El PSOE impone la sanción máxima a su diputado Odón Elorza por el caso Arnaldo

La dirección del grupo parlamentario socialista ha resuelto el expediente abierto contra el diputado Odón Elorza por romper la disciplina de voto en la polémica designación de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional con una multa de 600 euros. Se trata de la sanción máxima recogida en el reglamento interno del PSOE y, según ha podido saber este diario, es firme tras desestimar las alegaciones presentadas por el diputado vasco, quien ha renunciado a recurrir la decisión. El exalcalde de San Sebastián, que declaró votar en conciencia al considerar que Arnaldo no reunía las condiciones mínimas para ejercer con imparcialidad el mandato para el que se le designó en el tribunal, se mantiene firme en su convicción: "No me arrepiento de nada".

La votación secreta y telemática del magistrado del Constitucional el pasado mes de noviembre, pactada entre PSOE, PP y Unidas Podemos, salió adelante con 232 votos. Once menos de los que suman estos tres grupos parlamentarios. Elorza no fue, por tanto, el único en romper la disciplina de voto, pero sí el único que lo hizo público. El reglamento de los socialistas precisa que "se podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando esta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente". Este diario pudo confirmar entonces que la diputada de Unidas Podemos y miembro de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, tampoco escribió el nombre de Arnaldo en la papeleta que incluía otros tres candidatos para la renovación de un tercio del TC alegando motivos de "conciencia". Otros compañeros de filas reconocieron haberse plegado a la disciplina de voto "con la nariz tapada".

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Además de Elorza y Elizo, el exministro José Luis Ábalos votó en blanco y Mariano Sánchez, diputado por Badajoz, nulo. Ambos lo atribuyeron a un error. Una explicación que respaldaron fuentes cercanas a la dirección del grupo, avanzando que no se emprenderían medidas disciplinarias contra ellos al tratarse de "equivocaciones", como así fue. El único sancionado por aquella polémica votación fue Elorza. En el caso de Podemos, la dirección no pudo constatar qué diputados no dieron su apoyo a Arnaldo al tratarse de una votación secreta. Al contrario que el grupo socialista, los morados no solicitaron a sus diputados que les remitiesen el certificado del voto telemático. El cuestionamiento público del magistrado anticipó el riesgo de que se produjesen fugas en las filas socialistas y moradas.

Como publicó este diario, el ya magistrado del TC a propuesta del PP simultaneó su cátedra de Derecho Constitucional y su trabajo como profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos con su labor de docente en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. Esta situación infringe la ley universitaria, que estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado.

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Elorza, en sus alegaciones al expediente, también hace hincapié en las "numerosas informaciones contrastadas sobre sus contrataciones extrañas y vinculadas a administraciones del PP". Asimismo, remarca "su extenso vínculo, con detalle, de colaboraciones permanentes con la Fundación FAES" o varios de los artículos publicados por el jurista que resultarían, en su opinión, "absolutamente sectarios en temas de gran relevancia, algunos pendientes de resolución por el TC". En su escrito, reconoce que, "con el conocimiento profundo que tenía del caso, por razones de conciencia y en cumplimiento de lo que considero las obligaciones de un diputado que cree en su función, opté por NO ESCRIBIR [sic] el nombre del Sr. Arnaldo en la papeleta de la votación telemática".

Tras esta exposición, el diputado socialista avanza: "Aceptaré con toda naturalidad la sanción que me impongáis y pido disculpas a la dirección del Grupo Socialista y a mis compañeras y compañeros diputados del PSOE por el perjuicio que mi sentido de voto les pudiera haber causado". No es el primer expediente que se falla contra él. En 2016, Elorza ya recibió una sanción junto a otros 14 diputados díscolos que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy entonando el 'no es no'.

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Los estatutos a los que hace referencia el reglamento recogen en el artículo correspondiente a la disciplina parlamentaria que "si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrán denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, este tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar". Un extremo al que nunca se ha llegado y que ahora tampoco se ha contemplado.

Desde el Gobierno, salieron al paso de la polémica reconociendo que no les gustaba el perfil de Arnaldo, pero sin hacerse cargo de su elección al tratarse de un candidato propuesto por el PP. Todo ello, a pesar de que los cuatro nuevos magistrados del TC (Ramón Sáez, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán, además de Arnaldo) fueron consensuados por socialistas y populares.

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El portavoz de Unidas Podemos encargado de defender la posición de su grupo, Antón Gómez Reino, se justificó con que "nuestro voto nunca es a favor de Enrique Arnaldo o Concepción Espejel", los dos nombres sugeridos por los populares, sino "para acabar con el secuestro a que el PP ha sometido los órganos constitucionales y defender nuestra democracia de aquellos que solo la quieren desestabilizar". En esta línea, concluyó: "No podíamos permitir que el PP siguiese con el secuestro" de estas instituciones.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió al paso de la polémica reconociendo que no le gustaban "algunos candidatos" propuestos por el PP. Sin embargo, defendía la necesidad de "salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales". La actualización parcial del alto tribunal, así como del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, se concibe como la estación de paso para desbloquear las negociaciones para el CGPJ. El Gobierno partía de la premisa de que primero se procediese a la renovación del órgano, según la legislación vigente, mientras se buscaban "vías de encuentro" con el PP para asegurar una mayor independencia judicial. Cinco meses después, la renovación del órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueada.