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Calviño se hace con el control de la reforma laboral y pilotará los nuevos ERTE
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Nuevos roles en la negociación

Calviño se hace con el control de la reforma laboral y pilotará los nuevos ERTE

El Ministerio de Economía desplaza a Trabajo y dirigirá el nuevo mecanismo que va a requerir de la activación por parte del Consejo de Ministros. Es una mano tendida a la CEOE para sumarse al acuerdo

Foto: Sánchez, Calviño y Díaz, en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Sánchez, Calviño y Díaz, en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Golpe sobre la mesa de Nadia Calviño en la mesa de diálogo social que debate la futura reforma laboral. Tras la intervención de Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera en la negociación que hasta ahora había llevado Yolanda Díaz, el último borrador del Gobierno introduce cambios importantes que dan un peso preponderante a la ministra de Economía en los futuros ERTE. Los actuales se quedan como están. En concreto, en lo que se refiere al nuevo mecanismo de flexibilidad, será el ministerio de Calviño quien decidirá qué empresas y bajo qué circunstancias podrán acogerse a esta herramienta de flexibilidad interna. De acuerdo con el contenido del texto, al que ha tenido acceso El Confidencial y que ha adelantado 'La Información', el denominado "Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo" lo pilotará Calviño y supone un intento de atraer a la CEOE al pacto final. En Trabajo asumen su nuevo rol y consideran normal que Calviño pilote esos futuros ERTE.

El nuevo borrador de 27 páginas, que se debatirá este miércoles en la mesa con la patronal y los sindicatos, introduce un nuevo artículo en el Estatuto de los Trabajadores que "permitirá a las empresas solicitar a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos de trabajo", con "condiciones especiales" de beneficios en materia de cotización a la Seguridad Social y protección social de los afectados. Este mecanismo está preparado para futuras crisis y requerirá la autorización previa del Consejo de Ministros a propuesta, por este orden, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside precisamente Calviño. Es decir, la vicepresidenta primera tendrá un papel fundamental en esta nueva etapa. Como Economía tiene todos los datos de coyuntura económica será el ministerio quien pilote la decisión.

Foto: Pedro Sánchez y Nadia Calviño. (EFE)

Antes de llevar a Consejo de Ministros la "activación" de los nuevos ERTE, con informe preliminar de la citada CDGAE, "resultará imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal", añade el borrador que se va a debatir. Calviño, además, tendrá un peso mayor que el resto de ministerios, ya que Economía "podrá establecer parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores que determinen la presunción de las causas de activación" de los citados RED. Hasta ahora, los ERTE seguían otro proceso: las empresas presentaban sus solicitudes ante la autoridad laboral y no había participación de las autoridades gubernamentales.

En otras palabras, la vicepresidencia primera de Nadia Calviño determinará quién podrá recurrir a los nuevos ERTE y en qué condiciones se concederán. Las empresas, solo una vez publicado el acuerdo del Consejo de Ministros, podrán solicitar ante la autoridad laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral o la suspensión de los contratos de los trabajadores. Mandará el Gobierno, Economía en concreto, y estará todo tasado. Los actuales ERTE, insisten desde el Gobierno, continuarán como hasta ahora.

Foto: Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. (EFE)

El documento ha sido pactado en la reunión gubernamental celebrada este martes, festivo en la capital, y en él también se recogen las causas para acogerse a este nuevo mecanismo de flexibilidad. Habrá causas estructurales, en el caso de que el mantenimiento de las plantillas pueda generar pérdidas de competitividad. En ese caso, las empresas tendrán que activar un plan de formación para poder beneficiarse de las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Creación de un fondo público

Se creará, además, un fondo público ("Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo") adscrito a Trabajo "con la finalidad de atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y estructural del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación". El objetivo es financiar procesos de recolocación de trabajadores en empresas en riesgo de desaparición. El mecanismo ideado es el siguiente: las compañías tendrán que abonar al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación. En caso de despido por causas no atribuibles al trabajador en la empresa receptora, el citado Fogasa le abonará una indemnización de importe equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido en caso de haber sido despedido en la empresa de origen.

Foto: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. (EFE)

La recolocación en otra compañía ajena al grupo empresarial tiene que ser aceptada voluntariamente por el trabajador, se puede leer en el borrador en discusión. En caso de recolocarse en otra empresa, el trabajador suscribirá un contrato sin antigüedad y con nuevas condiciones. Pero si la recolocación es en el mismo holding habrá una subrogación del contrato. Si rechaza el nuevo puesto mantendría su contrato y condiciones y podría seguir trabajando en la compañía si continúa siendo viable. Si no hay posibilidad de recolocación en ninguna empresas el despido sería colectivo o por causas objetivas.

Además, las empresas que contraten a trabajadores afectados por estos procesos con contratos indefinidos o fijos-discontinuos tendrán derecho a la aplicación de una bonificación de cuotas a la Seguridad Social del 50% en la aportación empresarial por contingencias comunes durante un periodo de seis meses.

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