Sin rastro de San Chin Choon: Malasia dice que el empresario no colaborará en el caso mascarillas
El fiscal malayo ha informado de que se ha negado a colaborar de forma voluntaria y no puede, por tanto, tomarle declaración
El señor San Chin Choon no quiere cooperar. La Fiscalía malaya ha contestado a las autoridades españolas que no ha tenido éxito con el proveedor de origen de las mascarillas que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid a través de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. Según confirman fuentes del caso, el fiscal de Malasia ha informado de que se ha negado a colaborar de forma voluntaria y no puede, por tanto, tomarle declaración.
El nombre de este empresario aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la investigación sobre las comisiones del contrato del Consistorio madrileño. Figura como responsable de la empresa Leno (M) SDN BHD, con sede en Malasia. Ciudadano de ese país, fue el proveedor del material sanitario, en parte defectuoso, por el que el Consistorio llegó a pagar 12 millones de euros de dinero público.
Entre la documentación de la causa a la que ha tenido acceso El Confidencial, hay una copia del pasaporte de este ciudadano malayo. Los datos de su empresa se repiten en las facturas aportadas al procedimiento. La Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid le hizo un total de nueve transferencias entre marzo y abril de 2020. Cerca de 16 millones de dólares fueron a parar a una cuenta de la compañía en el Malayan Banking. El señor San Chin Choon devolvió cuatro millones porque una partida de guantes eran de mala calidad. De la misma cuenta de la empresa malaya salieron también otros seis millones —la mitad del total— a las cuentas de Medina y Luceño en concepto de comisiones.
Cuando al Ayuntamiento le preguntó por estas cantidades, dijo no saber nada de unas comisiones. Se justificaron en que el Consistorio pagó la cantidad que les dijeron que costaba el material. “Este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado o a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha tramitado la mercancía hasta nuestro país”, dijo la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios en una solicitud de información cursada por Anticorrupción en diciembre de 2020. En ese momento, las pesquisas llevaban un mes en marcha.
Esta fue la única vez que el Consistorio hizo negocios con esta persona. Fueron apenas tres contratos dentro de las 60 compras de material sanitario realizadas durante la pandemia. La sede de la empresa Leno (M) SDN BHD está en la calle Jalan Teknologi 3/9, a una media hora en coche de la capital, Kuala Lumpur. Es una zona de oficinas y restaurantes aparentemente tranquila. También figura un número de teléfono malasio en el que responde una mujer. Cuando se le pregunta desde España por San Chin Choon, facilita una dirección de correo electrónico de la empresa.
En uno de los escritos remitidos por la empresa municipal que gestionó los pagos a Leno se dice que no ha sido posible localizarle para que les remita documentación valiosa para el caso. “Se ha intentado contactar con dicho proveedor para que remitiera la factura definitiva, lo cual no ha sido posible”, trasladó por escrito el director comercial y financiero de Servicios Funerarios y Cementerios a la Fiscalía el 5 de febrero de 2021. El rastro de San Chin Choon se pierde en la causa. Su testimonio es relevante porque, entre otras cosas, su firma es parte de uno de los entramados de la investigación.
A Luis Medina y a Alberto Luceño se los acusa indiciariamente de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este último delito tiene que ver con la documentación que aportaron a sus respectivos cuando saltaron las alarmas tras ingresar en sus cuentas tales cantidades de dinero. Lo justificaron con una documentación que supuestamente los acreditaba como agentes exclusivos de Leno en Europa. La Fiscalía cree que esos documentos no son auténticos y que, además, falsificaron la firma de San Chin Choon.
La Fiscalía ha hecho múltiples intentos para poder recabar el testimonio de este empresario malayo. El fiscal Luis Rodríguez Sol ha chocado con el proceloso mundo de las comisiones rogatorias a países lejanos. Es el trámite judicial que hay que cumplimentar cuando se quiere recabar información en el extranjero por cauces reglados que permitan luego usarlo como prueba ante el juez. Rodríguez cursó por primera vez en mayo de 2021 la petición a las autoridades de Malasia de localizar e interrogar como testigo a Chin Choon. El 5 de noviembre, medio año después, desde el país asiático contestaron pidiendo más información antes de proceder.
El señor San Chin Choon no quiere cooperar. La Fiscalía malaya ha contestado a las autoridades españolas que no ha tenido éxito con el proveedor de origen de las mascarillas que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid a través de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. Según confirman fuentes del caso, el fiscal de Malasia ha informado de que se ha negado a colaborar de forma voluntaria y no puede, por tanto, tomarle declaración.