Los socios de Sánchez temen una reforma laboral "descafeinada" y dejan su apoyo en el aire

El Gobierno ha acelerado la mesa de negociación sobre la reforma laboral con reuniones diarias con los agentes sociales. El objetivo es tanto cumplir el calendario comprometido con Bruselas, del que dependen los fondos de recuperación, como intentar que no se descuelgue la CEOE del acuerdo, para lo que se están suavizando las propuestas sobre los límites a la temporalidad en las empresas. Una letra que comienza generar recelos entre parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Principalmente, entre ERC y EH Bildu, que temen una reforma "descafeinada". Fuentes de la dirección de ambos grupos reprochan que no se les esté trasladando información sobre los borradores que maneja el Ejecutivo, y que en las conversaciones mantenidas hasta ahora solo se les ha informado del calendario, tiempos en la tramitación y cuestiones técnicas, sin entrar al contenido. A pesar de ello, alertan de que lo que van conociendo a través de los agentes sociales y los medios de comunicación les parece "insuficiente".

El PNV sí está siendo informado puntualmente, según fuentes de los nacionalistas vascos en el Congreso, y esta semana su portavoz, Aitor Esteban, se reunirá con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar los avances en la mesa de negociación sobre la reforma laboral y trasladar sus reivindicaciones. El Gobierno quiere preservar a los 'jeltzales' como socios prioritarios, tras amagar con descolgarse de los presupuestos al quedarse desdibujados frente a EH Bildu, tanto para la reforma laboral como para el resto de reformas económicas pendientes. El PNV también dio avisos de que podría votar en contra del proyecto si se tramitaba vía decreto sin negociar previamente con ellos. Las propuestas que han trasladado desde ERC, en cambio, no han tenido ningún tipo de respuesta, según indican los republicanos.

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Yolanda Díaz ya inauguró con el PNV su ronda de contactos tras acceder a la vicepresidencia, reuniéndose en Sabin Etxea con el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Entonces se trajo bajo el brazo la predisposición de los nacionalistas para modificar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral", al trasladarles que no habría una contrarreforma dura, sino más cercana a la que ya había esbozado su antecesora en el cargo, Magdalena Valerio. Una propuesta que no se consumó al decaer la legislatura en 2019 y que se había negociado con PNV y PDeCAT en los meses previos a la convocatoria electoral.

A la complejidad de lograr un acuerdo a tres en la reforma laboral, haciendo coincidir al Gobierno con sindicatos y empresarios, se añade la dificultad de atar una mayoría parlamentaria. Al menos con los socios habituales. Si bien ninguna formación quiere anticipar su posición hasta conocer el resultado final de las negociaciones, los soberanistas que apoyaron la investidura y los presupuestos muestran un creciente pesimismo sobre la posibilidad de que la reforma laboral vaya a cumplir sus expectativas, más allá de que no habrá una derogación íntegra. El concepto es una expresión más política que jurídica y, finalmente, todo apunta a que se optará por una reforma laboral blanda para buscar el acuerdo con los empresarios. Eso sí, ajustada al programa de coalición, según remarcan desde Unidas Podemos.

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Las concesiones que se estarían realizando en materia de temporalidad en términos generales, no solo con las excepciones en los sectores del turismo, la construcción y la agricultura, dibujan un resultado, según ERC, "totalmente insuficiente bajo nuestro punto de vista". Y subrayan como punto de inflexión la incorporación a la mesa de negociación de los ministerios económicos dirigidos por los socialistas. Desde EH Bildu, añaden que todo apunta a una derogación parcial que se quedará corta.

"Hay que ir más allá de lo que vamos conociendo a través de los medios. No nos vale con atajar la temporalidad", aducen fuentes parlamentarias, para enumerar que "se debe recuperar la prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa, la ultraactividad indefinida, la autorización laboral para los ERE y las indemnizaciones por despido previas a la reforma laboral". Sobre este último punto, el Gobierno ya decidió desde los inicios sacarlo de la mesa de negociación. La pretensión de Trabajo no es tanto recuperar las indemnizaciones que redujo la reforma del PP de 2012, sino poner más el foco en "materia salarial, la temporalidad y la precariedad".

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La pretensión del Gobierno de sumar a la patronal supondría un consenso que reforzaría el carácter estructural de la reforma laboral, blindando su continuidad en el tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo alejaría el apoyo de los 18 diputados que suman ERC y EH Bildu en el Congreso. Una disyuntiva que no niegan desde estas formaciones, restando importancia a que no haya acuerdo con la CEOE, como ya no lo hubo con la última subida del salario mínimo a 965 euros el pasado mes de septiembre. "Lo que nos preocupa es que se utilice la mesa de diálogo social como mecanismo de veto de la patronal para evitar avances necesarios y rebajar el alcance de la reforma laboral", explican.

Frente a ello, aseguran que "a día de hoy existe una mayoría sindical, social y política suficiente para derogar la reforma laboral, y el Gobierno debe aprovechar la oportunidad para hacer cambios de calado sin sucumbir a las presiones de la patronal". En esta línea, advierten de que "si deciden hacer una reforma descafeinada que se quede corta y no dé respuesta a las demandas de la mayoría y las fuerzas de izquierdas, si rebajan el alcance de la derogación de la reforma laboral para obtener el beneplácito de la CEOE, puede que pierdan las elecciones y el apoyo de los grupos de izquierdas".

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Los equilibrios para la reforma laboral son múltiples y la publicación del decreto en el BOE no será el final del camino, pues posteriormente deberá convalidarse en el Congreso. De aprobarse en un Consejo de Ministros a final de año, no llegaría a la Cámara Baja hasta el mes de febrero si se sigue el calendario ordinario. No se descarta convocar un pleno extraordinario antes, pero dadas las posiciones que anticipan ya algunos de sus socios, las negociaciones serán arduas con los grupos parlamentarios. Se da por hecho que, de convalidarse, se tramitaría como proyecto de ley para introducir cambios y se corre así el riesgo de que estos desvirtúen el hito comprometido en el plan de recuperación. La Comisión Europea monitorizará periódicamente las reformas acordadas para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.

El Gobierno ha asfaltado con los presupuestos el camino para llegar al final de la legislatura, pero el viaje hasta el último trimestre de 2023 estará lleno de curvas peligrosas, comenzando con la reforma laboral. Más allá de esta, de cara al próximo año, hay medidas comprometidas en el plan de recuperación que anticipan una fuerte resistencia parlamentaria, como los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel. El segundo paquete de la reforma de las pensiones es otro de los que anticipan dificultades.