Trabajo mantiene los plazos para la reforma laboral y confía en un acuerdo con la CEOE

La reforma laboral se aprobará antes del 31 de diciembre. El plazo comprometido con la Comisión Europea es inamovible, a pesar de la falta de acuerdo por el momento con los agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a insistir este viernes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, que la norma estará aprobada y publicada en el BOE antes de final de año. "Vamos a cumplir el plazo", ha subrayado.

Las negociaciones se están acelerando durante las últimas semanas, multiplicándose las reuniones con los agentes sociales. Desde el Ministerio de Trabajo trasladan un mayor optimismo que en los días previos. Aunque sin garantizar que finalmente habrá acuerdo con todas las partes, sí avanzan que el curso de las negociaciones se ha encauzado. "Estamos culminando las tareas", se ha limitado a explicar la vicepresidenta segunda, evitando entrar en los contenidos que están frenando el acuerdo para evitar enturbiar las conversaciones. Desde su entorno resaltan que el acuerdo está cerca.

El principal escollo sobre la mesa se centra en la temporalidad. Por el momento se ha logrado avanzar con algunos de los sectores que se verían más afectados por la reducción de este tipo de contratos, como el turismo, pero no con el sector agrícola. En un primer momento, se defendió limitar los contratos temporales al 15% del total de la plantilla. Una cifra que no era asumible por la CEOE. Desde el Gobierno se propuso establecer porcentajes diferentes según los sectores. El objetivo pasa por garantizar fórmulas para reducir la temporalidad, generando estabilidad laboral, pero que al mismo tiempo "permitan la estacionalidad en el empleo".

La vicepresidenta segunda ya trataba de rebajar las tensiones con la patronal este martes al asegurar que su ministerio priorizaría el acuerdo "sobre todas las cosas". En unas declaraciones en la ceremonia de entrega de los Premios Influentials que concede anualmente El Confidencial, Díaz remarcó su intención de cerrar un acuerdo tripartito para que la nueva reforma laboral tenga mayor respaldo que la del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2012, de la que se descolgaron los sindicatos. "Estamos teniendo dos reuniones semanales de larguísimas horas, lo que indica que los agentes sociales están comprometidos con nuestro país".

El acuerdo con los agentes sociales no es un requisito en las reformas comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación. Sin embargo, sí lo es el diálogo social y, en este sentido, la vicepresidenta segunda viene asegurando que se está produciendo un diálogo social de "manual". El componente sobre la reforma laboral remitido a la Comisión Europea en el plan de recuperación, la ficha 23, se compromete a "abordar" los cambios "buscando el mayor nivel de consenso" sobre estos cambios normativos. Otra cuestión es que la presencia en la mesa de negociación de otros ministerios socialistas reequilibre las posiciones sobre el contenido para intentar contentar a todas las partes, después de atribuírsele a Díaz un mayor alineamiento con los sindicatos.

El Gobierno está centrando todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral. Tras amarrar los apoyos para asegurar los presupuestos de 2022 y aprobar el primer paquete de la reforma de las pensiones, este es el siguiente objetivo marcado en rojo por el Ejecutivo. La prioridad pasa por cumplir los hitos comprometidos con Bruselas y asegurar así los fondos de recuperación que están condicionados a la aprobación de esta serie de reformas.

La Comisión Europea monitorizará periódicamente las reformas comprometidas para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026. Bruselas exigirá como comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las reformas. Para la reforma laboral, el plazo comprometido es final de 2021, por lo que la intención es aprobarla con o sin acuerdo en la mesa de diálogo social.

Los presupuestos de 2022 aseguran al Gobierno de Pedro Sánchez estirar la legislatura hasta 2023, pero antes deberá aprobar medidas del plan de recuperación que no solo encuentran resistencias en los agentes sociales, sino también en sus socios parlamentarios y hasta el socio minoritario de la coalición. Los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel son algunas de ellas. El segundo paquete de la reforma de las pensiones es otro de los que anticipa dificultades.