Luis Medina pide expulsar al ayuntamiento del caso: "Puede acabar siendo investigado"

La defensa de Luis Medina ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que pide expulsar del caso al Ayuntamiento de Madrid después de que este se haya personado como perjudicado. Entre los argumentos que esgrime para ello, destaca un párrafo en el que recuerda que el consistorio fue "una de las partes firmantes de los negocios" y, por tanto, puede acabar siendo investigado.

El juez imputó a Medina y a su socio Alberto Luceño el 8 de abril por supuestas irregularidades en los tres contratos que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid para traer mascarillas, guantes y test covid a España en los primeros meses de la pandemia. Ambos tendrán que declarar el 25 de abril como investigados por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, delitos que se enmarcan en la sospecha de que inflaron el precio para lucrarse: Medina se llevó un millón de dólares y Luceño otros 5,1 en concepto de comisiones. Tras aceptar su personación, el ayuntamiento ya ha solicitado al juez que imponga a Medina una fianza de 1,1 millones.

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Pide su expulsión

"Ha de tenerse en cuenta que este asunto se está comenzando a instruir por el juzgado y que el ayuntamiento es una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamente y rubricándolos), y en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada", argumenta Medina en su escrito, como ha adelantado 'ElDiario.es' y que confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

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Para reforzar esta idea, su defensa descarta además que el consistorio resultara perjudicado, pues "lo cierto y verdadero es que en cuanto a las mascarillas no hubo problema alguno, ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros". En lo que se refiere a los guantes, reconoce que "no eran de la calidad que se esperaban", pero su socio Luceño procedió "en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros, que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado".

Tras extender esa idea al contrato de los test, Medina concluye que "no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos".

El Sepblac apuntó a una posible malversación

El sumario del caso, al que ha tenido acceso este diario, refleja que al arranque de la investigación la Fiscalía se planteó un cuarto delito: malversación de caudales públicos. "Los hechos descritos podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y siguientes del Código Penal", advertía el fiscal jefe de Anticorrupción en noviembre de 2020. El artículo en cuestión castiga con cárcel a "la autoridad o funcionario" que cometiere delito sobre el patrimonio público, lo que refleja que, nada más abrirse las diligencias, sospecharon que las supuestas irregularidades podían extenderse a cargos del consistorio.

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La investigación, de hecho, tuvo su origen en "un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en julio de 2020. La unidad de inteligencia financiera de España apuntaba en el mismo a los posibles delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, tesis que se refleja a su vez en las preguntas que el fiscal Luis Rodríguez Sol lanzó a la empleada del consistorio que se encargaba de las compras de material sanitario, Elena Collado. "Yo entendí que de verdad querían ayudar", aseguró esta durante la comparecencia.

En diciembre de 2020, el propio ayuntamiento negó también tener conocimiento sobre las comisiones de Medina y Luceño en un escrito remitido a Anticorrupción: "Este ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado o a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha administrado la mercancía", afirmaron: "Desconoce igualmente toda relación de terceros con estas empresas desde el punto de vista de comisiones que dichas personas jurídicas hayan podido contraer entre ellos".