La prórroga de los ERTE y el cese hasta febrero tendrá un coste de casi 3.000 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de los ERTE y del cese de actividad de los autónomos durante cinco meses más, hasta el 28 de febrero de 2022. Se trata de la quinta prórroga del esquema de protección de rentas, todas ellas con consenso unánime de patronal y sindicatos. Según las estimaciones del Gobierno, esta extensión tendrá un coste de casi 3.000 millones de euros para las cuentas públicas, cifra que se sumará a los 21.000 millones gastados por la Seguridad Social y lso 17.000 millones del Ministerio de Trabajo.

Estas nuevas estimaciones están sujetas a una "una incertidumbre adicional" a las anteriores, ha explicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya que la renovación de los ERTE no será automática, sino que esta vez las empresas tienen que volver a solicitar la prestación. Esto aumenta el grado de incertidumbre sobre cuántos expedientes se mantendrán a partir de noviembre. Además, el Gobierno ha introducido importantes ayudas para las empresas que realicen planes formativos con sus trabajadores en ERTE, en concreto, estos empleadores tendrán una exoneración en las cuotas sociales del 80% que, de lo contrario, serán solo del 40%.

TE PUEDE INTERESAR

El experimento de los ERTE o cómo Europa le ganó la partida a Estados Unidos por una vez

Javier G. Jorrín

Estos dos factores aumentan el riesgo de que la realidad termine desviándose de esa estimación. En cualquier caso, el Gobierno asume ya que el coste de esta nueva prórroga para las arcas públicas superará los 2.500 millones de euros. En concreto, el gasto previsto para la Seguridad Social asciende a 1.200 millones de euros. Esta cifra incluye el pago de las prestaciones excepcionales a los autónomos con el cese de actividad, así como las exoneraciones de cuotas a empresas y autónomos.

A esta cifra del coste de los ERTE para la Seguridad Social, hay que sumarle el gasto asumido por el SEPE para pagar las prestaciones de los ERTE, que son financiadas por el Ministerio de Trabajo. Según sus estimaciones, la prórroga hasta febrero sumará un coste de 1.500 millones de euros. La última nómina del SEPE disponible, correspondiente al mes de agosto, ascendía a casi 400 millones de euros. Esto significa que, aunque se vaya reduciendo el coste paulatinamente, el Ministerio todavía estima que un porcentaje elevado de trabajadores seguirán protegidos por estos expedientes

TE PUEDE INTERESAR

El 'efecto reapertura' se disipa: los indicadores anticipan una ralentización en otoño

Javier G. Jorrín

Esto significa que, en total, el gasto público asumido con esta prolongación de los esquemas de protección de empleo se quedará cerca de los 3.000 millones de euros. La cifra final dependerá también de la evolución de la economía y de cuántos de estos trabajadores en ERTE puedan reincorporarse a su empleo en los próximos meses. De esta forma, la partida total destinada a los ERTE y el cese de actividad de los autónomos superará los 40.000 millones de euros al final de la crisis.

Esta quinta prórroga de los ERTE podría ser la última. El Gobierno quiere tener lista antes de que acabe el año la reforma laboral que incluirá el diseño de los nuevos ERTE estructurales a los que podrían acogerse las empresas a partir del mes de marzo. Eso sí, todo estará sujeto a la evolución de la economía y de la pandemia, ya que podría ser necesaria una nueva prórroga de este esquema de protección de rentas si finalmente la situación no mejora dentro de medio año.

La vicepresidenta Díaz ha señalado en la rueda de prensa que el Gobierno está negociando con los agentes sociales cómo será ese diseño de los futuros ERTE. "Ya sabemos que vamos a incorporar los ERTE como fórmula de mecanismo interno" de ajuste de la carga de trabajo, ha explicado Díaz, pero ahora "tenemos que saber cómo se tienen que financiar". Esa es la gran incógnita, ya que no puede ser que el Estado vaya a asumir a partir de ahora el coste de todas las crisis económicas y empresariales. Lo que sí ha dejado claro la vicepresidenta es que se va a poner la "condición de la formación" en estos esquemas de protección de rentas para que, a cambio de algunas ayudas públicas, los trabajadores se recualifiquen mientras estén sin trabajar.