Trabajo propone un contrato temporal de tres meses para acercar posturas con CEOE

El Gobierno ha dado este miércoles un importante paso adelante en la negociación de la reforma laboral eliminando su propuesta para atajar la temporalidad que suponía el mayor punto de conflicto con la CEOE. En la reunión celebrada a lo largo de la mañana, el Ministerio de Trabajo, en coordinación con Economía y Seguridad Social, ha eliminado la propuesta inicial de fijar un límite de temporalidad del 15% en las empresas y la supresión de prácticamente la totalidad de contratos temporales vigentes actualmentes. En su lugar, plantea la creación de un nuevo contrato temporal que aglutine a los más utilizados actualmente (obra y servicio, pico de producción y sustitución) en uno solo que tenga una duración máxima de tres meses.

De esta forma, la legislación daría una salida a las empresas que utilizan este tipo de contratos temporales para cubrir las temporadas que tienen mayor demanda. Eso sí, la propuesta del Gobierno incorpora también una limitación al tipo de contratos que puede hacer cada empresa en función de su tamaño. Según el documento con la propuesta, las empresas de menos de 5 trabajadores podrían contratar a uno como temporal; las que tienen entre 6 y 10 podrían tener a 2; a las que tienen hasta 30 podrán incorporar a 3, y así sucesivamente. En el caso de las grandes, de más de 500 trabajadores, sólo podrían tener a un máximo del 4% de la plantilla con este contrato temporal.

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Sólo podrían realizarse este tipo de contratos en las actividades ocasionales y el límite de la temporalidad sería más flexible en el sector de la agricultura, que tiene un carácter muy estacional y una temporalidad muy elevada. En concreto, podrán superar en un 50% estos límites de temporalidad en la plantilla. UGT ha explicado, a la salida de la reunión, que el Gobierno ha recogido la denominación propuesta por el sindicato: contrato por circunstancias de la producción y contrato de sustitución de la persona trabajadora.

Para compensar el mantenimiento de la contratación temporal, el Gobierno ha propuesto elevar las cotizaciones sociales para las empresas que firman contratos de cinco días a sus trabajadores para no pagarles el fin de semana. La propuesta del ministerio consiste en introducir como penalización una cotización social adicional de 26 euros por cada contrato temporal destruido. Actualmente los contratos de menos de cinco días de duración ya cuentan con un recargo del 40% en las cotizaciones sociales, de modo que sería una penalización adicional para evitar el fraude de los contratos de unos pocos días.

En cualquier caso, aunque Trabajo se ha abierto a mantener esta 'válvula de escape' para las empresas a través de la temporalidad, su propuesta estrella sigue siendo la potenciación del contrato fijo discontinuo para cubrir las actividades estacionales, incluida la hostelería o la construcción. Aunque la redacción de esta propuesta no ha cambiado respecto a las anteriores, se mantiene como la opción prioritaria para el Ejecutivo, ya que permitiría encajar las actividades temporales en los contratos indefinidos. Este tipo de empleo supone que los trabajadores se incorporarán a su empresa durante los picos de actividad y volverán a cobrar una prestación pública cuando se termine cada temporada, donde permanecen hasta la siguiente temporada, en la que se vuelven a incorporar a la misma empresa.

Con esta nueva propuesta, el Gobierno quiere acercar posturas con la patronal, que había sido muy crítica con la propuesta de poner un tope fijo a la temporalidad en el 15%. Además, después del fracaso en la negociación de la reforma de las pensiones, que salió del diálogo social sólo con el apoyo de los sindicatos, el Ejecutivo quiere recuperar el espíritu de consenso logrado en los últimos dos años. La patronal y los sindicatos estudiarán el nuevo texto en los próximos días y volverán a reunirse el viernes para responder al Gobierno y presentar sus propuestas.

Sin propuesta de ERTE

El Ejecutivo también ha introducido modificaciones de plazos en los nuevos contratos formativos que se están negociando, tanto el de formación en alternancia como el de práctica profesional. En concreto, la nueva propuesta en la primera de las modalidades se podrán realizar contratos de entre tres meses y dos años y, en la segunda, de entre seis meses a un año. Además, se homogeneiza el periodo de prueba para ambas modalidades y se limita a un mes. Gobierno, sindicatos y patronal seguirán negociando las franjas de edad en las que se puede acceder a este tipo de contratos y la posibilidad de que este tipo de empleo sea a tiempo parcial.

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"El Gobierno ha entregado el documento con todas las propuestas que hemos estado viendo a lo largo de todo el tiempo de negociación", ha explicado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO a la salida del encuentro. "En algunas hay modificaciones que tenemos que analizar, pero las que están propiamente relacionadas con la reforma laboral [ultraactividad, subcontratación, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y prevalencia del convenio sectorial] no hay cambios, pero en contratación hay algunas cuestiones que han introducido", ha remarcado.

Otro de los cambios importantes del Gobierno en esta reunión ha sido la retirdada de la propuesta de ERTE que generó un importante choque la semana pasada con sindicatos y patronal. Esos futuros expedientes de regulación de empleo temporal se han caído ya de las negociaciones y el Gobierno se ha comprometido a enviar otra propuesta que se aproxime más al texto comprometido con la Comisión Europera en el marco del Programa de Recuperación.

El Gobierno sí ha incorporado la exigencia de los sindicatos de que toda empresa que tenga una exoneración de cuotas a la Seguridad Social en un ERTE tendrá que aceptar una cláusula de mantenimiento del empleo similar a la que ha existido durante los ERTE del covid.