado, Alberto Luceño. Según recuerda, los bienes embargados al empresario "para asegurar la posible responsabilidad económica" no alcanzan el dinero que se embolsó como comisión, por lo que pide rastrear su patrimonio "para el supuesto de que el investigado no preste la fianza requerida y habida cuenta de que esta representación desconoce la existencia de otras cuentas".
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En concreto, pide investigar "la existencia de otras cuentas corrientes abiertas a nombre de D. Alberto Javier Luceño Cerón y Takamaka Invest, S.L. [su empresa], así como "la existencia de otros bienes muebles o inmuebles" a su nombre. De esta manera, confían en que "una vez realizada la anterior averiguación patrimonial se proceda(...) al embargo de los bienes encontrados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir el Sr. Luceño en la cuantía total de 6.191.127 euros".
El Ayuntamiento de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que defiende su personación como perjudicado en el caso de las Mascarillas. Los servicios jurídicos del consistorio responden así a Luis Medina, cuya defensa pide expulsarles del procedimiento porque fue "una de las partes firmantes de los negocios" y, por tanto, puede acabar siendo investigado. "La querella [de la Fiscalía] no cuestiona la actuación del Ayuntamiento de Madrid, no siendo su actuación objeto de investigación en la presente causa", responde el Ayuntamiento en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.